"Él sabe dónde vivo": Rosalinda teme que uno de los responsables de asesinato de sus hijos se fugue
Andro Aguilar · 14 de febrero de 2026
Desde que dos de sus hijos fueron asesinados, Rosalinda Ávalos ha logrado que nueve personas sean detenidas —incluidos cuatro policías—, de las cuales seis ya fueron declaradas culpables. Uno de ellos permanece bajo la medida de resguardo domiciliario, por lo que Ávalos teme que —ante la posibilidad de recibir una condena que podría superar los 40 años de prisión— esa persona se dé a la fuga.
La madre de familia y policía de investigación en San Luis Potosí ganó un amparo contra la medida que permite que la persona implicada esté en su vivienda, pero la sentencia no ha sido ejecutada y este lunes 16 de febrero está programada una audiencia en la que se informará cuántos años deberá pasar en prisión.
“El lunes que venga yo a audiencia de la individualización de la pena y que le digan ‘50 años’ y que yo todavía no tenga esa ejecutoria de amparo que acate lo que ordenó ese juez de distrito, él se va a ir otra vez a su casa. Imagínese, ahorita ya sabe que es sentenciado. El lunes regresa a su casa y sabe que tiene una pena de… 40 años… ¿Usted cree que se va a esperar”, advierte la señora Rosalinda en entrevista.
Mediante el juicio de amparo 369/2025-III, un juez federal determinó que fue incorrecta la decisión anterior que permitió que la persona procesada saliera de la cárcel para irse a resguardo domiciliario.
El juez federal señaló que el tribunal local no revisó bien el caso y que no sustentó por qué el acusado ya no representaba un riesgo de fuga o de peligro para la víctima, más allá de decir que tuvo “buena conducta” en prisión.
La sentencia de amparo advierte que no se escucharon ni respondieron de forma adecuada las advertencias de Rosalinda Ávalos sobre su seguridad.
A pesar de que el imputado promovió un recurso de revisión, el Tribunal Colegiado Noveno de Circuito confirmó el 6 de febrero que Rosalinda Ávalos tiene razón, por lo que la madre de familia solicita que la Primera Sala Penal en San Luis Potosí ejecute el fallo y emita una nueva decisión. La víctima pide celeridad.
Cinco años en la búsqueda de justicia
El 11 de septiembre de 2020, la policía ministerial Rosalinda Ávalos vio a dos de sus compañeros en un vehículo robado. Siguió pistas y descubrió una red de encubrimiento y corrupción policiaca.
A partir de ahí recibió amenazas y, aunque lo notificó a sus superiores, no recibió protección. Dos meses después, el 11 de noviembre, recibió una llamada de su hija Yajaira. La joven le informó que sobrevivió a un ataque por parte de hombres armados, pero sus dos hermanos Daniela Violette, de 18 años, y Carlos Osiel, de 20, fallecieron.
El caso de Rosalinda Ávalos atrajo la atención cuando ella irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para advertir que Sabas Santiago Ipiña, uno de los presuntos implicados en los asesinatos de dos de sus hijos, era candidato a juez en la primera elección judicial.
En octubre de 2025, un juez federal ordenó a la Fiscalía y a la Comisión de Víctimas de San Luis Potosí que otorgaran a Rosalinda Ávalos y a su hija Yajaira “medidas de protección inmediata” y permanente, luego de que el excandidato a juez que ella denunció en el Congreso interpuso una denuncia contra ella y que los testigos en su contra son presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Él me conoce, me ha visto”
Rosalinda Ávalos enfatiza que hay un riesgo latente de que la persona que está resguardada en su domicilio se fugue. “¿Tú crees que se va a esperar a compurgar los 50 años si está con toda la libertad de poderse sustraer ahorita?”, insiste.
Y advierte sobre riesgos para su propia integridad y la de su familia.
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“¿Contra quién se va a ir él? Sabe mi casa. Ya es sentenciado, se le acreditó su responsabilidad. Él fue a mi domicilio con los demás involucrados, les entregó las armas a los dos que dispararon. Él sabe dónde vivo, sabe dónde, cómo es mi hija. Sabe dónde estamos porque nos ha visto. Y me conoce perfectamente porque me ha visto en todas las audiencias, ha visto a mi hija, mi hija declaró. La tuvo a la vista. Entonces hay un riesgo aparte”.
El pasado jueves 12 de febrero, un fiscal investigador de la Unidad Especial de Homicidios en San Luis Potosí pidió que se acentúe la vigilancia de la persona procesada.
En un oficio dirigido al titular de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, Rosalio Ramos García, se argumenta que la sentencia mínima esperada es de 50 años de prisión, por lo que se solicita que se intensifique la vigilancia y se cerciore en todo momento de que la persona procesada se encuentra dentro de su domicilio.