La suspensión del programa USAID pone en riesgo proyectos en México por 200 millones de dólares
Marcela Nochebuena · 21 de febrero de 2025
Entre 2020 y 2024, la cooperación de Estados Unidos a México ascendió a más de mil 30 millones de dólares a través de los financiamientos de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esa es la dimensión de la asistencia que está en riesgo para diversas iniciativas en México, alerta el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi).
Entre otros proyectos que recibían este tipo de financiamientos, como organizaciones con agendas de género y LGBTTTI+, están también actividades de fortalecimiento del estado de derecho y combate al crimen, desarrollo de la capacidad de las instituciones de seguridad y justicia, apoyo a esfuerzos de instituciones mexicanas para hacer frente al fenómeno de las desapariciones; asistencia para derechos humanos, periodistas y defensores, y apoyo al desarrollo económico.
Pese a ello, el 26 de enero pasado el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que puso en pausa la totalidad de los financiamientos de la USAID en el marco de la agenda ‘America First’, para llevar a cabo una revisión, según él, y asegurar que todos los programas de asistencia sean eficientes y congruentes con la política exterior estadounidense.
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La supresión de estos recursos, apunta el Centro, podría socavar el enfoque de la administración Trump en materia de migración, pues al mismo tiempo debilita esfuerzos para causas fundamentales en temas migratorios. Esto se enmarca en un contexto en el que a nivel global, Estados Unidos aporta el 47 % de la ayuda humanitaria al mundo.
De acuerdo con un análisis de Cemefi, basado en la transparencia de asistencia internacional del gobierno de Estados Unidos, en el año fiscal 2020 la cooperación a México ascendió a más de 275 millones de dólares, mientras que en el 2021 fue de 176, en el 2022 volvió a ascender a 234 mdd y en el 2023 alcanzó más de 232 millones. En tanto, en lo que va del año fiscal 2024, sumaba más de 110 millones de dólares.
La página ForeignAssistance.gov detalla que entre los principales sectores que recibían financiamiento en México –el cuarto país de la región con más aportaciones– estaban el gobierno y la sociedad civil, servicios sociales y de infraestructura, respuesta de emergencia; conflicto, paz y seguridad; protección del medio ambiente, negocios y otros servicios, agricultura y educación, en ese orden.
El análisis de Cemefi destaca que entre 2018 y 2021 la asistencia a la región latinoamericana fue de entre mil 670 y mil 800 millones de dólares por año. Tan solo en el año fiscal 2023, ascendió a un total, para toda la región, de más de 2 mil millones de dólares.
El impacto de la suspensión de asistencia del USAID en México
Además del impacto económico, la pausa en la asistencia de USAID implica, según alerta el Centro, la posible ruptura de confianza con los participantes de los programas, la disrupción en el ecosistema de gobernanza, los impactos económicos y psicosociales de la falta generalizada de empleo, posibles regresiones políticas en los campos de democracia y gobernanza, riesgos derivados de la eliminación repentina de protecciones para personas que trabajan en entornos inseguros y particularmente en México, una afectación a los programas de derechos humanos, combate al crimen trasnacional y el fortalecimiento de la justicia.
Como ejemplo del impacto económico, Cemefi cita que en el año fiscal 2023 USAID destinó 72 millones de dólares a programas de gobernanza, derechos humanos, anticorrupción, participación de la sociedad civil y sector público en México, y para el año fiscal 2024 incluso se asignaron 125 millones de dólares para contrarrestar el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos, así como 70 millones para reducir la violencia contra las mujeres y niñas en Centroamérica.
Aunado a esto, el Centro advierte que con los financiamientos europeos podría ocurrir gradualmente lo mismo, pues los Países Bajos anunciaron que su ayuda se redujo en 2 mil 400 millones de euros, Alemania en 2 mil millones, y Francia en casi un 40 por ciento, mientras que Suiza y Bélgica tendrán reducciones similares.
Esto ocurre en un contexto en el que dentro de México, las aportaciones gubernamentales a organizaciones de la sociedad civil han venido disminuyendo desde 2019. Para 2023, en este se registraron 48 mil 035 organizaciones de la sociedad civil. Su trabajo implicó ingresos, donativos, transferencias o becas para 4 millones 282 mil hogares pertenecientes a los tres deciles más bajos.
Sin embargo, en 2022 solo el 0.02 % del presupuesto de egresos de la federación se destinó a contribuir con la labor de la sociedad civil, pese a que esta está reconocida legalmente como de interés público. Ese 0.02 %, además, está destinado mayormente a organizaciones creadas por el gobierno para realizar tareas públicas con otras figuras legales, es decir, no son ciudadanas.
Aunado a ello, en México el sector conformado por las organizaciones civiles es mucho más reducido que en otros países de la región, pues existen 492 organizaciones por cada millón de habitantes. En tanto, en Colombia ascienden a 5 mil 754 asociaciones por millón de habitantes, en Chile a 10 mil 983 y en Estados Unidos a 4 mil 114 por millón.
Entre las contribuciones históricas más importantes impulsadas por organizaciones de la sociedad civil están la reforma constitucional de derechos humanos, la de accesibilidad física y comunicacional, el matrimonio igualitario, el reconocimiento a la población afrodescendiente, los derechos laborales de trabajadoras del hogar, la educación inclusiva e inicial y la transparencia y acceso a la información pública.
A principios de febrero, Animal Político documentó cómo organizaciones como Casa Frida, Conexión Migrante e Impulso Trans se enfrentan a la incertidumbre en torno a los proyectos que realizan, luego de que el presidente Donald Trump ordenara la suspensión de asistencias al exterior que daba el gobierno de Estados Unidos.