Marcela Nochebuena · 18 de noviembre de 2026
La carga desproporcionada del trabajo de cuidados no remunerados sobre las mujeres incide de manera directa en sus proyectos de vida y condiciona el ejercicio efectivo de su autonomía reproductiva en México. Así lo enfatiza el informe Avalancha de cuidados: Lo invisible de nuestras decisiones reproductivas, elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
El estudio documenta cómo la división sexual del trabajo y la insuficiencia de servicios de cuidado perpetúan una concepción: que la posibilidad biológica de gestar, conlleva la obligación social de cuidar, lo que limita la capacidad de las mujeres para decidir de manera libre e informada si desean o no tener hijas o hijos, cuántos y en qué momento.
A partir de la crítica al mandato social que se resume en “si puedes gestar, entonces debes gestar; si gestas, entonces debes cuidar”, destacado en el informe y durante su reciente discusión en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, especialistas y representantes de organizaciones recordaron que el trabajo reproductivo comprende todas aquellas actividades indispensables para la subsistencia, el cuidado y el bienestar de las personas.

Estas incluyen la preparación de alimentos, la limpieza del hogar, la compra de insumos, el apoyo educativo, la atención a la salud y el acompañamiento afectivo. Pese a no ser retribuidas con un salario formal, esas actividades sostienen la vida social y el funcionamiento del sistema económico.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2024, el trabajo no remunerado de los hogares aportó 26.3% del producto interno bruto (PIB) nacional. Este volumen supera la contribución de sectores clave como el comercio al por menor en tiendas (18.7%) o la fabricación de equipo de transporte, prendas de vestir y electrodomésticos (20.1%).
El informe destaca que 71.2% del valor total generado por estas labores no pagadas fue provisto por mujeres. Esta distribución asimétrica se refleja con nitidez en el uso del tiempo. Además, la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 revela que las mujeres destinan un promedio semanal de 41.8 horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, tiempo equivalente a 5.2 jornadas laborales estándar.
Por otro lado, los varones dedican 20.2 horas semanales a estas mismas actividades, lo que corresponde a 2.5 jornadas de trabajo. En el ámbito del empleo remunerado, los hombres registran un promedio de 51.3 horas por semana (6.4 jornadas), frente a 42.2 horas semanales de las mujeres (5.2 jornadas).
A esta carga horaria directa se añade el fenómeno que la sociología ha llamado “doble presencia”: la simultaneidad de atender las exigencias del trabajo remunerado mientras se gestiona y planifica mentalmente la administración cotidiana del hogar y la atención de familiares. Esto fue documentado por Animal Político en la investigación Cuidadoras sin oportunidades.

El documento resalta, además, el impacto de los cuidados pasivos: mantenerse disponible y en estado de alerta constante ante posibles necesidades de dependientes mientras se realiza otra tarea. En el caso específico de las mujeres a cargo de infancias de 0 a 5 años, el tiempo dedicado a cuidados directos promedia 9.4 horas a la semana, pero la cifra casi se duplica hasta alcanzar las 18.6 horas semanales cuando se incorporan los cuidados pasivos.
Avalancha de cuidados también expone que socialmente persiste una confusión entre la capacidad de gestar, y el mandato de asumir la maternidad y los cuidados como una función inherente a las mujeres. Esta dinámica estructura una secuencia normativa que se sintetiza en la fórmula “si puedes gestar, entonces debes gestar; si gestas, entonces debes cuidar”.
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Cuando ese designio no se cuestiona ni se redistribuye a nivel estatal, comunitario y familiar, la acumulación progresiva de responsabilidades de supervivencia y crianza termina convirtiéndose en una “avalancha” que compromete las oportunidades educativas, laborales y personales.
Las consecuencias de ese entorno se manifiestan del mismo modo en los indicadores oficiales de fecundidad. Según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023, 31.1% de las mujeres de 15 a 49 años que estaban embarazadas reportó que no deseaba concebir o hubiera preferido esperar más tiempo. La falta de condiciones para ejercer la autonomía reproductiva vulnera el derecho a definir un proyecto de vida propio.
Durante el panel de análisis del informe, la investigadora Nathaly Llanes Díaz, adscrita al Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales (CEDUA) de El Colegio de México, explicó que en las disciplinas académicas los cuidados y las decisiones reproductivas suelen abordarse de forma aislada, lo que dificulta dimensionar cómo se influyen mutuamente.
Con base en una investigación cualitativa en alcaldías de la Ciudad de México, como Iztapalapa y La Magdalena Contreras, Llanes Díaz detalló que la carga de trabajo doméstico y de cuidado explica de modos diferenciados las intenciones reproductivas.
Cuidar, limpiar, cocinar y organizar las actividades también es trabajo, aunque no siempre se reconozca como tal.
Conoce “Avalancha de cuidados”
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En el caso de madres de un solo hijo, la negativa a buscar un segundo embarazo se asocia con frecuencia a la falta de corresponsabilidad de sus parejas masculinas o a situaciones de violencia de pareja, luego de haber sostenido la crianza únicamente mediante redes de apoyo de otras mujeres de la familia. En tanto, entre las mujeres sin hijas o hijos emerge una percepción anticipada de la sobrecarga.
“La autonomía reproductiva no se opone a los cuidados, pero depende de ellos. Sin una organización más justa, el derecho a decidir queda distribuido por clase, territorio, origen étnico y otras más categorías de desigualdad. Esto nos lleva a pensar en que la avalancha no arrastra con la misma intensidad a todas las mujeres”, puntualizó la académica.
Además, subrayó que la acumulación de tareas de cuidado obstaculiza de la misma manera el autocuidado y la atención preventiva de la salud sexual de las mujeres, como acudir a revisiones médicas, acceder a métodos anticonceptivos o procurar descanso personal, situación que documentó en albergues para población migrante en la frontera norte del país.
La discusión pública en torno a la reducción en la tasa global de fecundidad en nuestro país —que descendió a 1.2 hijos por mujer— debe analizarse bajo el principio de autonomía corporal y no mediante discursos de alarma demográfica, sostuvo Dosia Calderón, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México.
Remarcó que las personas jóvenes no renuncian a la crianza por desinterés, sino por la precarización en el empleo, la falta de seguridad social y las dificultades de acceso a vivienda digna. De acuerdo con el informe mundial del UNFPA, en México, 40 % de las personas encuestadas manifestó no haber cumplido sus aspiraciones reproductivas por condiciones precarias en sus ingresos y fuentes de trabajo.
“Mientras el cuidado siga siendo un trabajo feminizado y no remunerado, la verdadera autonomía reproductiva será inalcanzable. Decidir ser madre debe ser un acto libre, no una condena a la sobrecarga de trabajo, y por ende el no ejercicio de la autonomía reproductiva… El problema no es que las mujeres tengamos menos hijos, sino que no tenemos autonomía reproductiva”, remarcó.
También destacó la urgencia de acompañar a las mujeres en los espacios laborales con licencias adecuadas para situaciones específicas como la menstruación, la maternidad y la menopausia, así como superar las resistencias culturales de los varones para tomar licencias de paternidad de manera efectiva, pues muchas veces ocurre que existen y se conceden, pero en los hechos ellos siguen laborando.

En representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Rocío del Pilar Villarauz Martínez abordó los servicios institucionales con los que se busca redistribuir parcialmente las cargas que históricamente recaen en el ámbito doméstico.
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La institución opera 211 estancias de bienestar y desarrollo infantil, en las cuales se atiende a más de 21 mil niñeces desde los 60 días de nacidas hasta los 6 años, hijas e hijos de más de 14 mil madres y 4 mil 200 padres derechohabientes. Cuenta además con casas de día para personas adultas mayores, y licencias para madres y padres de menores con diagnósticos de cáncer.
En el ámbito de los derechos reproductivos, la funcionaria señaló que la dirección general del ISSSTE formalizó un acuerdo para garantizar la interrupción legal del embarazo (ILE) y elaboró una guía operativa institucional para el acceso al aborto seguro.
“Redistribuir el cuidado implica asumir responsabilidades institucionales, generar condiciones para que todas las personas puedan cuidar sin renunciar a la salud, al bienestar y a los proyectos de vida”, dijo sobre el rol de las entidades públicas frente al trabajo de cuidado.
Al respecto, admitió que persisten importantes retos de cobertura y una marcada inercia cultural que se refleja en que son casi exclusivamente las mujeres trabajadoras quienes efectúan los trámites de inscripción y seguimiento en las estancias infantiles.
Tanto en el informe como en el encuentro, destacó que el impacto de los cuidados no es homogéneo ni se agota en la experiencia de la maternidad. Ana Laura Rodríguez Cortés, del Programa de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), explicó que decidir no gestar no exime a las mujeres de la sobrecarga de trabajo no remunerado, pues continúan atendiendo a personas enfermas, dependientes o familiares en sus entornos.

Sumado a ello, recalcó las situaciones que atraviesan mujeres indígenas, afrodescendientes y trabajadoras del hogar remuneradas, quienes suelen asumir jornadas laborales extensas al cuidar hogares ajenos para luego retornar a cuidar los propios, así como su papel en la defensa de los recursos naturales y el territorio como extensión de los cuidados comunitarios.
“Para que una decisión sea genuina, necesitamos educación integral y sexualidad para tener consciencia de nuestras corporalidades, la toma de decisiones, y que también sepamos que detrás de nosotras, nosotros, nosotres, hay un sistema que también garantiza nuestros derechos y que esas decisiones sean libres, y también romper estos esquemas que colocan los cuidados a ciertas corporalidades o a ciertas personas”, añadió.
La activista apuntó que las políticas públicas de cuidados deben colocar en el centro a quienes realizan estas tareas y articularse con la justicia social y la educación integral en sexualidad.
Uno de los principales retos estructurales es el vínculo entre cuidados y precariedad laboral. Jessica Rodríguez Balderas, de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), advirtió que la mayor parte de las mujeres en México carece de acceso a guarderías o licencias por encontrarse fuera del régimen formal de seguridad social.
“En México vemos que entre 55 y 57% de las mujeres se encuentran en informalidad y que dentro de esta informalidad las mujeres ganan la mitad de lo que ganaría un hombre en la informalidad. O sea, esta avalancha se va creando en todos estos espacios que se deben considerar en la toma de decisiones. Para mí la pregunta sería, ¿cómo poder universalizar entonces la seguridad social?”.
El documento de GIRE puntualiza que tanto la autonomía reproductiva como el derecho al cuidado tienen sustento jurídico nacional e internacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la autonomía reproductiva como un derecho fundamental en la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 148/2017, que ampara la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y plan de vida.
En tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó el 7 de agosto de 2025, mediante su Opinión Consultiva 31, que toda persona tiene derecho a cuidar, a recibir cuidados y a ejercer el autocuidado en condiciones de igualdad y bienestar.

Para las organizaciones y especialistas, materializar este marco legal exige que el Estado mexicano asuma su corresponsabilidad primaria y diseñe políticas públicas que articulen salud sexual y reproductiva, guarderías de acceso universal, permisos de cuidados compartidos y programas de seguridad social desvinculados de la inserción formal en el mercado laboral.
Solo mediante la redistribución y el reconocimiento de esas labores será posible garantizar que las decisiones de gestar, criar o no tener hijos constituyan opciones genuinas de vida, y no imposiciones determinadas por la sobrecarga de cuidados.