Amiel Martínez · 19 de septiembre de 2025
La espera, junto con las precarias viviendas de lámina y madera, es lo que se ha mantenido constante durante 40 años entre las familias que permanecen en el campamento de damnificados Colector 13, adonde fueron llevadas por las autoridades tras el terremoto que azotó a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985 bajo la promesa, todavía incumplida, de una vivienda digna.
Hoy, aunque el gobierno capitalino asegura que ya existe un proyecto habitacional que podría comenzar a edificarse el próximo año en una parte del predio, la incertidumbre sigue marcando la vida en este asentamiento, considerado el más grande de la Ciudad de México, donde aún sobreviven otros cinco campamentos similares.
A esa larga espera en Colector 13 se han sumado las tragedias, como el incendio —el tercero en su historia— ocurrido el 2 de mayo pasado, que consumió 33 casas y obligó a habilitar como refugio la pequeña capilla del lugar, convirtiendo al campamento en un espacio doblemente marcado por el desamparo: un campamento de damnificados dentro de un campamento de damnificados.

En estas cuatro décadas, el campamento ha recibido a familias trasladadas por las autoridades desde predios expropiados y, según señalan algunos habitantes, también a quienes llegaron conducidos por organizaciones políticas a este terreno vecino a la estación Lindavista del Metro, todos sostenidos por la misma esperanza de que, en este predio propiedad del IMSS, algún día se levantarían viviendas que podrían llamar propias.
El campamento, asentado en un predio de 7 mil metros cuadrados —según datos de las autoridades—, se ubica en la esquina de Colector 13 y Avenida Instituto Politécnico Nacional. A su alrededor se levantan puestos donde se vende comida y diversos productos.
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Uno de los accesos se abre entre estos puestos, marcado por una pequeña tienda de abarrotes, un servicio de baños públicos y otro de fotocopias. Dentro, los pasillos angostos están flanqueados por viviendas tan próximas que solo se distinguen por los colores con que sus habitantes las pintaron; construidas con láminas y vigas de madera, sus dimensiones van de cinco por tres metros a seis por seis.

En el recorrido por los pasillos se distinguen postes de luz y espacios comunes con altares religiosos y lavaderos colectivos, sobre los cuales se levantan estructuras metálicas de casi cuatro metros de altura sobre las que hay tinacos de agua.
La zona arrasada por el incendio del 2 de mayo se reconoce por los claros vacíos donde antes hubo casas y por las pocas construcciones que intentan levantarse de nuevo, hechas con láminas relucientes y polines frescos de pino.

Un día después del siniestro, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, visitaron el campamento de Colector 13.
Ahí, Brugada aseguró a los damnificados que “no están solos” y anunció que serían incorporados a un programa de vivienda, además de instruir a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a revisar la situación del predio. Lozano, por su parte, prometió que la alcaldía entregaría materiales de construcción para levantar casitas de lámina y madera de manera temporal, en lo que llegaba —otra vez la espera— la anhelada vivienda digna.
Cuatro meses después, los vecinos de Colector 13 aseguraron a Animal Político que ninguna de esas promesas se ha cumplido.

De acuerdo con el testimonio de una de las damnificadas, la alcaldía ofreció dinero para que rentaran en otro lugar, argumentando que no había presupuesto para un programa de vivienda, pero rechazaron esa opción al exigir una solución definitiva que les garantizara una vivienda propia.
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Las pocas viviendas que hasta hoy se han reconstruido, algunas aún inconclusas, han sido costeadas por los propios afectados. Y respecto a la nueva promesa oficial —una más en 40 años— de incluirlos en un programa de vivienda en el predio, relatan que tras dos reuniones con las autoridades lo único que han recibido son largas.
En entrevista con Animal Político, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz, aseguró que, a partir de esta semana, la alcaldía comenzará a entregar materiales y apoyos comunitarios, luego de ser cuestionado sobre los compromisos asumidos por el alcalde Lozano hace cuatro meses y que no se han cumplido con los damnificados.
En cuanto al proyecto habitacional, afirmó que “será presentado en unas semanas más”, y que “se comenzará a construir a más tardar del próximo año”, luego de resolver si el predio puede ser adquirido o recibido en donación del IMSS.
“En aproximadamente una tercera parte del espacio disponible se desarrollará un proyecto de vivienda en conjunto, por parte del Instituto de Vivienda, y en el resto del espacio se buscará crear un espacio de uso público, un espacio abierto, una Utopía o instalaciones diversas del sistema de cuidados”, detalló el funcionario.

Indicó que el proyecto se definirá con un “ejercicio participativo de consulta con los vecinos, a quienes van a ayudar ahí”.
Respecto a la existencia de otros asentamientos similares, el secretario estimó que en la ciudad permanecen no más de cinco campamentos, “mucho más pequeños que Colector 13”, ubicados en zonas como Vallejo, Azcapotzalco y el Centro Histórico. Calculó que en total no superan las 70 familias que habitan en viviendas precarias.
Un campamento, por definición, es una solución temporal; por eso, la permanencia de Colector 13 durante cuatro décadas no solo desafía esa idea, sino que hoy exige explicaciones.
El secretario de Vivienda capitalino indicó que en 2009, recibieron vivienda 270 familias del campamento en una unidad habitacional cercana a Insurgentes Norte, pero unas 30 rechazaron el traslado y permanecieron en el lugar. Con el tiempo, dijo el funcionario, ese núcleo se amplió con familiares y nuevos habitantes, lo que dio origen a la reconfiguración del campamento con más de 200 viviendas precarias.
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Eso daría sentido a los últimos 16 años del campamento… aún quedarían 29 años por explicar.

En el campamento, quienes aceptaron ser entrevistados atribuyen la persistencia de Colector 13, entre otras razones, a la corrupción, al uso clientelar de sus habitantes y a la existencia de cuatro liderazgos internos que, según explican, están divididos y buscan beneficiar únicamente a sus propios seguidores.
Carlos García Villegas, uno de los líderes del campamento, llegó a Colector 13 a los 15 años junto a sus padres y ocho hermanos —después de que la casa en la que vivían resultara dañada por el sismo de 1985—, procedentes de un campamento que por entonces se había instalado en la calle de Riobamba.
“Nosotros llegamos con la promesa de que nos íbamos a ir en unos meses, y de eso ya pasaron 40 años; aquí seguimos. Mis hijos ya tienen a sus hijos, y así van todos. Yo ya voy a cumplir 54 años; mi hijo, el grande, tiene 33, el chico tiene 19, y así vamos. Son generaciones de gente que vamos quedándonos y rezagándonos aquí, porque, pues aquí trabajamos. Aquí realmente está la vida hecha, porque hemos apuntado a nuestros hijos a las escuelas, aquí han crecido”, dice a Animal Político.
“En este terreno, pues ya nos olvidan, aquí nos dejan. Sí hubo programas de vivienda (…) pero se empezó a ver la crueldad de los fines políticos que metían otra gente que no había sufrido eso y la gente que realmente era damnificada, ya no alcanzaba”, acusó.

García Villegas dice que el campamento revive cada elección con la esperanza de que, por fin, alguien cumpla sus promesas. “Más cuando son votaciones… todo el mundo llega y nos promete y nos dice que va a ser aquí la Torre Latinoamericana”, señala con sarcasmo.
Y en tono resignado, acusa que las autoridades solo los recuerdan cuando necesitan votos: “Nomás eso es en lo que nos ocupan, para el botín político de votos, y ya después no se acuerdan de nosotros”.
También se refirió al último incendio en el campamento, causado, dijo, por un corto circuito provocado por las instalaciones eléctricas irregulares, ya que, explicó, “teníamos una corriente muy alta de 220”. Señaló que este fue el único problema que las autoridades atendieron enviando una cuadrilla.

Además, García Villegas aseguró que tras el siniestro Clara Brugada se comprometió a desincorporar el terreno y a realizar mesas de trabajo para planear la reconstrucción, lo que, asegura, hasta el momento solo han sido palabras: “La jefa de Gobierno dijo que iba a desincorporar el terreno y nos hizo unas mesas de trabajo donde hemos acudido dos veces, pero pues nada más son puras palabras… Y pues ahí se quedan igual, ¿no? De puras palabras”.
El dirigente lamentó la falta de resultados: “Ya pasaron meses del incendio y todavía no levantan las casas. Los afectados las han tratado de levantar con sus propios recursos, pero son casas que van a la mitad y con el agua ya se están echando a perder otra vez porque no ha habido ayuda oficial”.
* * *
En Los pacientes del Estado, el sociólogo Javier Auyero muestra que la espera es una forma cotidiana de dominación política. Para los pobres, esperar se vuelve una práctica inevitable y naturalizada: “Quienes se ven forzados a soportar cotidianamente largas demoras terminan viendo la espera como algo inevitable, se transforma en una especie de práctica habitual que dan por sentada”. Esta normalización, para el investigador, refuerza la subordinación al Estado, incluso cuando este actúa con arbitrariedad.
La experiencia de la espera produce efectos subjetivos claros: incertidumbre, arbitrariedad y sumisión. Como escribe Auyero, “la dominación política cotidiana es eso que pasa cuando aparentemente no pasa nada, cuando la gente ‘solo espera’”. Al hacer esperar a los pobres, el Estado crea un “estado generalizado y permanente de inseguridad” que perpetúa la vulnerabilidad de quienes dependen de él para sobrevivir.
Además, dice en investigador, la espera se convierte en una condición para demostrar merecimiento. Muchos pobres creen que recibirán ayuda solo si aceptan esperar indefinidamente: “los pobres saben por experiencia que para obtener la tan necesaria ‘asistencia’ tienen que demostrar que se lo merecen esperando obedientemente […] tienen que ‘seguir viniendo y esperar, esperar, esperar’”.
El campamento Colector 13 se estableció hace 40 años, cuando unas 300 familias damnificadas fueron reubicadas en el predio del IMSS que era utilizado por las autoridades para concentrar los cuerpos de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 1985.

A las 7:19 de la mañana de ese jueves, la Ciudad de México fue sacudida por uno de los terremotos más devastadores de su historia. El movimiento telúrico, con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter, tuvo su epicentro en la costa de Michoacán.
Edificios completos colapsaron, desde hospitales hasta unidades habitacionales, oficinas públicas y hoteles, y el caos resultante se prolongó durante semanas.
El número oficial de muertos fue de alrededor de 10 mil, aunque organizaciones civiles y periodistas de la época estimaron que la cifra real pudo haber superado las 20 mil víctimas. Cientos de miles de personas quedaron sin hogar y la infraestructura de la ciudad sufrió daños irreparables: 30 mil estructuras resultaron afectadas, de las cuales más de 3 mil colapsaron por completo.
Pedro tenía apenas siete años cuando la tierra se agitó aquella mañana de septiembre. Cinco años más tarde, llegó con su familia al campamento de damnificados Colector 13, donde aún permanece.

El hombre de 47 años se niega primero a dar testimonio de lo que experimentó esa mañana de hace 40 años y de la vida que le sobrevino después. En medio de su desconfianza, ofrece una explicación: relatarlo traerá consigo el recuerdo doloroso de otros desastres a los que, explicará, la pobreza lo ha expuesto como testigo y afectado directo.
Tras un momento de reflexión, interrumpe su actividad, baja la mirada, enciende un cigarro y comienza a articular sus memorias.
De aquel jueves, Pedro —no es su verdadero nombre, y pidió anonimato además de no ser grabado— recuerda que “todo se sacudió”, sin comprender qué ocurría: un sismo de dos minutos y una magnitud de 8.1. Señala que fue hasta la réplica de la noche siguiente que todos, sobrevivientes del día anterior, “nos hincamos a rezar”.
La vivienda de su familia resultó dañada, y buscaron refugio en uno de los campamentos que se improvisaron en varias de las vías principales de la ciudad. De esos días recuerda el olor de los cuerpos de las víctimas, omnipresente. También rememora la campaña de vacunación que el Ejército realizó: mientras habla, su dedo índice simula la aguja de una jeringa sobre su hombro, señalando que fue uno de los que recibió las vacunas.
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De pronto, rompe la memoria con una canción: “Algunos apenas se iban yendo a trabajar… otros todavía dormían… y sin deberla ni temerla dejaron de existir”, recita, son versos de El Tri sobre otra tragedia: San Juanico, 1984, que atestiguó porque su familia habitaba en la zona.

Los recuerdos se entrelazan: San Juanico, el 85, el 2017, la pandemia —en la que perdió a su esposa—. Ante esta última evocación se detiene, guarda silencio y, con un tono que mezcla sorpresa y dolor, dice: “Uno no sabe cómo es que sigue aquí’.
“Sí, uno no sabe por qué sigue aquí”, interrumpe su padre, de 72 años, sentado a su lado. Había rechazado ser entrevistado, pero escuchaba con atención cada palabra de su hijo.
“No nos ayudan porque somos pobres”, alcanza a decir al fin, tras escuchar a su hijo, como explicación a la larga espera en el campamento, y remata con una sentencia seca: “Los pobres nacimos pobres y pobres nos vamos a morir”.