Animal Político · 22 de septiembre de 2026
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este martes el acuerdo que restringe durante toda la jornada escolar el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, con excepciones para actividades pedagógicas previamente programadas, emergencias y necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.
El acuerdo 09/09/26 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que entrará en vigor el 3 de noviembre, establece reglas diferenciadas según el nivel educativo.
Mientras que en educación básica la restricción será de aplicación general en los planteles públicos y particulares, en educación media superior cada escuela deberá construir con su comunidad educativa las reglas para limitar el uso no pedagógico de estos dispositivos. En educación superior se fomentará su utilización responsable de acuerdo con lo concertado en cada institución.

Las autoridades educativas deberán comenzar desde este miércoles 23 de septiembre reuniones con madres y padres de familia, personas tutoras y demás integrantes de las comunidades educativas para informar sobre las nuevas disposiciones, promover su apropiación y construir los acuerdos necesarios para aplicarlas.
Además, los gobiernos estatales y de la Ciudad de México tendrán 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del acuerdo, para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos correspondientes.
El artículo 2 del acuerdo establece que en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se restringirá el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante toda la jornada escolar.
La disposición señala que estos dispositivos únicamente podrán utilizarse cuando exista una finalidad educativa previamente programada y bajo la orientación de las y los docentes. También podrán emplearse ante emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o cuando existan necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.
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La SEP plantea que las disposiciones deberán aplicarse mediante un enfoque formativo y preventivo y no exclusivamente mediante sanciones. En el acuerdo se establece que las comunidades educativas podrán apropiarse de las medidas mediante la construcción de acuerdos, considerando las características y realidades de cada escuela.
El documento también señala que podrán adoptarse medidas diferenciadas en educación especial y en otros servicios o modalidades que así lo requieran.
En educación media superior no se establece una prohibición general para todos los planteles. El acuerdo dispone que se fomentará el uso responsable y seguro de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales y que se limitará su utilización no pedagógica durante la jornada escolar.
Las reglas deberán definirse de acuerdo con las características, necesidades y contexto de cada institución mediante un proceso de consulta, diálogo y construcción de acuerdos con la comunidad educativa.
Para ello, cada plantel deberá realizar una asamblea previamente programada en la que se establecerán las condiciones específicas sobre el uso de los dispositivos.

El acuerdo plantea cuatro modalidades que las escuelas pueden considerar: mantener los dispositivos guardados o en un espacio de resguardo durante la jornada; permitir su uso únicamente en determinados tiempos y espacios, como el receso; establecer que no se utilicen durante toda la jornada; o permitir un uso programado en días determinados, siempre que sean empleados como herramientas tecnológicas para el aprendizaje y bajo reglas previamente acordadas.
También en este nivel se contemplan excepciones por emergencias personales, discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud y necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.
Para educación superior, el acuerdo no establece una restricción general de los dispositivos durante la jornada escolar.
El artículo 4 señala que se fomentará su uso responsable y seguro durante toda la jornada, conforme a los acuerdos de cada comunidad educativa y a las disposiciones de las autoridades educativas competentes y de las propias instituciones de educación superior.
La SEP señala que estas medidas deben aplicarse respetando la autonomía universitaria, administrativa y académica de cada institución.
El acuerdo plantea que las universidades y demás instituciones de educación superior promuevan un uso responsable y seguro de los dispositivos con el objetivo de fortalecer una ciudadanía digital crítica y ética.
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Aunque el acuerdo entrará en vigor el 3 de noviembre, las autoridades educativas comenzarán antes el proceso de información y construcción de acuerdos.
El segundo transitorio establece que, a partir del día siguiente de la publicación del acuerdo en el DOF, es decir, desde el 23 de septiembre, la autoridad educativa federal, los estados, la Ciudad de México y las demás autoridades competentes deberán iniciar asambleas con madres y padres de familia, personas tutoras y otros integrantes de las comunidades educativas.
Estas reuniones tendrán como propósito informar, difundir y facilitar la apropiación de las nuevas disposiciones, además de trabajar en su implementación y en la construcción de acuerdos.
Las entidades federativas y la Ciudad de México tendrán después un plazo de 180 días naturales, contado desde el 3 de noviembre, para emitir o armonizar los instrumentos jurídicos que correspondan.

La SEP señala en el acuerdo que los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje cuando se utilizan con fines pedagógicos, pero sostiene que su uso inadecuado, excesivo o no regulado puede interferir con la atención, concentración, interacción y aprovechamiento académico.
El documento también plantea que el uso de estos dispositivos durante los recreos, periodos de descanso y espacios de convivencia puede disminuir la actividad física y limitar la comunicación directa entre estudiantes.
La dependencia sostiene que la regulación busca armonizar el derecho a la educación y el acceso a las tecnologías con otros derechos, mediante medidas diferenciadas y excepciones para actividades pedagógicas, emergencias y ajustes necesarios para la inclusión educativa.
El acuerdo establece que la implementación deberá involucrar a autoridades educativas y escolares, estudiantes, personal docente y familias.
La SEP señala que la aplicación de las medidas dependerá también de su comprensión, sensibilización, apropiación y aplicación por parte de los distintos integrantes de las comunidades educativas, considerando las características y necesidades de cada plantel.
El documento señala que las maestras y los maestros tendrán un papel central en la aplicación de las disposiciones y plantea que deberán ser referentes del uso seguro y responsable de los dispositivos dentro de los espacios educativos.
Además, las autoridades educativas estatales y de la Ciudad de México, junto con la SEP, deberán generar cada semestre espacios de retroalimentación, diálogo y construcción de acuerdos para revisar los avances de la implementación y determinar posibles ajustes o acciones adicionales.