Senado designa a Martha Yuriria Rodríguez como nueva titular de la CEAV

Por mayoría calificada en el pleno del Senado de la República, este jueves se designó a Martha Yuriria Rodríguez Estrada como nueva encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

En la sesión de este 9 de diciembre, se emitieron un total de 99 votos para elegir al nuevo titular de la dependencia. De estos, 76 fueron en favor de Martha Yuriria Rodríguez Estrada; 20 votos en favor de Claudia Lilia Cruz Santiago; 1 voto en favor de Luis Fernando Rosas Ramírez, 0 abstenciones y 2 votos nulos.

✅ Se emitieron un total de 99 votos, de los cuales 2 son nulos.

▪️ 76, para Martha Rodríguez Estrada.
▪️ 20, para Claudia Cruz Santiago.
▪️ uno, para Luis Rosas Ramírez.

En consecuencia se designa por mayoría calificada a Martha Rodríguez Estrada como titular de la @CEAVmex.

— Senado de México (@senadomexicano) December 9, 2021

Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, procedió a hacer el nombramiento de Rodríguez Estrada como titular de la CEAV e inmediatamente rindió protesta ante los presentes.

“Muchas gracias por haber terminado este proceso que teníamos tan pendiente desde hace muchos, muchos meses para el nombramiento de la titular de la CEAV, era muy importante que pudiéramos lograr esta designación, les agradezco su paciencia y atención”, aseguró Sánchez Cordero.

Según la página oficial del Senado, Grisel Galeano García quedó como encargada de la Comisión después de la renuncia – la segunda en menos de un año – del designado temporal, Carlos Andrés Vázquez Murillo.

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La propuesta de las candidatas y candidatos a la designación del Comisionado Ejecutivo de la CEAV fue propuesta desde diciembre del 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario puso a consideración del Senado de la República una terna integrada por Martha Yuriria Rodríguez Estrada, Claudia Lilia Cruz Santiago y Luis Fernando Rosas Ramírez.

Rodríguez Estrada es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y ha cursado diversos diplomados, todos impartidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Sus cargos más recientes han sido como Directora de Vinculación de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de la Defensoría Pública; Titular del Centro de Atención Integral en Yucatán de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Especialista en Capacitación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Dos renuncias previas y falta de presupuesto

A principios de 2021, la CEAV experimentó la segunda renuncia a la dirección en menos de un año con la salida de Carlos Andrés Vázquez Murillo, después de seis meses de haber asumido dicha responsabilidad en sustitución de la entonces comisionada titular, Mara Gómez Pérez, quien también dimitió al cargo en junio de 2020.

Andrés Vázquez fue designado por la Junta de Gobierno de la CEAV como encargado de despacho de la institución el 24 de junio pasado, mientras se llevaba a cabo el proceso de selección de una nueva comisionada o comisionado.

Dicha designación se dio luego de que Mara Gómez presentara su renuncia en medio de una controversia en la que denunció la intención del gobierno de recortar hasta un 60% del presupuesto de la comisión: “No se puede transformar una institución sin apoyo”.

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En febrero, Animal Político reportó que la dependencia había alcanzado un punto crítico en  su labor fundamental: los pagos por reparación del daño e indemnizaciones a las víctimas, que se desplomaron más de 80% en 2020.

Los recursos para dichos pagos provenían del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que el año pasado fue eliminado por decreto presidencial; lo que también afectó el pago a los trabajadores.

Por si fuera poco, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto para 2022 de 958.2 millones de pesos, es decir, un recorte del 62.8%, como denunció en su momento Mara Gómez, respecto a lo que había planteado la propia Comisión para su correcto funcionamiento.

Lo anterior significa que el próximo año la CEAV operará con un déficit presupuestal de más de 1 mil 600 millones de pesos, que deben emplearse para garantizar los pagos por reparaciones del daño a casi 3 mil víctimas y contratar a casi 150 funcionarios.