Sedena y FGR contratan servicios de recopilación de datos biométricos, sin supervisión: Artículo 19
Tamara Mares · 9 de abril de 2025
Instituciones federales y estatales en México como la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército y el Instituto Nacional de Migración (INM) han adquirido y utilizado herramientas tecnológicas para la recopilación de datos y tareas de seguridad, en procesos opacos –por decisión expresa o negligencia– que carecen de vigilancia y regulación, señaló la organización Artículo 19 en su informe anual sobre acceso a la información titulado “Barreras informativas”.
El documento explora cinco obstáculos principales para el acceso a la información y la transparencia en México, que fueron iniciadas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y continúan en la administración de Claudia Sheinbaum: la reciente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el uso de tecnologías digitales por parte del Estado, y violencia contra los periodistas.
También se nombraron como barreras: la deuda gubernamental en las investigaciones sobre crímenes cometidos en sexenios pasados como el caso Ayotzinapa; y la amenaza a la autonomía e independencia de instituciones como el Poder Judicial y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En el rubro de adquisición y uso de tecnología por parte del Estado mexicano, la organización expuso que cuando estos procesos se dan sin regulación y en la opacidad –como lo ha hecho el Gobierno federal– se pueden producir violaciones a derechos humanos y a la privacidad del individuo.
La organización resaltó dos ejemplos de contratos celebrados por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR) como los más preocupantes para los derechos humanos. “Los casos del INM y de la FGR evidencian cómo la implementación de tecnologías de vigilancia y monitoreo pueden suscitar graves preocupaciones respecto a la protección de los derechos humanos”, detalló en el informe.
En el caso de la primera institución, se trata de un contrato con la empresa Priorato Mercantil SA de CV para “capturar, registrar, almacenar, comparar y verificar la información biométrica de personas, así como de relacionar su información biográfica”, con el uso de datos como huellas dactilares, iris, fotografías y pasaporte.
Artículo 19 advirtió que esta recopilación de datos se puede generar mediante la “coerción o intimidación” de personas migrantes; además que en casos de falsos positivos o equivocaciones podría resultar en la errónea deportación o detención de personas migrantes.
“A la falta de transparencia en los contratos para la adquisición de tecnologías de recopilación de datos biométricos y geolocalización se suman factores como la ausencia de supervisión adecuada o mecanismos claros de control de tales herramientas, lo que implica riesgos inherentes a la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales”, sentenció la organización.
FGR revisa registros telefónicos, pero tiene antecedentes “cuestionables”
En cuanto a la FGR, en 2022 celebró un contrato con la empresa Mycros Electrónica SA de CV para la adquisición de un programa llamado Sistema para Análisis de Información de Registros de Llamadas en un Entorno Geográfico (Geostar). Este software genera una base de datos de los registros telefónicos que obtiene a partir de sábanas telefónicas.
“Aunque el uso de este sistema podría cumplir con los requisitos para considerarse legal, necesario e idóneo para sus fines (incluido que cumpla con los controles judiciales estipulados), es importante recordar que la FGR ha ocultado información —y sigue haciéndolo— para esclarecer qué tipo de tecnologías opera”, señaló Artículo 19 en su informe.
“Cualquier implementación de un sistema tecnológico que pueda utilizarse con fines de vigilancia tiene que estar sujeto al máximo escrutinio, sobre todo cuando está en manos de una institución con tan cuestionable reputación, como la FGR”.
Esta información la obtuvo Artículo 19 a partir de 168 solicitudes de información, que hizo ante 24 instituciones federales y estatales para conocer más sobre la adquisición y uso de tecnologías “emergentes”, con las cuales pudo identificar que se celebraron al menos 35 contratos para la adquisición de herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas para vulnerar –o tener implicaciones negativas para– los derechos humanos.
De los 35 contratos, 31 fueron para la adquisición de sistemas de recopilación o identificación biométrica, mientras que 3 eran para inteligencia artificial y 1 de geolocalización. A esto se suman las adquisiciones que la organización pudo detectar mediante una revisión de fuentes abiertas.
Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha adquirido, entre 2017 y 2024, al menos 4 tecnologías para la intercepción de comunicaciones, infectar dispositivos móviles, y monitorear a usuarios en redes sociales, entre otras funciones, entre las cuales se incluye el malware Pegasus, del cual se ha documentado su uso para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.
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Ambientalistas y pueblos indígenas, entre los más afectados por reformas de transparencia y acceso a la información
La desaparición del INAI produjo un retroceso en la transparencia y el derecho a la información de la ciudadanía, indicó Artículo 19, y esto podría generar un impacto diferenciado para comunidades indígenas y rurales que defienden el territorio y el medio ambiente.
“Estas comunidades dependen de dicha información para conocer y evaluar los proyectos o actividades en sus territorios”, apuntó el estudio.
“La ausencia de estos órganos podría agravar las violaciones sistemáticas al derecho de acceso a la información pública, al derecho a la consulta previa, libre e informada, a la libertad de expresión y a la protesta, en especial en el contexto de la defensa ambiental”.
Un ejemplo de ello son los megaproyectos que se desarrollaron en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, como el Tren Maya en el sureste, el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA) o la Refinería “Dos Bocas”.
Incrementan agresiones a prensa
Otra de las barreras para la información es la violencia ejercida contra la prensa mexicana, que en acciones como “intimidación y hostigamiento” tuvo un incremento del 57.25 % para 2024 con respecto al año previo.
El total de agresiones documentadas por Artículo 19 suman 639, las cuales incluyeron uso ilegítimo del poder público, amenazas, ataques físicos, privación de libertad, tortura, asesinato, desplazamiento, desaparición y vigilancia ilegal de comunicaciones, entre otros.