Ricardo, un caso clave para diagnosticados con “discapacidad intelectual”

Ricardo Adair Coronel Robles quiere convertirse en un mexicano que, con síndrome de Asperger, pueda decidir sobre su persona y no depender de un “tutor” toda su vida.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo su caso la semana pasada y será discutido en breve por los ministros, pues actualmente las leyes en el Distrito Federal sólo catalogan a personas con discapacidad intelectual como “capaces” o “incapaces”.

La relevancia de este caso es fundamental, explicó el mismo Ricardo Adair, porque se resolverá si una persona tiene derecho a decidir sobre sí mismo aunque tenga alguna discapacidad. Esto incluye desde obtener una remuneración económica por su trabajo, un crédito de vivienda, un seguro de vida o incluso el derecho a votar o a casarse. Todo esto sin que medie un “tutor”.

Entrevistado por Animal Político, Coronel Robles explica que logró que su caso fuera atraído por la Corte, lo cual permitirá reivindicar sus derechos y los de otras personas con discapacidad, con base a un modelo social más moderno, sobre otro que es asistencialista.

A Coronel Robles le gusta el futbol, hacer estadísticas, estudiar Historia y Geografía y además es becario del Museo Soumaya, donde trabaja dando informes a los visitantes.

El joven de 24 años dice que con esta resolución de la Corte, espera que se le dé un mejor trato a personas como él.

“Más que nada, queremos que se apruebe, que salga favorable la resolución y que mejore México en términos de discapacidad y de inclusión”, dijo.

Leticia Robles García y Alejandro Coronel Ramos, papás de Ricardo, narran las dificultades por las que tuvieron que pasar para que Ricardo recibiera el diagnóstico que determinó que tenía Síndrome de Asperger, el cual es un trastorno del espectro autista, caracterizado por un mayor o menor impedimento en las habilidades del lenguaje, comunicación, socialización y conducta, al igual que patrones repetitivos o restringidos de pensamiento y comportamiento.

“Su hijo tiene un retraso mental. Ya se va a quedar así. Al escuchar estas palabras, te impresionas. ¿Cómo va a ser su vida? Me imaginaba que sólo se podría quedar en casa. Y de ahí un peregrinar”, recuerda el padre de Ricardo.

Las instituciones y doctores con los que acudieron fueron diversos. Ricardo fue atendido en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Hospital Gea González y fue ahí donde una psicóloga le diagnosticó el síndrome. Para entonces Ricardo ya tenía 18 años.

La falta de información de varios profesionales y lo poco que se conoce del síndrome fue lo que determinó , dice su madre, el retraso en encontrar una mejor atención para el padecimiento de Ricardo.

“Es un trastorno que afecta la posibilidad de leer las emociones. No saben relacionarse con sus pares. Ellos no saben si les va a caer bien o mal una persona”, cuenta el señor Alejandro Coronel.

La discriminación comienza en la escuela

El papá de Ricardo recuerda que fue en la escuela donde comenzó a tener ciertas dificultades para que su hijo pudiera ser reconocido como cualquier persona que tiene derecho a estudiar.

“Una vez en la primaria a la que iba a entrar, como presentaba tics y varios movimientos como de manierismo, me dijeron que como distraía a los compañeros, que lo mejor era que no me quedara ahí”, recordó Ricardo.

Sin embargo, gracias a que Leticia Robles, mamá de Ricardo, comenzó a buscar terapias de lenguaje y rehabilitación en general para su hijo, éste pudo desarrollar una vida estable.

“Yo, como mamá pensé que teníamos que promover alguna solución. Estuvimos yendo a terapias, visitas médicas, no fue fácil. El primer año de Ricardo, tenía un peso muy bajo, aunque le daba alimentos, tenía reflujo. Era un reto diario. Ahora ya ha alcanzado muchas metas”, cuenta Leticia Robles. Pero de ello han pasado 24 años.

Por eso considera que México debe abrirse a la inclusión como sociedad porque hay una falta de adecuaciones en el país para gente como Ricardo.

“México se está abriendo a la inclusión. La sociedad no está preparada para recibir a estos chicos. Les impacta muchas veces, por ejemplo, el tener a un compañero en la escuela. Son tan distintas manifestaciones que se pueden dar en la discapacidad, que no logra uno conocer todas las gamas”, expresó.

Y de las razones para iniciar este juicio ante la Corte: “Cuando nosotros comenzamos el juicio, fue con la finalidad de proteger, de protegerlo. Ahorita viene lo difícil para él porque ya se va a integrar a una vida adulta. Les puede costar trabajo, porque son personas solitarias. Ahorita viene lo fuerte para él”, dijo.

“Quiero que otros conozcan sus derechos”

Ricardo asegura que con este juicio muchas personas como él se beneficiarán, pues podrán ejercer sus derechos a plenitud.

El joven incluso se ha dedicado a promover la protección de los derechos de personas con discapacidad intelectual ante diversas organizaciones como la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE), donde le enseñaron a dar talleres para que otros como él sepan de sus derechos.

“Es la primera vez que sucede en México y va a hacer historia el fallo de la Corte –si es favorable–. En CONFE me prepararon como autogestor. Que una persona con discapacidad intelectual, sea hombre o mujer, debe conocer lo que son sus derechos, saber defenderlo. Y también aprendí a emitir nuestras opiniones y testimonios en eventos, como congresos, conferencias, reuniones, debates, discusiones, con el fin de dar un testimonio y representar a los demás. Nos dan la capacitación, hablamos de la Convención y a veces hablamos de todo lo que hemos visto y vivido, ya sea en la vida diaria, en la escuela, en el transporte público, donde sea”, explicó.

Ricardo concluye la entrevista con Animal Político en la que pide que todas las personas usen los términos correctos para llamar a las personas con algún tipo de discapacidad: “Queremos que la gente aprenda a usar los términos correctos, que somos personas con discapacidad”.

Los antecedentes

El 14 de julio de 2011, Ricardo presentó una demanda de amparo contra el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues éstos son los responsables de haber legislado e implementado la figura de interdicción en el Código Civil local que le suprime el derecho a tomar control sobre su vida, perpetuando así un sistema de abusos.

Asimismo, el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislativa han incumplido con sus obligaciones internacionales, derivadas del artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad , de implementar las salvaguardias adecuadas para que Ricardo y todas las personas con discapacidad intelectual en el Distrito Federal puedan ejercer su ciudadanía y ser integrados plenamente en la sociedad.

El caso de Ricardo es un caso típico de miles de personas con discapacidad en México que son despojadas sistemáticamente de su derecho a actuar en sociedad y de tomar las decisiones más importantes de su vida. La forma específica en la que son despojadas del derecho a participar en sociedad es mediante el estado de interdicción: un mecanismo jurídico para desconocer la validez de las decisiones y actos jurídicos llevados a cabo por las personas con discapacidad. De suerte que las personas en estado de interdicción no pueden celebrar válidamente un contrato de trabajo, decidir libremente dónde vivir o disponer de sus bienes.

Desde la emisión Código Civil Federal, en 1928, se suprimió la competencia de ejercicio de las personas con discapacidad intelectual, en sus artículos 23 y 450, fracción II . Por su parte, el Código Civil para el Distrito Federal , promulgado en el año 2000, incorporó las mismas restricciones y violaciones de derechos humanos que el Código Civil Federal.

Fuente: Centro Estratégico de Impacto Social A.C.

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Artículo 12

Igual reconocimiento como persona ante la ley

1. Los Estados parte reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.

2. Los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.

3. Los Estados parte adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.