A seis meses del revés a Roe vs. Wade, 66 clínicas para aborto cerraron en EU

A seis meses de la anulación de la sentencia Roe vs. Wade, que protegía el acceso al aborto en Estados Unidos y habría cumplido 50 años el pasado 22 de enero, 66 clínicas que daban el servicio en 15 estados de ese país han cerrado, con lo cual, además, los tiempos de traslado para acceder a la interrupción del embarazo se han triplicado.

Aunado a ello, en otros 12 estados el aborto es completamente ilegal, es decir, existe una prohibición absoluta, lo que los equipara a las condiciones actuales de países de Centroamérica como El Salvador, Honduras, República Dominicana o Nicaragua, de acuerdo con el Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe.

En entrevista, Catalina Martínez, directora de la organización, que ha litigado diversos casos de aborto en Estados Unidos, incluido el Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization —que finalmente condujo a la anulación de la sentencia Roe vs. Wade—, admitió que las consecuencias han sido muy duras, porque el centro siempre había sido guardián de esa resolución, y ahora se encuentra ante la pérdida de un caso emblemático y muy importante.

“Se pierde en realidad no por unos criterios jurídicos imparciales, sino por una composición politizada de la Corte Suprema de Estados Unidos, que nos dejó la era de Trump”, señaló. La decisión de anular la sentencia Roe vs. Wade canceló la protección federal constitucional del aborto, lo cual no quiere decir que quede completamente prohibido, sino que cada estado tiene ahora la libertad para legislar como le parezca. 

Este nuevo panorama resulta muy complicado porque, desde antes del caso Dobbs, ya existían varias entidades de Estados Unidos que estaban tratando de tomar decisiones regresivas, pero la protección constitucional lo impedía; por ello, se limitaban a poner obstáculos de las maneras más inverosímiles, como promover requisitos de infraestructura —lugares de estacionamiento, corredores— imposibles de cumplir para las clínicas prestadoras del servicio.

“Una vez que se levanta esa protección constitucional, ahora sí están pasando leyes para prohibir totalmente el aborto o para reducir el acceso por causales… Entonces, pasan prohibiciones y las clínicas no pueden seguir operando. De hecho, en la decisión de Dobbs, el centro estaba representando a la única clínica que quedaba abierta en el estado de Mississippi, y que había tenido que cerrar antes por cuestiones absolutamente técnicas operacionales”, lamentó Martínez. 

Las prohibiciones y el cierre de clínicas han traído como consecuencia que las mujeres tengan que desplazarse para buscar el procedimiento, por lo que las distancias para acceder a un aborto en Estados Unidos se han triplicado. Ante ello, el escenario es desolador, calificó la directora del Centro Regional.

“En Latinoamérica tenemos el ejemplo de lo que pasa cuando hay esas prohibiciones tan absolutas: que cierren clínicas y que la distancia sea más larga es lo mínimo que puede pasar; sabemos que puede haber mujeres que van a ser criminalizadas en Estados Unidos por estas cuestiones, que va a haber niñas que van a ser obligadas a maternar, como pasó en la región durante mucho tiempo y sigue pasando”, añadió.

A esto podría sumarse un incremento en los índices de embarazo adolescente, así como en los de mortalidad materna. La activista recuerda que ante la prohibición absoluta del aborto, las mujeres no dejan de abortar, pero puede conducirlas a hacerlo en condiciones clandestinas, y algunas veces inseguras, lo que pone en riesgo su salud y su vida. 

Aun en ese escenario, la otra cara de la moneda son las entidades que “se están poniendo la camiseta” para seguir protegiendo el derecho al aborto y brindar algún tipo de asistencia a aquellas donde las mujeres ya no tienen acceso, como transportes, servicios adicionales o financiamiento para el traslado. Sin embargo, ese esquema no es el ideal después de ser un país donde existía una protección constitucional.

Animal Político publicó que actualmente, de Estados Unidos a Sudamérica, Colombia es el país más avanzado en la región en materia de aborto, luego de aprobar el 21 de febrero del año pasado la sentencia C-055, que lo legaliza a nivel nacional hasta la semana 24, mientras Centroamérica aún se enfrenta a rezagos que se traducen en batallas legales para que las mujeres no sean criminalizadas incluso en casos de emergencias obstétricas.

Ante las restricciones en Estados Unidos, han sido colectivas de acompañantes de la frontera norte y otros estados mexicanos quienes se han organizado para integrar una red transfronteriza para apoyar a las mujeres estadounidenses que quieren abortar, y entre las que comenzó a prevalecer el miedo a expresarlo desde que, en septiembre de 2021, Texas impulsara el acta SB-8, conocida como Ley de Latidos del Corazón Fetal, para prohibir el aborto.

Legislación en el Congreso, una nueva oportunidad 

Una nueva oportunidad para que las consecuencias de la anulación de la sentencia Roe vs. Wade se reviertan o detengan, de acuerdo con el Centro Regional, es que el Congreso estadounidense finalmente legisle en materia de acceso al aborto. 

El proyecto de ley que sigue siendo impulsado hasta ahora es el Women’s Health Protection Act, presentado desde 2013 por la congresista Judy Chu. La iniciativa prohíbe cualquier restricción gubernamental para proveer servicios de aborto; específicamente, la limitación a los proveedores para prescibir ciertos medicamentos, ofrecer el servicio vía telemedicina o practicar un aborto de inmediato cuando se determina un riesgo. 

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Además, establece que los gobiernos no obligarán a quien requiera un aborto a hacer visitas médicas innecesarias antes de recibir el servicio o a revelar las razones por las que lo socilitan, como tampoco podrían prohibir los servicios de aborto antes o después de la viabilidad del feto cuando existe riesgo de salud o vida para la persona embarazada. De acuerdo con los registros del Congreso de Estados Unidos, la última votación sobre la iniciativa se realizó en febrero de 2022 con 46 votos a favor y 48 en contra. 

“Es un proyecto de ley precisamente para que, a nivel federal, se vuelva a legislar el aborto, y que estamos tratando de impulsar en este momento en el Congreso; entonces, todas las fuerzas están ahorita en el Congreso para que restablezca la protección federal, y ojalá lo hiciera con una perspectiva interseccional”, afirmó Martínez.

Si bien la sentencia Roe vs. Wade fue histórica y protegió el derecho al aborto durante casi medio siglo, no era suficiente, acotó la activista, porque en la implementación dejaba muchos huecos de acceso, sobre todo para quienes también ahora sufren las peores consecuencias, que son las mujeres con mayores condiciones de vulnerabilidad, migrantes, afrodescendientes y latinas. 

Esto pone de relieve desigualdades que ya se han vivido, o se siguen viviendo, en Latinoamérica e incluso en México, en las que el acceso al aborto queda limitado a mujeres que viven en ciertas entidades o regiones, y en aquellas donde aún no está despenalizado, es accesible para mujeres con recursos económicos que tienen la posibilidad de allegarse el servicio o pagar traslados, mientras se criminaliza a quienes no los tienen.  

La propuesta de la Women’s Health Protection Act nació mucho antes de la anulación de la sentencia Roe vs. Wade, con la finalidad de incorporar el acceso al aborto en la ley de una forma definitiva y crear políticas públicas más integrales, pero nunca ha sido aprobada en su totalidad. “Cuando lo ganábamos en la Cámara baja, el Senado no votaba después, pero siempre se ha seguido presentando”, subrayó Martínez.

Para ella, la aprobación del Congreso es particularmente relevante porque todos los derechos que protegía la sentencia Roe vs. Wade están en jaque. La manera en que esta resolución garantizaba el derecho al aborto era mediante una interpretación del derecho a la privacidad, contemplado en la enmienda 14, que en su lectura más amplia era considerado como derecho a la libertad. 

Por lo tanto, ese derecho era una especie de paraguas que recubría el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su cuerpo en el ámbito de la salud reproductiva, incluido el aborto. Al mismo tiempo, esa interpretación también garanizaba el derecho al matrimonio de las personas del mismo sexo, el matrimonio interracial, el acceso a técnicas de reproducción asistida y el acceso a anticonceptivos, entre otros. 

“Todas las esperanzas están puestas en el Congreso, así que hay que tener esperanza, porque en este momento con la Corte va a ser difícil, y la respuesta del Congreso en este tema en realidad sería muy importante no solo para abortos, sino también para muchos otros derechos que están en jaque si la decisión de la Corte es el criterio que predomina”, concluyó Martínez.