#RentaJusta: Inquilinos en CDMX piden ley para impedir desalojos en epidemia
Zedryk Raziel · 25 de junio de 2020
Activistas que habitan la Ciudad de México urgieron la aprobación de una “Ley Inquilinaria” que garantice que ninguna persona sea desalojada de su vivienda por falta del pago de renta durante la pandemia de coronavirus COVID-19 y facilite mecanismos de negociación entre arrendadores y arrendatarios.
La iniciativa #RentaJusta es impulsada por el Observatorio Vecinal 06600 de la Colonia Juárez. La numeración en el nombre del colectivo es un código postal y alude a la arraigo de los vecinos que iniciaron el movimiento, explica Sergio González, líder del colectivo.
La organización propone que, de manera urgente, el gobierno de la Ciudad de México prohíba los desalojos de personas que no puedan continuar pagando el alquiler de su vivienda por desempleo o por la reducción de sus ingresos.
La propuesta señala que el Estado debe asumir un rol central de regulación y mediación equilibrada entre arrendadores e inquilinos, de manera que la ayuda a una de las partes no afecte indebidamente a los propietarios.
“Es necesario que existan previsiones legales que permitan paralizar, reducir o suspender y prorrogar, sin ninguna penalización, pagos de rentas de inmuebles usados para viviendas o micro y pequeños negocios familiares a solicitud de la persona que compruebe su situación de necesidad. El Estado deberá facilitar el acuerdo entre las partes, e incluso establecer un organismo de mediación entre ellas. El propietario de una vivienda que pueda demostrar que depende del alquiler para satisfacer sus necesidades básicas y que no ha cobrado el mismo por las razones antes señaladas deberá recibir un apoyo por parte del Estado para que la medida sea equilibrada y no perjudique a ninguna de las partes”, señala la propuesta.
Animal Político dio a conocer testimonios de personas que manifestaron tener dificultades para seguir pagando el alquiler de sus departamentos o establecimientos debido a la caída de sus ingresos durante la pandemia, y también historias de pequeños propietarios que, si bien accedieron de buena fe a negociar con sus inquilinos y a bajar el monto de la renta, manifestaron estar llegando al límite de sus posibilidades.
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“Nos interesa proteger al arrendador y también al arrendatario, y creemos que el gobierno tendría que construir una serie de estímulos para el pequeño arrendatario, porque también hay lo que se llama el gran tenedor, que renta edificios enteros para vivienda y oficinas, y consideramos que la ley no le debe dar el mismo trato que a una persona o una familia que tiene una propiedad de la cual depende la totalidad de su economía, de la renta de ese bien inmueble, que puede ser un local comercial o un lugar de vivienda”, explica González.
Detalla que, con ayuda de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC, por sus siglas en inglés) y de académicos de la UNAM y del ITAM, el Observatorio Vecinal levantó en mayo una encuesta entre 2 mil personas que arriendan en la Ciudad de México y el área metropolitana para conocer sus dificultades en el pago de la renta por la crisis sanitaria.
El informe de resultados señala que 256 personas resultaron afectadas por desalojos en plena emergencia de COVID-19. También indica que el 63% de las personas que rentan su vivienda enfrenta dificultades para pagar, y el 61.5% adelantó que no podrá cubrir el pago durante los próximos tres meses.
“Desarrollamos una encuesta que nos permitiera tener datos duros para demostrarle al gobierno de la CDMX la crisis que está por venir: que es que mucha gente va a terminar declarándose insolvente de las rentas que pagan”, advierte González.
Otros elementos de la iniciativa ciudadana del Observatorio Vecinal son que el Estado regule el mercado de precios inmobiliarios para evitar que estos aumenten durante la pandemia; que se creen mecanismos de vigilancia de la relación contractual entre inquilinos y arrendadores para sancionar abusos de alguna de las partes, y que se habiliten refugios temporales para personas sin vivienda, con acceso a todos los servicios para evitar que se vuelvan focos de infección del nuevo coronavirus.
González sostiene que una legislación como esta —que ya ha sido presentada a diputados locales de Morena— no solo garantizaría a cientos de familias el acceso al derecho a la vivienda digna, sino que, al procurar la larga permanencia de las familias en un mismo lugar, también contribuiría al fortalecimiento del tejido social y al combate a la inseguridad.
“Buscamos que se legisle para garantizar el derecho a la vivienda adecuada y evitar la destrucción del tejido social y el desplazamiento forzado de personas que pierden su arraigo a un territorio, que la mayoría de ellos termina yéndose a zonas conurbadas, perdiendo su derecho a la centralidad. Se tiene que garantizar la prevalencia de las personas en su casa, en su edificio, en su barrio, con su comunidad, y reconocerlas como constructoras del tejido social y por ende abonadoras a un entorno seguro para habitar un espacio”, explica el activista.