Ivonne Nuñez · 17 de noviembre de 2024
Hace apenas unos meses, la familia de Fátima Cecilia Aldrighetti Antón creyó que había zanjado el camino hacia la justicia que anhela desde hace más de cuatro años.
Fue en marzo de este año cuando el juicio en contra de Giovanna “N” y Mario “N”, la pareja acusada del feminicidio de la pequeña “Fati” en 2020, inició a pesar de los múltiples amparos presentados por su defensa para aplazarlo.
Sin embargo, la familia no contaba con que siete meses después, la jueza a cargo del caso solicitaría su retiro por incapacidad médica, anulando así los avances alcanzados y obligándola a iniciar un nuevo y doloroso proceso judicial.
“Es una noticia que nos ha costado mucho procesar”, mencionó Sonia López, la tía de Fátima, en un comunicado. “Esta anulación es una revictimización para la familia. Todo el trabajo realizado durante este tiempo para poder alcanzar justicia, se descarta, fue en vano”, lamentó.
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Reiniciar un proceso como éste implica un esfuerzo titánico para las familias. Son meses de escuchar nuevamente los testimonios e informes de peritos sobre los daños ocasionados a la víctima, revivir su dolor y el propio, pinchar la herida que a pesar del tiempo recorrido no termina de sanar.
La herida de la familia Aldrighetti Antón se abrió el 11 de febrero de 2020. Ese día, Giovanna “N” se llevó a Fátima de la primaria donde estudiaba en Xochimilco, la misma escuela donde también estaba inscrito uno de sus hijos. Se aprovechó de que la niña la conocía y que su mamá llegó unos minutos tarde a recogerla. Luego la llevó a su casa donde su esposo, Mario “N” abusó de ella y le quitó la vida. El cuerpo de la pequeña fue hallado cinco días después al interior de una bolsa de plástico, en la alcaldía vecina de Tláhuac.
A cuatro años del crimen que conmocionó al país entero, a pesar de las pruebas contundentes en su contra y de haber confesado el crimen a sus familiares, Mario y Giovanna, los principales sospechosos del feminicidio de Fátima, siguen sin ser sentenciados.
El viernes 15 de noviembre a las 9:00 horas se llevó a cabo la nueva audiencia de debate en los juzgados de control del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. A la sesión asistieron Sonia, la tía de Fátima, sus asesores jurídicos y la defensa pública que representa a Giovanna y Mario. Ahí se informó que el proceso estará a cargo del juez Antonio Cortés Mayorga.
En entrevista con Animal Político, Sonia López precisó que, después de haber sido desechados todos los amparos presentados por la defensa de los presuntos agresores, habían logrado pasar a la etapa de juicio oral y presentar todas las pruebas con las que cuentan para acreditar su culpabilidad. Sin embargo, el pasado 9 de octubre les notificaron que por razones médicas, la jueza Mónica del Valle Olivares no podía reanudar sus actividades por lo que el juicio fue anulado.
“Esa es la parte complicada de todo esto porque al final esos meses que ya habíamos avanzado, después de cuatro años de estar esperando que llegara este momento, se van a la basura y volvemos a iniciar con un nuevo juez”, comentó.

El juicio oral es la tercera y última etapa dentro de un proceso penal. Durante ese periodo se desahogan las pruebas previamente admitidas por el juez o la jueza, se emiten los alegatos finales y se dicta la sentencia correspondiente.
A pesar del esfuerzo que implica recorrer de nueva cuenta la primera fase del desahogo de pruebas, la tía de Fátima asegura que ellos no desistirán hasta lograr su objetivo: obtener la condena máxima para los agresores y sentar un precedente para que ningún caso de este tipo vuelva a quedar impune.
El 21 de febrero de 2020, Mario y Giovanna fueron vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en el secuestro y feminicidio de Fátima. Un juez capitalino dictó prisión preventiva para ambos mientras se llevaba a cabo su juicio. Actualmente él se encuentra recluido en el Reclusorio Preventivo Oriente y ella en el Penal Femenil de Santa Martha.
En la Ciudad de México la pena máxima por el delito de feminicidio es de 70 años de prisión, con la posibilidad de agravarse hasta en una tercera parte cuando la falta se comete en contra de una persona menor de 12 años.
Mientras que por el delito de secuestro, la pena máxima es de 60 años de cárcel y entre mil a 3 mil días de multa. Al igual que el feminicidio, la pena puede ser mayor si se comete contra un menor de edad.
“Creemos que debemos mandar un mensaje claro y contundente a todas las personas que se atrevan a hacerle daño a niños y menores, que se den cuenta que la impunidad ya no está en este país, que este tipo de actos tendrán sentencias máximas. Tenemos que sacar a estos feminicidas de las calles”, remarcó Sonia.