Reformas pendientes para consolidar derecho al aborto en CDMX y Aguascalientes, urgentes rumbo al 8M
Marcela Nochebuena · 8 de marzo de 2026
La aprobación de la iniciativa para sacar del Código Penal de la Ciudad de México el delito de aborto, así como la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la reducción del periodo para abortar en Aguascalientes, pendiente desde principios de año, son algunas de las reformas cuya exigencia es más apremiante rumbo al 8M.
La discusión de la iniciativa que propone la eliminación absoluta del delito de aborto en el Código Penal capitalino fue aprobada en comisiones del Congreso de la Ciudad de México a finales de 2024, pero después se frenó su votación en el pleno y quedó congelada.
“Las compañeras del Congreso de la Ciudad de México tienen una obligación con nosotras y con esta agenda. Me parece que el que avancemos en este momento con la eliminación del delito de aborto, y lo vamos a decir muchas veces para que no se nos olvide, tiene que ver con una voluntad política que necesitamos ahorita”, recordó Aidé García Hernández, directora ejecutiva de Católicas por el Derecho a Decidir.
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Durante una conversación sobre los pendientes en la agenda por el acceso al aborto, explicó que la organización recientemente hizo tres propuestas a las diputadas locales para definir una ruta de trabajo. La primera es avanzar en los estados que todavía tienen las mayores restricciones en materia de aborto –los ocho que no han despenalizado en el país—; después, una ruta clara para la eliminación definitiva del tipo penal —con el fin de que sea regulado en las leyes de salud—, y consolidar el aborto como un asunto de salud pública.
Por otro lado, ella y otras especialistas —Angie Contreras y Lizeth Mejorada, de Vivas y Libres, y Elida Caballero Cabrera, jefa de incidencia de Women’s Equality Center— resaltaron la necesidad de fortalecer la capacidad narrativa en torno a abordar el tema del aborto como derecho y asunto de salud pública, ante discursos de la derecha que plantean una agenda que insite en retrocesos.
Caballero Cabrera apuntó específicamente las lecciones que deben aprenderse del caso de Estados Unidos que, a la mala, dejó muchas enseñanzas, principalmente que los derechos de las mujeres y la democracia nunca están a salvo. Esto quedó demostrado con la revocación de la sentencia Roe vs Wade, que garantizaba el acceso, después de 50 años, y que después implicó otras medidas restrictivas y regresivas en diversos estados de ese país.
Esto es particularmente relevante en México porque hay estados en los que pese a la despenalización en las 12 primeras semanas de la gestación, el aborto sigue sin ser visto como un servicio de salud pública. Ante ello, las especialistas consideraron que es muy importante que marcar una diferencia entre lo que significa garantizar un derecho, y lo que significa que ese derecho pueda ser liberado de condiciones criminalizantes.
En 27 de los 32 estados del país el aborto se considera despenalizado por la vía legislativa o por la judicial mediante amparos hasta la semana 12, excepto por Aguascalientes. Al menos en cuatro aún sigue pendiente legislar para armonizar las leyes locales. En tanto, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora siguen sin despenalizarlo.
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Sin embargo, debido a los supuestos en los que se mantiene la penalización del aborto, en México aún persisten carpetas de investigación. En el 2025, 63 mujeres aún se encontraban en prisión, en espera de una sentencia, por haber interrumpido su embarazo. Esto a pesar de que en septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la criminalización absoluta del aborto es insconstitucional.
El siguiente paso, por lo tanto, debe ser su eliminación definitiva del Código Penal para ser regulado en las leyes de salud. Dado que el próximo mes la Ciudad de México cumple 19 años de haber despenalizado el aborto —como la primera entidad que lo hizo—, la capital debería ser la primera en mostrar congruencia con la garantía de los derechos de las mujeres. “Nos parece muy importante que, efectivamente, hagamos ese llamado para todas las autoridades y tomadoras de decisiones que han dicho estar comprometidas con este tema”, apuntó García Hernández.
Las regresiones pendientes en México
En 2023 Aguascalientes despenalizó el aborto hasta la semana 12 de gestación, pero antes de que se cumpliera el año de esas reformas, el Congreso decidió reducir ese periodo a seis semanas en agosto de 2024. Además, eliminó la categoría de “personas gestantes” y suprimió las causales imprudencial, riesgo a la salud y peligro de vida.
A principios de este año, se esperaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutiera un proyecto, derivado de dos acciones de inconstitucionalidad, que propone ordenar al congreso estatal revertir esas reformas, por ser regresivas y contravenir las disposiciones del máximo tribunal.
El proyecto para resolver la acción de inconstitucionalidad 172/2024, elaborado por el ministro Irving Espinosa Betanzo, sostiene que la Corte ha declarado la invalidez de diversos artículos tanto de la Constitución como del código penal de Aguascalientes respecto del reconocimiento de la vida desde la concepción y el andamiaje punitivo en torno al aborto, por trasgredir los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes.
Contreras explicó que lo que pasa en Aguascalientes, y al mismo tiempo en toda la región del Bajío, no es ajeno al contexto del país. La región, sin embargo, sigue resistiendo por los derechos sexuales, así como por el derecho a la salud de todas las personas, pero a veces lo hace navegando contra una marea de intenciones regresivas.
Las reformas que redujeron el periodo para abortar en Aguascalientes son simbólicas, pero también un laboratorio, porque lo que sucede en la entidad, donde se han expresado incluso intenciones de reducir el periodo permitido hasta las tres semanas de gestación, es una especie de “experimento”, en el sentido de que si se mantiene la reforma, y la Corte no logra revertirlo, podría replicarse en otros estados.
Aunado a ello, la reducción de 12 a seis semanas también tiene el efecto de generar, modificar y acomodar otras reformas en materia de salud y penales que le van dando al Estado la posibilidad de usar toda su capacidad para imposibilitar el acceso de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a su derecho a la salud.
Sobre la iniciativa que también permanece congelada en el Congreso de la Unión para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud —lo cual enviaría un mensaje importante, pero no ahorraría la necesidad de que los estados despenalicen, pues el delito se persigue en el fuero local—, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir subrayó que el aborto ya es un hecho; solo hay que ajustar las leyes y dejar de criminalizarlo.
Por ello, llamó –inlcuso desde su adscripción religiosa— a dejar de ver la discusión en torno al aborto como una disyuntiva moral, a ampliar la conversación al respecto y a apuntar hacia la despenalización social. Mientras la discusión del caso de Aguascalientes se pospuso en la Corte sin fecha prevista para retomarlo, Vivas y Libres mantiene una plataforma de recolección de firmas para buscar sacar el aborto del Código Penal de la Ciudad de México.