Reconocen crisis por bullying… pero no hay datos para combatirlo

[contextly_sidebar id=”72c5a1c0d44a57beb17c84dca0012857″]La muerte de Héctor Alejandro tras ser víctima de bullying en una escuela en Tamaulipas llevó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a hablar por primera vez de la gravedad del acoso escolar y a reconocer que esta práctica “se ha anidado en varios centros educativos del país”.

Según el mandatario, el acoso escolar es el reflejo del nivel de violencia que existe en las calles, por lo que se comprometió el pasado 23 de mayo a impulsar políticas públicas efectivas para combatirlo y erradicarlo; aunque activistas y defensores de derechos humanos consideran que más allá de las promesas el primer paso debe ser contar con datos fiables sobre el problema, pues actualmente no existen cifras actualizadas y la mayoría de las que se citan para reflejar la magnitud del fenómeno son sobre violencia en general y no sobre la que ocurre en escuelas.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó este martes por los vacíos en la prevención y atención al maltrato infantil y de la necesidad de tener un Diagnóstico de la violencia en contra de niñas y niños a nivel nacional.

Los únicos datos que esa organización posee respecto al problema en México datan de 2011, cuando sólo 16 de las 32 entidades federativas reportaron el número de casos acumulados de maltrato infantil.

En ese año, se documentaron 21mil casos de maltrato ante las procuradurías de la defensa del menor y la familia de los Sistemas Estatales del DIF; pero en total, sólo hubo 1,666 denuncias.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también busca contabilizar los casos de acoso escolar. En mayo de 2013, el organismo informó que el 40% de 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria en instituciones públicas y privadas habían sido víctimas.

Ese dato no ha sido actualizado ni confirmado por instancias federales como la Secretaría de Educación Pública.

La CNDH también cita estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos para alertar sobre la magnitud del fenómeno del bullying entre los alumnos mexicanos y asegura que según ese organismo, México ocupa el primer lugar a nivel internacional con mayores casos; pero la OCDE confirmó a Animal Político que no cuenta con un informe específico sobre acoso escolar que revele ese dato.

En general, en México no existen datos sobre cuántos menores han muerto en un centro educativo del país tras haber sido agredidos por sus compañeros ni sobre alumnos lesionados durante horarios de clases.

Iniciativas en el Congreso

En ambas Cámaras se han presentado diversas iniciativas para combatir el bullying, entre las que se encuentran modificaciones a la Ley General de Educación, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación o la Ley General de Salud.

En diciembre pasado, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mario Delgado, presentó la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el entorno Escolar con el argumento de que el bullying afecta el desarrollo personal de alumnos y alumnas, el desempeño académico y finalmente deriva en violencia en las calles.

Y aunque ésta y otras iniciativas vinculadas al acoso escolar están atoradas en el Congreso, este miércoles se presentó una más de parte de senadores de diferentes partidos políticos.

Integrantes del PRD, PRI, PAN, PT y Nueva Alianza presentaron el proyecto para expedir la Ley General de Prevención, Combate y Erradicación a la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Aunque ésta no se enfoca exclusivamente en bullying sí cuenta con un apartado para combatir y erradicar la violencia en el entorno escolar.

En el artículo 15 se plantea que este tipo de violencia se produce en el espacio educativo y es producida tanto por otros alumnos como por maestros, educadores y personal del centro.

La Redim considera que en la discusión legislativa se debe introducir una prohibición legal explícita de toda forma de violencia contra niñas y niños, además de garantizar una investigación en casos de acoso escolar y maltrato infantil, la seguridad de las víctimas y la conformación de un Sistema Nacional de información oficial con datos certeros sobre la violencia contra menores.