Quejas de personas en situación de calle contra Bienestar CDMX suben 180%

Las quejas por violaciones a los derechos humanos de personas en situación de calle presuntamente cometidas por funcionarios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) crecieron 180% entre 2019 y 2022, periodo de la actual administración del Gobierno de la Ciudad de México.

Las personas que integran las poblaciones callejeras reclamaron ante la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred) que existió violencia física y verbal en su contra dentro de los albergues de la Sibiso, así como en los operativos de desalojos forzados en los que personal de la dependencia, a veces acompañado por policías, les invita a ingresar a estos espacios.

La Sibiso es la dependencia en la que se ha observado el mayor incremento en las quejas presentadas ante la CDHCM durante el sexenio de Claudia Sheinbaum: entre 2019 y 2022, en total tuvo 93 denuncias. En 2019 fueron 10 y para 2022 la cantidad se elevó a 28.

Antes, en el periodo de 2012 a 2018 —cuando se llamaba Secretaría de Desarrollo Social—, acumuló 49 reclamaciones. En total, en un periodo de 10 años, ha tenido 142.

La Sibiso también es la autoridad que recibió más denuncias por presuntos actos de discriminación contra personas en situación de calle ante el Copred. Entre 2013 y 2022, el Copred registró 106 quejas relacionadas con esta población y en 19 de ellas se identificó a funcionarios de la secretaría como posibles agresores, según información proporcionada a través de una solicitud de información.

Consultada sobre la situación, la Sibiso envió a Animal Político una tarjeta informativa en la que señaló que las quejas deben verse en su contexto y aseguró que quienes trabajan en la dependencia y sus albergues “tienen el imperativo ético de proporcionar atención, sensibilizar, contener y motivar a la población usuaria, con el fin de promover una convivencia armónica”.

“Es importante señalar que el grueso de las quejas se refiere a que hay reglas y horarios establecidos o a personas servidoras públicas que median en conflictos entre usuarios. Esto debe contextualizarse, además, en espacios donde se atiende a 2 mil 500 personas diariamente”, indicó.

Respecto del aumento de quejas, la titular de la CDHCM, Nashieli Ramírez, reconoció en entrevista que “en un periodo por lo menos de 10 años se han incrementado bastante las quejas que se interponen por presuntas violaciones a los derechos de esta población”, lo que a su parecer responde a que “algo pasó con el registro de cómo las catalogaban antes, porque no establecían cuando se trataba de personas en situación de calle”, además de que los quejosos cuentan con mayor información sobre cómo y dónde denunciar.

“Se han utilizado métodos que van en detrimento de la dignidad”

La explicación de la CDHCM sobre el aumento en las quejas contrasta con la de la asociación El Caracol, dedicada al acompañamiento y la defensa de derechos de personas en situación de calle, que alerta que el alza se debe a que las vulneraciones hacia esta población se han incrementado, en un contexto de opacidad de las instituciones.

Luis Enrique Hernández, director de El Caracol, señaló en entrevista que la organización ha acompañado diversos procesos de personas en situación de calle para interponer quejas contra los albergues de la Sibiso, “porque refieren que los baños son muy pocos para tantas personas y a veces no sirven, por la presencia de fauna nociva como chinches y cucarachas, y por maltratos que se dan del personal a las personas que buscan apoyo”.

Estas acusaciones coinciden con las descripciones de las quejas que ha recibido el Copred sobre presuntos actos de discriminación de funcionarios de la Sibiso, que en su mayoría se dan por maltratos contra las personas de poblaciones callejeras en los espacios destinados para su alojamiento.

Algunas de ellas refirieron actos como que “en el albergue Benito Juárez una persona en situación de calle que iba en silla de ruedas se acercó con el policía de la entrada, solicitándole permiso para bañarse, a lo que el oficial le dijo ‘dame 36 pesos, si no lárgate’, por lo que la persona se retiró”; que “en (en el albergue de) Coruña no permitieron asearse a una usuaria, ya que le dicen que solamente autorizan bañarse a pocas personas, y el personal obliga a entrar a los espacios de aseo a hombres y mujeres al mismo tiempo”, o que “no les proporcionan medicamento, y cuando se los dan, está caducado”.

Otros actos denunciados fueron los desalojos forzados. Quejosos indicaron que funcionarios llegan a los puntos de pernocta y tratan de convencerlos de ir a albergues. “Si nos negamos nos amedrentan”, dijeron, aunque, según el Protocolo interinstitucional de atención integral a personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México, los retiros forzados están prohibidos por la propia autoridad.

A finales de enero, un desalojo forzado motivó una protesta de personas de poblaciones callejeras, quienes con el cierre de una avenida exigieron el cese de los operativos con los que en días previos habían intentado quitarles sus pertenencias y que se fueran de las inmediaciones del Metro Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde llevan más de seis años viviendo.

Hernández lamentó que, con la intención de que haya menos personas en situación de calle, “se han utilizado métodos que van en detrimento de la dignidad y los derechos humanos de las personas”, mismos que se incrementaron de 2020 a 2022, en el marco de la pandemia de COVID-19, “porque no había sociedad civil observando el actuar de las autoridades”.

“Hay algunas personas que después de haber sido institucionalizadas en ese periodo, no sabemos dónde están, y en el caso de quienes permanecen en calle, los grupos han tenido que movilizarse a zonas mucho más lejanas y de difícil acceso, lo que los pone en situaciones de mayor riesgo”, dijo.

El director de El Caracol recordó que, hasta 2018, las autoridades capitalinas trabajaban con la población callejera apoyadas por la sociedad civil, que colaboraba para la implementación de acciones como un transporte que llevaba a las hijas e hijos de personas en situación de calle a la escuela, y con una supervisión constante a los albergues, lo que permitía la identificación de los usuarios para continuar con un seguimiento de los casos.

Sin embargo, “desde finales de 2018, cuando llegaron las nuevas autoridades, ya no nos permitieron el acceso a los albergues, cuando antes podíamos entrar, incluso porque llegamos a acompañar algunos procesos de personas que estaban dentro; teníamos la posibilidad de coordinar con distintas autoridades los procesos, pero ahora no podemos saber qué pasa con quienes llegan ahí, ni quiénes son, nuestra única referencia son las personas que hablan de situaciones de maltrato y condiciones que no son dignas”.

En los siete años previos a la actual administración, de 2012 a 2018, la CDHCM acumuló 383 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de poblaciones callejeras, mientras que en los siguientes cuatro años, durante la gestión de Claudia Sheinbaum, se interpusieron 322.

En el periodo de 2012 a 2022, las quejas interpuestas ante el organismo por personas integrantes de las poblaciones callejeras se incrementaron 889%, al pasar de nueve a 89 por año.

La titular de la comisión explicó que, cada que reciben una denuncia por actos presuntamente ocurridos en albergues, personal de la institución acude a estos espacios para investigar los hechos, que en algunas ocasiones no se comprueban, y en otros se busca la conciliación de las partes, con el compromiso de las autoridades de tomar medidas.

La violencia interinstitucional

La dependencia que acumuló más quejas por presuntos actos de violencia contra personas en situación de calle es la Secretaría de Seguridad Ciudadana (255), seguida de la Sibiso, la Secretaría de Salud (71), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (70), la alcaldía Cuauhtémoc (42) y el DIF (20).

Entre 2012 y 2022, también se quejaron de la alcaldía Benito Juárez (14), la Secretaría de Gobierno (14), la Consejería Jurídica (14), así como las alcaldías Venustiano Carranza (13), Coyoacán (9), Gustavo A. Madero (5) y Miguel Hidalgo (5).

Las dependencias con menos actos reclamados —uno cada una— fueron, entre otras, las alcaldías Cuajimalpa y Magdalena Contreras, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Protección Civil.

Según los registros de quejas de la CDHCM, la mayoría de las quejas se dieron por la presunta violación al derecho de la seguridad jurídica (191), la integridad personal (133), la salud (96), la igualdad y no discriminación (94), la personalidad (77), un nivel de vida adecuado (60) y el de propiedad (60).

Por grupos específicos, la CDHCM cuenta con 39 quejas por posibles violaciones a los derechos humanos de niños y adolescentes, 10 de personas con discapacidad y nueve de adultos mayores.

“Esto muestra que las poblaciones callejeras viven un grado de hostigamiento alto; la pregunta es: ¿qué vamos a hacer con los impactos de violencia? Las huellas nada ni nadie se las va a borrar, estas personas se encuentran de por sí en condiciones difíciles por estar en la calle, y además tienen que aguantar agresiones todos los días”, cuestionó Enrique Hernández.

La importancia de conocer sus derechos

Una de las labores principales de El Caracol es informar a las personas de las poblaciones callejeras acerca de sus derechos y cómo defenderlos. Durante todo el año, educadoras de la asociación realizan talleres en los que hablan con las personas acerca de qué hacer en caso de que sufran alguna violencia, lo que —en opinión de Hernández— ha influido en que haya aumentado la cultura de denuncia.

“Para nosotros este trabajo ha sido muy importante, porque es una población que ha estado tan expuesta a la violencia que a veces la normaliza, pero en los talleres tienen la posibilidad de reflexionar acerca de sus derechos, y poco a poco van identificando qué tipo de violaciones han vivido. Además, se les explica que pueden ser acompañados para reclamar por ello”, dijo Hernández.

En los casos en los que las personas deciden poner una queja, las educadoras de la asociación inician el procedimiento a través de la línea telefónica de la CDHCM (55 5229 5600), y en algunos casos solicitan medidas precautorias.

“Las personas vienen a nuestras oficinas y desde aquí hacemos la llamada, con la presencia del educador, lo cual es importante porque les da seguridad, y nos permite contar con la información para dar seguimiento al procedimiento, que en algunas ocasiones implica presentarnos personalmente ante la comisión para ratificar las acusaciones, lo que ocurre también con compañía nuestra”, explicó Hernández.

La asociación también invita a las personas a que inicien procesos para recuperar sus documentos de identidad, ingresen a cursos de capacitación, tomen tratamientos contra las drogas y lleven a sus hijos a la escuela, de tal forma que se acerquen a la posibilidad de dejar de vivir en las calles.

“Compartimos con las autoridades la intención de invitar a la gente a dejar de vivir en la calle, pero nuestro método es distinto; con educación y sin violencia hemos logrado que varias personas recuperen su confianza y accedan a apoyos y servicios que les permitan también recuperar sus vidas”, dijo el activista.