¿Qué acuerdos no se han cumplido en la UACM?

Tras analizar la situación que priva en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, inmersa en un conflicto estudiantil-académico desde hace ocho meses –tres de los cuales estuvo, de hecho, en paro a raíz de dichas pugnas–, este martes los poderes Legislativo y Ejecutivo capitalinos, así como la Comisión de Derechos Humanos del DF, instaron tanto a detractores como a simpatizantes de la rectora Esther Orozco a cumplir a cabalidad los acuerdos alcanzados en noviembre pasado, gracias a la mediación de estos tres órganos locales, pero que hasta la fecha no han sido respetados por ambas partes.

A continuación, te presentamos un resumen de dichos acuerdos, orientados a poner fin al conflicto en la UACM, y que no han sido abordados por los bandos en pugna en unos casos, o que han sido cumplidos parcialmente en otros e, incluso, violados abiertamente en unos más.

¿Quiénes conforman el Consejo Universitario?

El primer acuerdo establecido el 26 de noviembre de 2012 está relacionado con la integración misma del Consejo Universitario, máximo órgano rector de la UACM, por lo que el texto signado enlista los nombres de “50 consejeros ya reconocidos por ambas partes”, los cuales deben sesionar en su totalidad –o con el quórum mínimo legal–, para convalidar los pactos alcanzados con la mediación de la Asamblea Legislativa, y cuyo fin es restablecer la vida académica en esta casa de estudios.

En la lista de 50 consejeros reconocidos, cabe destacar, va incluido tanto el nombre de Esther Orozco –desconocida como rectora por sus opositores–, como el de los 20 consejeros críticos que, por su parte, la rectoría de la UACM ha dado por suspendidos y a los cuales, además, denunció penalmente porque “ejercieron funciones sin tener una legítima posesión de sus encargos”, al participar en el cónclave en el que dieron por destituida a Orozco.

Así, pues, el primer paso para dar cumplimiento al acuerdo es que estos 50 consejeros se sienten a tomar decisiones en conjunto.

La primera sesión…

El convenio alcanzado entre críticos y simpatizantes de Orozco establece que esta sesión extraordinaria del Consejo, que reunía por primera vez a sus 50 integrantes reconocidos, debía darse el 29 de noviembre pasado, es decir tres días después de la firma de este pacto, teniendo como sede el Museo de la Ciudad de México; sin embargo, aunque este encuentro sí dio inicio, quedó atorado en el pase de lista y, finalmente, se suspendió.

El motivo de la discordia fue, de hecho, la interpretación del segundo acuerdo establecido por las partes, que deja fuera de las sesiones del consejo a todos aquellos integrantes que hubieran iniciado juicios de amparo, hasta que estos no hayan concluido, caso en el que se encuentran cuatro simpatizantes de Orozco –no incluidos en la lista de los 50, pero que tramitaron la protección de la justicia federal al impugnar el proceso electoral para la renovación del Consejo–, así como 12 detractores –sí contemplados entre los 50 “reconocidos”– que habían iniciado un juicio de garantías pero que, el mismo 29 de noviembre, anunciaron su desistimiento.

Pese a ello, inconformes ambas partes con la participación de consejeros rivales que contaran con amparos, aún de aquellos que se desistieron, y ante la negativa mutua de retirarlos, la sesión se rompió.

Por esta razón, propiamente no se atendió ninguno de los acuerdos alcanzados con la mediación de la Asamblea Legislativa, que estaban directamente orientados a la normalización de la vida académica en la UACM.

Espacios retenidos…

El acuerdo más urgente en noviembre pasado tenía que ver con la entrega de las instalaciones que, por tres meses, mantuvo tomadas el movimiento estudiantil-académico opuesto a Orozco. Este acuerdo fue cumplido por los paristas, pero sólo parcialmente, ya que aunque permitieron la apertura de los cinco planteles de la UACM, mantuvieron bajo su poder las oficinas administrativas de esta casa de estudios, así como la oficina ocupada por Orozco en el plantel de la colonia Del Valle.

En los hechos, estas instalaciones siguen en poder del grupo opositor a la rectora, puesto que, aunque a inicios de la semana le entregaron estas oficinas a Enrique Dussel, al que nombraron rector interino, dicho nombramiento no ha sido convalidado oficialmente y sólo es reconocido por los integrantes del movimiento.

Decisiones sin validez…

Aunque los 50 consejeros se dividen en dos bandos, cada uno de los cuales reclama la titularidad del Consejo Universitario, el acuerdo signado el 29 de noviembre reconoce tácitamente al grupo afín a Orozco, que sesiona desde el 22 de agosto de 2012 sin la participación del grupo opositor,  como el instalado legítimamente; sin embargo, los pactos de la ALDF establecen que las determinaciones tomadas por los simpatizantes de la rectora deben ser “revocadas”.

Entre estas decisiones que deben ser revertidas están diversas sanciones administrativas en contra de integrantes del movimiento opositor; la integración de las comisiones del Consejo –de las que quedaron fuera todos los críticos a la rectora–; además del reconocimiento como consejeros que se otorgó a los cuatro “amparados” afines a Orozco.

Garantías…

Por último, los pactos suscritos por simpatizantes y detractores de la doctora Esther Orozco en noviembre pasado, cuyo cumplimiento exigieron ayer el GDF, la Asamblea y el ombudsman capitalino, también contemplan la garantía de que ningún miembro de la comunidad universitaria sea víctima de “persecución o criminalización” por el conflicto en la UACM, por lo que, en su primera sesión con sus 50 miembros, el Consejo Universitario debe aprobar un llamado “a cualquier apoderado legal de la UACM y autoridad administrativa universitaria, particularmente el abogado general y la contralora, a no abrir procesos jurídicos administrativos, así como a la cancelación de los ya existentes, y la eliminación de sanciones y todos aquellos actos que de ellos se deriven, contra miembros de la comunidad universitaria que participaron en el conflicto”.

Pese a ello, la administración de Orozco no sólo mantiene hasta la fecha las sanciones dictadas contra algunos integrantes del movimiento disidente de manera previa a los acuerdos de noviembre, sino que el pasado 6 de marzo presentó denuncias penales ante la Procuraduría de Justicia del DF contra 20 consejeros académicos, que participaron en la sesión en la que la declararon a Orozco destituida del cargo.

Además, el Consejo deberá conformar una comisión especial “para la atención y resolución conjunta de las demandas del Consejo Estudiantil de Lucha”.