Redacción Animal Político · 5 de mayo de 2026
Activistas acusaron al gobernador Alejandro Armenta de promover discursos antiderechos y de alentar la desobediencia institucional al cuestionar nuevamente la identidad de las infancias y adolescencias trans, pese a que existe un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obliga al estado de Puebla a reconocer sus derechos.
El posicionamiento de la organización Articulación por las Infancias Trans Puebla fue difundido este lunes, en respuesta a las declaraciones que el mandatario emitió por la mañana durante su conferencia.
En la conferencia, al ser cuestionado sobre la falta de avance legislativo en la armonización del marco jurídico para garantizar el reconocimiento de la identidad de género de menores de edad, Armenta sostuvo que “hay temas que requieren un debate amplio y que enfrentan a la sociedad por su naturaleza y hay que verlo con toda la normalidad la eutanasia el tema de las infancias los derechos de la niñez”.
Añadió que “el artículo cuarto constitucional mandata que la ley protege a los menores eso es antes que cualquier otro mandato”.

El gobernador afirmó que, frente a las diferencias sobre el tema, “puede haber opiniones de personas que tengan una opinión contraria pero también puede haber mayorías que tienen una opinión a favor o minorías así es nuestra sociedad de plural y hay que respetar las diferencias pero así es la democracia”.
Sostuvo que su recomendación es “diálogo, y si en algún momento es necesario, la consulta ciudadana. Son los procesos democráticos que existen”.
Ante es última afirmación —la posibilidad de someter la identidad de infancias trans a consulta— Articulación por las Infancias Trans Puebla advirtió que el gobernador “ha puesto nuevamente en duda la dignidad de las infancias y adolescencias trans al declarar que si es necesario se haga una consulta sobre su identidad, bajo el argumento de una supuesta falta de consenso”.
En su comunicado, la organización afirmó que, con estas declaraciones, Armenta “pretende desconocer el mandato de la Acción de Inconstitucionalidad 132/2021 emitida por la SCJN”, la cual obliga al estado a garantizar el reconocimiento de la identidad de género sin restricciones de edad.
Además, señaló que el Ejecutivo estatal “presiona indebidamente al Poder Legislativo y coloca al estado de Puebla en una ruta de desobediencia institucional”, lo que consideró una vulneración a la separación de poderes.
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En mayo de 2023, entonces como senador y aspirante a la gubernatura, Armenta declaró en rueda de prensa que “un niño hasta los 18 años debe de decidir y si no puede decidir no puede ser motivado a ninguna acción que afecte su estado emocional”, además de sostener que el reconocimiento de la identidad de género en menores de edad era “una moda” y aseguró: “hay que respetar la niñez”.
En aquella ocasión, Armenta argumentó que solo al cumplir la mayoría de edad una persona puede ejercer derechos plenamente: “cuando las personas tienen 18 años y deciden hacer de su vida lo que corresponda, eso significa ejercicio pleno de derechos”.

Para Articulación por las Infancias Trans Puebla, estas posturas no han cambiado y ahora se reproducen también desde espacios institucionales, como la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, cuyo titular —según el comunicado— “ha adelantado su voto en contra de la reforma, exhibiendo un alarmante desconocimiento de los tratados internacionales que México está obligado a cumplir”.
La organización subrayó que los derechos humanos no son materia de consulta y que someterlos a votación “es un acto de discriminación y violencia institucional”. Recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-24/17, reconoce el derecho a la identidad de género sin someterlo a límites de edad ni a aprobación de mayorías.
Señaló además que negar el reconocimiento legal de la identidad de una persona menor de edad “no protege a las infancias: las expone a la exclusión, la violencia y la negación de derechos básicos”, en contravención del principio constitucional del Interés Superior de la Niñez.