Verónica Santamaría · 2 de septiembre de 2025
Desde El Nuevo Bosque en Tabasco, comunidades como El Bosque, se reunieron para presentar la primera propuesta comunitaria de política pública que atienda, desde la prevención, el impacto de la crisis climática en México. Piden, además, que el gobierno federal priorice un presupuesto enfocado en atender los riesgos ambientales.
Como acto simbólico, comunidades y organizaciones presentaron esta propuesta en la localidad de El Bosque por tratarse de la primera comunidad en el estado de Tabasco que fue reconocida como desplazada climática interna en México. Su caso en busca de justicia climática llegó, incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante la conferencia de prensa, organizaciones señalaron que esta propuesta atiende a la triple crisis que se vive en el país y en el mundo. Se trata de una crisis por contaminación, crisis climática y pérdida de biodiversidad.
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Además señalaron que en el país no hay una norma interna que tenga una definición concreta de lo que es el desplazamiento climático, esto implica que se imposibilite el identificar qué autoridad es la responsable y qué se debe atender.
Tanto comunidades como organizaciones enfatizaron en que no solo se trata de atender la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños que conlleva atender el impacto de la crisis climática en una comunidad ya que, no se trata de contabilizar las cosas materiales con las que ya no cuentan.
Hace falta medir el trauma de las infancias, la pérdida del tejido social, los usos y costumbres que compartían en sociedad, como ocurrió con El Bosque y su tradición pesquera. Estas pérdidas sociales también deben ser atendidas.
Esta propuesta comunitaria de política pública se presenta en un momento importante para la política climática nacional, ya que se están elaborando y actualizando diversos instrumentos políticos nacionales como la Ley General de Cambio Climático, Contribuciones Nacionalmente Determinadas, Programa Especial de Cambio Climático y el Plan Nacional de Adaptación.
De forma alterna, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Nacionales (Semarnat) este 2 de septiembre se lleva a cabo un taller participativo para la actualización de la NDC 3.0 de México, para identificar temas y oportunidades que fortalezcan la implementación de nuestra nueva meta climática.
Pablo Ramírez de Greenpeace señaló que esta propuesta comunitaria hacia una política pública de desplazamiento climático en México fue construida por las personas que han sufrido desplazamiento por cambio climático pero que no han sido reconocidas por el Estado.
Se construye de manera multisectorial con comunidades y sociedad civil pero también ha estado personal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Semarnat.

“El caso de El Bosque mostró que existe una ausencia de política pública pero también lo que pasa en estados como Yucatán y Michoacán donde hay comunidades que no han sido atendidas por la falta de una política pública. Esta propuesta (…) debe ponerse en marcha y ser factible en un contexto como es el cambio climático”, señaló en conferencia.
La propuesta de una política nacional de Desplazamiento Climático en México contiene una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) 3.0 y retoma la Política Nacional de Adaptación.
Comunidades y organizaciones exhortaron a autoridades y sociedad que en México, el desplazamiento climático interno dejó de ser una posibilidad futura y se convirtió en una realidad urgente que afecta a miles de personas, especialmente a comunidades rurales, costeras e indígenas.
Animal Político revisó la propuesta comunitaria de política pública para atender el desplazamiento climático en México, la cual comprende cuatro etapas de acción:
Esta propuesta debe entenderse como una estrategia integral que busca reducir los factores de riesgo que obligan a las personas a abandonar sus territorios. Más que evitar por completo un fenómeno ya en curso, la prevención implica anticiparse a los impactos mediante la gestión ambiental y territorial sostenible, la articulación interinstitucional y la participación activa de las comunidades.
Contar con acciones de adaptación planificada reducirá la vulnerabilidad ante el desplazamiento climático, facilitará transiciones dignas a nuevos entornos cuando permanecer en el territorio no es posible. Esta adaptación debe ser un proceso integral que valore aspectos técnicos, emocionales, saberes locales y planeación a largo plazo.
El objetivo es evitar experiencias traumáticas mediante diagnósticos interseccionales, planes sensibles a las necesidades culturales y psicoemocionales, e infraestructura adecuada en los destinos.
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Comunidades y organizaciones señalan que la reubicación planificada debe ser el último recurso y sólo debe aplicarse cuando permanecer en el territorio no sea viable y ni garantice dignidad, derechos y participación de las comunidades.
Este proceso, como ocurrió con El Bosque, implica no sólo cambiar de lugar, sino transformar modos de vida y relaciones comunitarias. Es fundamental diseñar la reubicación de forma cuidadosa, con mecanismos que aseguren justicia social y climática.
La reubicación debe planearse con criterios claros, rendición de cuentas, transparencia y apoyo psicosocial para evitar ampliar brechas de desigualdad e injusticia preexistentes así como brindar atención para mejorar las condiciones de vida desde la dignidad y la justicia.

El desplazamiento climático y la reubicación planificada no terminan con el traslado físico de las comunidades. Ante estos cambios se inicia una nueva fase que requiere atención constante, apoyo institucional y mecanismos para la integración social.
En esta etapa se reconoce que los impactos del desplazamiento pueden ser duraderos y multidimensionales, afectando tanto a las comunidades reubicadas como a las receptoras.
Lo anterior obliga a dar seguimiento continuo y adaptativo para asegurar el cumplimiento de derechos, mitigar posibles efectos negativos y promover procesos de integración. Toda reubicación supone una ruptura con el territorio, los modos de vida, las redes sociales y la identidad colectiva. Esto puede dar lugar a conflictos, tensiones y repercusiones emocionales.
En contexto diferente, toda reubicación también puede abrir la posibilidad de establecer comunidades con mayor resiliencia, inclusión y cohesión. Para ello, comunidades y organizaciones proponen disponer de un marco legal definido, protocolos de seguimiento, mecanismos de diálogo y estrategias de integración.
Nora Cabrera, abogada, fundadora y directora de Nuestro Futuro A.C., explicó en conferencia a Animal Político que, hasta ahora, el diálogo con autoridades ambientales como la Semarnat, la Sedatu y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEEC) ha sido abierto y receptivo sobre cómo construir desde las comunidades.
“Invitamos a que sea prioritario un eje de desplazamiento climático. Hace falta articulación a nivel federal, porque no se puede mantener a nivel estatal. Esto requiere involucramiento de todas las autoridades y de manera transversal si no, no hay forma de atenderlo”, explicó
La abogada también enfatizó que el desplazamiento climático no debe tratarse sólo como un tema de acceso a la justicia porque implica atender un caso a la vez e ir viendo cómo se va resolviendo cada uno.
Pablo Ramírez de Greenpeace añadió que el alcance que se tenga de esta política pública está del lado de las autoridades. Desde la sociedad civil y la academia construyeron esta propuesta con base en las experiencias de las comunidades.
“Está de lado de las autoridades darle la relevancia e importancia. Esperamos tener buenas noticias, primero con los NDC que son [tan] importante de atenderse en el país, como los planes de adaptación y acción climática así como los Atlas Nacional de Riesgo”, dijo.

Señaló que tendrán que ir alojando en los presupuestos [la atención al cambio climático], como en el [presupuesto] federal, para atender la adaptación climática [porque] ahora no se usan; además de dar acciones que verdaderamente atiendan la problemática y se vean presentes en los territorios afectados.
De acuerdo con la propuesta comunitaria de política pública para atender el desplazamiento climático en México, las comunidades y organizaciones señalaron que las líneas estratégicas establecidas en el documento proporcionan la infraestructura institucional, técnica, social y financiera que permite operar de manera coherente las cuatro etapas clave que arriba se mencionaron anteriormente sobre prevención, adaptación, reubicación y seguimiento.
Por ello, tanto la gobernanza y articulación institucional asegurará que las acciones no se fragmenten entre niveles de gobierno o sectores, permitiendo una respuesta coordinada y eficaz.
En ese sentido, es el diagnóstico, la documentación y el monitoreo herramientas con las que se generará una base de información necesaria para anticipar riesgos, planificar con evidencia y evaluar impactos a lo largo del tiempo.
Por ello, la participación comunitaria e interseccionalidad garantiza que las políticas no solo sean técnicamente viables, sino también legítimas, inclusivas y culturalmente pertinentes.
Ramírez también destacó la importancia de contar con un presupuesto prioritario que atienda la prevención al desplazamiento climático; así como existe un monto que se incluye en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en el Anexo Transversal nombrado “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del Cambio Climático” (AT-CC).
En 2025, para combatir el cambio climático, se destinó un total de 243 mil 705 millones de pesos distribuidos en 60 programas presupuestarios que forman parte del AT-CC.
“(…) Es el presupuesto federal para atender la adaptación climática pero que ahora no se usa y den acciones que verdaderamente atiendan el cambio climático y que se ven presentes en los territorios afectados por el cambio climático”, exigió.
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Armelle Gouritin, experta en desplazamiento climático, apoyó la propuesta de contar con un presupuesto que se destine para atender el desplazamiento climático y el cambio climático.
“Sí es caro atender el cambio climático pero es más caro no prevenir. Lo mismo ocurre con el desplazamiento climático. Son sus derechos y deben exigirlo, para poner un costo y es importante valorarlo, saber qué conlleva, tener los parámetros para adoptar y valorar el costo de esas medidas. Es necesario hacerlo para adoptar las medidas y la importancia que se dedica al presupuesto”, secundó la experta.