Programa para jóvenes arranca con más presupuesto que la UNAM, aunque aún se diseñan sus reglas de operación
Redacción Animal Político · 10 de enero de 2019
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó este jueves 10 de enero en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos básicos de operación de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa para este sector con el mayor presupuesto: 44 mil 300 millones de pesos, un monto superior incluso al presupuesto de la UNAM para 2019.
Aunque los primeros becarios ya fueron seleccionados y hoy arrancará el programa sólo con lineamientos básicos de operación, la dependencia y la Secretaría de Hacienda aun están diseñando las Reglas de Operación del programa, es decir, el documento donde se fijan los criterios de diseño, operación, evaluación, impacto y rendición de cuentas y deberá ser publicado máximo el 28 de febrero.
El programa tiene como meta vincular a 2.3 millones
de jóvenes –sin importar su nivel de escolaridad– con empresas pequeñas,
medianas y grandes para laborar en diferentes actividades durante un año y a
cambio, recibirán una beca por 3 mil 600 pesos mensuales.
Pese a ser uno de los programas prioritarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y al monto asignado que significa 40 veces más que el presupuesto de la Secretaría de la Función Pública, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda decidió catalogar este programa con la clave presupuestaria de “subsidio”, lo que permitió evadir, por lo pronto, la emisión de reglas de operación.
López Obrador dijo que se logró un presupuesto de 44 mil millones de pesos para este programa y si se necesita más “vamos a conseguir más recursos”.
La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, dijo que hasta el momento un millón 100 mil jóvenes y 39 mil empresas han mostrado su interés para ofertar cerca de 300 mil vacantes.
Apenas el 8 de enero, Alcalde había anunciado que había 27 mil ofertas de vacantes y 37 mil empresas inscritas.
Animal Político preguntó a
Hacienda cuáles fueron los criterios para establecerlo como subsidio y
respondió en una ficha informativa que todos los programas presupuestarios
catalogados como “otros subsidios” transitarán a la categoría “sujetos a reglas
de operación” el próximo mes, porque las reglas aún están “en revisión” en la
Secretaría del Trabajo y en la Subsecretaría de Egresos de Hacienda.
Además, iniciar el programa como subsidio permite
hacer los ajustes necesarios para posteriormente establecer las reglas de
operación que fijarán los criterios de funcionamiento para todo el periodo de
funcionamiento del programa. Esto, dice Hacienda, responde “al ciclo de
políticas públicas en el que se encuentran los programas para hacer un uso
eficiente de los recursos públicos”.
Las reglas de operación en los programas sociales
fue una lucha permanente de la sociedad civil, por lo que tener programas de
esta magnitud sin ello representa una regresión a los años 70, advierte Lorena
Cortés, directora de proyectos de la Consultora Simo que hace análisis para el
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
Saber cuáles son las “reglas de juego” será
indispensable para conocer la población beneficiaria, los objetivos, las metas,
los indicadores y sobre todo determinar la eficiencia de un programa que
invertirá millones de pesos en un sector vulnerable en el país, dice Cortés.
Sin reglas de operación habría “una obscuridad
absoluta en cómo se va a manejar los recursos”, tampoco habría certeza de que
el programa no fuese utilizado electoralmente, que justo esa era una de las
demandas de la sociedad civil para establecer los criterios de funcionamiento.
Además, también se necesitan establecer los
mecanismos de evaluación para saber si el programa estaría cumpliendo con sus
objetivos. Y otro aspecto relevante contenido en las reglas de operación son
los criterios de actuación de los burócratas encargados de operar el programa
porque de lo contrario “no sabrán qué hacer”. Esto significa que las decisiones
recaerán en “las personas” y no en procedimientos claros, dice Lorena Cortés.
Los lineamientos
De acuerdo con los lineamientos del programa, el
único requisito de elegibilidad es la edad, pues serán considerados todos los
jóvenes que tengan entre 18 y 29 años y que no tengan empleo ni estudien. Por
lo tanto sólo deberán presentar su credencial de elector y comprobante de
domicilio para inscribirse.
Las zonas prioritarias serán los municipios de alta
marginación e indígenas, toda vez que, de acuerdo con la OCDE, la población
joven que no estudia ni trabaja está concentrada en las zonas de pobreza y
pobreza extrema, según se explica en el primer considerando.
En México 22% de la población joven no estudia ni
trabaja, lo cual es una cifra superior al 15% promedio entre los países de la
OCDE, por lo que este programa es inédito en la región para afrontar el
problema.
Respecto a la evaluación, aún en el supuesto de
permanecer como un programa de “subsidio”, el Consejo Nacional para la
Evaluación de la Política Social (Coneval) tendrá facultades para evaluar su
efectividad e impacto entre la población beneficiaria, según se advierte en los
lineamientos.
Fuentes del Coneval afirman que arrancar un
programa de esa naturaleza sin reglas de operación, si bien no es ilegal, al
menos es “poco ortodoxo” debido a que no están informando las “reglas del
juego”, los fundamentos, metas ni mecanismos de evaluación y rendición de
cuentas al inicio de operación.
Sobre la elegibilidad de las empresas, tampoco se
establecen criterios que limiten la participación, sólo tener un “plan de
capacitación” que los jóvenes recibirían en el lugar, que puede ser desde una
panadería, por ejemplo, hasta corporativos.