Congreso de Guerrero inicia revocación de mandato del exalcalde de Iguala; PGJ lo acusa de desaparición forzada

[contextly_sidebar id=”D8AdqW0HJKvQKMekU278td7WStlNDZ7u”]En las primeras horas de este jueves, inició el juicio de procedencia contra José Luis Abarca Velázquez, alcalde con licencia de Iguala, para quitarle su fuero.

El diputado Omar Jalil Flores Majul, presidente de la Comisión Instructora explicó que el procedimiento legislativo encaminado a la revocación de mandato contra el aún alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, tardaría ocho días en desahogarse y la declaratoria de procedencia por lo menos seis semanas. El documento se integró a las 02:30 horas de este jueves y se espera que hoy mismo lo trabaje la Sección Instructora del Congreso de Guerrero y se vote.

Este juicio de procedencia permitirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJ-Guerrero) juzgar al edil con licencia conforme a derecho, sobre los hechos que ocurrieron en su municipio el 26 y 27 de septiembre, donde seis personas fueron asesinadas por policías municipales y sicarios, y 25 más resultaron heridas.

“Bajo dicha circunstancia, la vía más rápida para dejar sin fuero al presidente municipal con licencia es la revocación del mandato”, afirmó Flores Majul.

Este es el tercer juicio que se promueve contra Abarca Velázquez, el primero lo presentó en junio de 2013 la regidora del PRD Sofía Lorena Mendoza, esposa de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unidad Popular (UP) asesinado tras encabezar una jornada de movilizaciones para exigir la entrega de fertilizante.

La regidora Mendoza siempre sostuvo que el alcalde estaba detrás de la ejecución de Hernández Cardona, lo que fortaleció a partir del testimonio de Nicolás Mendoza Villa, sobreviviente de la serie de homicidios ordenados en contra de los activistas de la UP.

Pero principalmente al alcalde con licencia se le acusa de omisiones graves y desaparición forzada, principalmente por los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Además, el miércoles la PGJ-Guerrero promovió un juicio de revocación de mandato en contra de José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala. El procedimiento requerido por la PGJ dejaría sin efecto el juicio de procedencia que la jornada del martes, la Mesa Directiva turnó a la Comisión Instructora del Poder Legislativo.

El envío del juicio de revocación de mandato la confirmó el fiscal general Iñaky Blanco Cabrera, quien sostuvo que debió entrar a Oficialía Mayor la noche del miércoles 8 de octubre.

Procuraduría de Guerrero acusa a exedil de Iguala de desaparición forzada; promoverán juicio en su contra

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero acusó al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca, de omisiones, lesiones y desaparición forzada en el caso de los normalistas de Ayotzinapa y señaló que es el principal responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Isidro Burgos.

En conferencia de prensa, el procurador estatal Iñaky Blanco confirmó que promoverán un juicio contra Abarca por “violación a las garantías de la población”, pues se le imputan seis homicidios y 43 desapariciones correspondientes a los normalistas.

En el caso de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde con licencia de Iguala, dijo que no hay una denuncia formal, pues nadie ha acudido a la PGJE a denunciar hechos en ese sentido, “estaríamos hablando de aspectos ligados a delincuencia organizada, se habla de hechos relacionados con los hermanos de la señora, pero en la dependencia no hay una denuncia al respecto hasta ahora”, dijo.

Asimismo, refirió que hay 30 personas detenidas, entre ellas 26 policías y cuatro miembros del grupo delincuencial Guerreros Unidos. Agregó que hay tres personas más que están prófugas de la justicia por estos hechos.

Confirmó que son seis las fosas halladas, en las cuales se encontraron 28 cuerpos; pero insistió que no puede asegurar que pertenezcan a los normalistas desaparecidos hasta que se realicen los peritajes correspondientes, que tardarían entre 15 días y dos meses.

Para ello intervienen la policía científica de la Policía federal, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de su coordinación General de Servicios Periciales, y peritos externos argentinos.

Dijo que de acuerdo a versiones, los normalistas estaban boteando, habían ido por unos autobuses a efecto de que fueran parte de la caravana que se iba dirigir a distintos puntos para las manifestaciones por el 2 de octubre.

Comentó que los detenidos fueron trasladados a un penal federal. Agregó que tras las investigaciones fueron confiscadas 15 patrullas y 228 armas de la comandancia de Iguala.

*Con información de Notimex y Milenio.