En primera audiencia de la Corte, personas con discapacidad defienden su derecho a la consulta
Redacción Animal Político · 20 de octubre de 2025
“Nada de nosotros sin nosotros”, fue la exigencia que se repitió en varias de las participaciones de personas con discapacidad durante el primer día de la audiencia celebrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la propuesta de limitar la invalidez de normas generales por falta de consulta a esta población.
Decenas de personas que tuvieron la palabra para ser escuchados por las ministras y ministros coincidieron en la preocupación por el proyecto de la ministra Lenia Batres, que busca evitar invalidar normas generales por la falta de consulta previa a personas con discapacidad, pues consideran que se perjudicarían sus derechos, reconocidos en instrumentos internacionales.
A pesar de que la ministra Batres Guadarrama aseguró que su proyecto busca “respetar la opinión de las personas con discapacidad”, limitando la revisión de las normas de oficio por parte del máximo tribunal a la solicitud de los interesados mediante la entrega de firmas, los asistentes a la audiencia expresaron que este criterio resulta negativo para una población que enfrenta distintos obstáculos para su participación.
“Quien no vive con discapacidad no puede definir lo que es justo para nosotros”, señalaron participantes
Los participantes subrayaron que el derecho a la consulta se encuentra establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocida por el Estado Mexicano, así como en otros instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que es una obligación de las autoridades su garantía.
“No es un favor ni una petición, sino un compromiso internacional y constitucional, así lo establece la Convención. También vengo a decir que participar no significa cargar con la obligación de vigilar lo que el Estado debe garantizar, y sobre todo, no se puede seguir decidiendo desde la mirada de quien no ha vivido las barreras que nosotros enfrentamos. Quien no vive la discapacidad no puede definir desde la distancia lo que es justo para nosotros”, expresó Sandra Liar.
Miguel Ángel Miranda, integrante de la Alianza Morelense en favor de los Derechos de las Personas con Discapacidad, apuntó que, aunque el requisito para solicitar el análisis de la invalidez de una norma sea el presentar 15 firmas, “hay compañeros que no pueden salir de sus casas, que no tienen acceso a internet y no pueden juntarse, porque se nos complica”, por lo que propuso que en vez de limitar el derecho a la consulta “se fortalezcan los mecanismos que regulan quién puede o no presentar una acción de inconstitucionalidad”.
Por ello, especialistas como Patricia Clauda Brogna, de la coordinación de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien calificó la propuesta de Batres como “regresiva”, plantearon que el debate que se requiere en la materia es el cómo organizar el derecho a la consulta para que se garantice a las personas con discapacidad.
En este sentido, Martha García, del Movimiento de Personas con Discapacidad, reconoció que haya preocupación sobre los conceptos de invalidez planteados en algunas acciones de inconstitucionalidad, pero advirtió que la consulta “es un derecho sustantivo, no una formalidad”, por lo que propuso que se analice cada caso para verificar si los instrumentos impugnados se ajusten a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“Al hacer este examen, podría prevenir que las normas sean contrarias a nuestros derechos, tal como lo dispone la Convención. Si las normas superan ese examen, pero aún no se ha realizado la consulta, la consecuencia debe ser su invalidez diferida y condicionada a que se cumpla la consulta”, propuso García, cuya sugerencia fue compartida por otros asistentes.
Las posturas de ministros ante la propuesta de Lenia Batres
El pasado 7 de octubre, el Pleno de la Corte votó por mayoría de 8 votos contra 1, que no siempre la falta de consulta a personas con discapacidad debe resultar en la invalidez de una norma.
Esta votación determinó el abandono del criterio anterior, aunque quedó pendiente el establecimiento del criterio sustituto. Sin embargo, ante la preocupación que esto generó entre organizaciones de personas con discapacidad, la SCJN programó la audiencia pública para escuchar sus argumentos y retomar la discusión del proyecto de Batres Guadarrama.
Luego de escuchar a varias de las personas que participaron en la audiencia, la ministra Yasmín Esquivel y el ministro Giovanni Figueroa, tomaron distancia de la propuesta en discusión y aclararon que el criterio vigente preserva a la Corte como herramienta para escuchar directamente a las personas con discapacidad.
Lee más: Inclusión laboral de personas con discapacidad, un desafío pendiente
“Esta audiencia pública es para determinar si se abandona y se flexibiliza el criterio para que las personas con discapacidad vuelvan a ser objeto pasivo de los acuerdos legislativos, retrocediendo en esta materia. Por otra parte, en sesiones previas del pleno se expresó la convicción que hoy se reitera, que la Corte no puede asumir un papel que no le corresponde, no podemos ser nosotros quienes resolvamos qué le conviene a las personas con discapacidad y qué no”, expresó Esquivel.
Por su parte, Figueroa subrayó que el cambio de criterio en discusión “es opinión de la ministra Lenia Batres y es una cuestión que todavía está sometida a debate por esta Suprema Corte. (…) Yo no estoy de acuerdo, porque en mi opinión el lema ‘Nada sobre nosotros sin nosotros’ implica que todo lo que les afecte a ustedes debe ser consultado desde el comienzo para que puedan intervenir activa y significativamente en el proceso”.
Tras estas intervenciones, el ministro presidente, Hugo Aguilar llamó al resto de los integrantes del pleno a “no desvirtuar el ejercicio” y recordó que se trató de una consulta para allegarse de información adicional para tomar una buena decisión.
“En efecto, nosotros ya teníamos una audiencia en una sesión pública y ahí se abordó el tema. Ese día se manifestaron personas con discapacidad y dijimos ‘detengamos aquí el debate y la decisión’, porque nosotros vamos analizando apartado por apartado y se llegó a un punto en el que dijimos ‘vamos a suspender’, y por eso estamos aquí ahora. Ustedes son los actores principales y toca escucharles”, indicó Aguilar.
¿Qué sigue con el proceso de audiencia de la Corte?
Este lunes tuvieron la oportunidad de participar las primeras personas cuyos nombres fueron publicados en la lista de asistentes aprobada por la Corte para la audiencia, de acuerdo con los requisitos establecidos en la convocatoria 1/2025.
La audiencia continuará los días martes 21 y miércoles 22 de octubre. En total, la Corte aprobó que se escuchara a 102 personas en los tres días.
Aunque según el acuerdo general número 5/2025 (12a.) del Pleno de la Corte, las opiniones, argumentos y exposiciones vertidas en las audiencias no serán vinculantes para la decisión de los ministros, deberán ser consideradas en la resolución correspondiente.
Los colectivos de personas con discapacidad que se inscribieron para participar en la audiencia señalaron que, en caso de que se apruebe el criterio que limita su derecho a ser consultados, podrían llevar su inconformidad ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención donde queda establecida esta obligación por parte del Estado mexicano.