Paris Martínez (@paris_martinez) · 9 de agosto de 2013

Por pedir limosna o vender productos en la calle junto con sus hijos, en lo que va del año el gobierno de Durango ha retirado la custodia a los padres de siete niños, los cuales han sido separados de sus familias y remitidos a un hospicio, mientras que sus tutores han debido recibir “terapia psicológica” como condición para recuperarlos.
[contextly_sidebar id=”035351dd936dce635a6c45021a6ebc6e”]Aydée Maricarmen González Alvarado, procuradora del Menor, la Mujer y la Familia, del DIF estatal, reconoció que la pobreza ha obligado a muchas familias a desarrollar actividades callejeras, involucrando a todos sus integrantes, incluidos los niños, para así alcanzar a reunir el sustento común, sin embargo, advirtió que “aún en la situación más extrema de pobreza, son los padres los que deben de responder (económicamente) por los niños”, por lo que descartó que el quitarles la custodia de sus hijos represente un castigo, y negó también que se trate de una medida de limpieza social para inhibir la presencia de indigentes en las calles.
La funcionaria fue consultada por Animal Político, luego de que, el pasado lunes, informara a la prensa local que, en esta temporada vacacional, en Durango se registró un aumento de 20% en el número de niños que, junto con sus familias, venden productos en las calles, tales como chicles o flores, o bien que piden limosna “o que cuentan un chiste a cambio de una moneda”, los cuales son susceptibles de ser enviados a una casa-hogar.
–¿Estos son casos de niños explotados por sus padres –se cuestionó a la funcionaria–, o se trata de niños que de esta manera contribuyen al gasto familiar, por enfrentar una situación de pobreza?
–El eje de esta problemática social es definitivamente la pobreza –respondió–, pero contra la pobreza el DIF estatal, en conjunto con los municipales, cuenta con programas de apoyo alimenticio, becas para los niños e, incluso, una bolsa laboral, así que el hecho de no tener trabajo no es pretexto para poner a los niños en riesgo.
La funcionaria estatal explicó que los niños no son retirados en primera instancia, sino que los padres reciben previamente dos apercibimientos y, en caso de reincidir, al tercer les es retirada la custodia de sus hijos.
–¿Esta medida podría representar un castigo para las familias pobres?
–No es un castigo –señaló la procuradora del Menor–, sino una medida de protección para los niños, ya que están en riesgo, y los padres pueden recuperar a sus hijos cuando nos garanticen que pueden encargarse de ellos, ya sea luego de recibir una terapia psicológica, o bien, mejorando su situación familiar.
En la terapia psicológica a la que se somete a los padres, señaló, se les concientiza del riesgo al que exponen a sus hijos al enviarlos a la calle.
Pese a ello, la funcionaria reconoció que, cuando estos niños son detectados vendiendo o limosneando, “es la normalidad” que se encuentren acompañando a sus tutores.
–¿Qué opinión le produjeron las imágenes recientemente difundidas, de un niño agredido por un funcionario de Tabasco, que le impidió vender dulces en la calle? –se pregunta a la procuradora del Menor.
–Esa fue una actitud reprobable en todo sentido –fue la respuesta de la funcionaria.