Políticas y presupuesto en educación, excluyen a la sociedad civil: estudio

En la última década, en nuestro país se ha incrementado el número de organizaciones de la sociedad civil (OSCs) que buscan fortalecer el sistema de educación pública por medio de diversos campos de acción, pero la respuesta gubernamental no se ha mostrado en presupuesto y políticas públicas, de acuerdo con hallazgos de la organización Alternativas y Capacidades (@fortalecemos).

Las investigadoras María Isabel Verduzco y Mónica Tapia presentaron este jueves el estudio Organizaciones de la sociedad civil: presentes en las escuelas, ausentes de las políticas educativas, donde se encontró que la SEP ha construido un marco normativo que funciona excluyendo a la sociedad civil de las políticas públicas y que pone como actor central al sindicato de maestros como principal actor y beneficiario.

El consultor en temas de educación y organizaciones de la sociedad civil y egresado de un posgrado en Harvard, Rodrigo Villas Gómez, afirmó en la presentación del estudio en el Instituto Mora, que las investigaciones en el tema de organizaciones de la sociedad civil y su relación con el gobierno son ya escasas, pero cuando tiene que ver educación es aún más difícil encontrar información, aun en  América Latina.

Sin embargo, a pesar de la poca investigación en el tema, la mayor parte del dinero que entregan los gobiernos a la sociedad civil se da en materia educativa y a través de la SEP. El investigador afirmó que investigar los recursos aportados por las autoridades educativas fue una “labor de detectives.”

El desglose de las cifras de los informes de la SEP refleja varios problemas: la distribución  desigual de los recursos entre un pequeño grupo de organizaciones (la dependencia apoyó  429 OSCs, menos de 15% de las 3,049 OSCs que recibieron fondos del gobierno federal);  la mayor parte del presupuesto a fomento educativo se destina para proyectos con actividades deportivas,  culturales y recreativas y muy poco para su verdadera intención, a lo que hay que sumar la opacidad.

Otro ejemplo de la concentración de recursos, es que entre 2006 y 2010, la Oficialía Mayor de la SEP entregó 274 mil 240 millones de pesos  a sólo 66 organizaciones en 102 apoyos o proyectos anuales.

 

El investigador Villas Gómez coincidió con el estudio sobre que la SEP ha sido impermeable a las demandas e iniciativas ciudadanas. Sin embargo, la SEP ha preferido dar espacio y presupuesto entidades como el SNTE, con quien -se afirma- tiene una vieja relación de “simbiósis atípica“, lo que logra observarse en un análisis comparado.

María Isabel Verduzco, afirmó que los recursos que deberían ir al fomento educativo en alianza o coordinación con la sociedad civil, acaban llegando a otros funcionarios o dependencias, en lugar de llegar a organizaciones con agenda educativa. En el extremo de los casos, este presupuesto es repartido por las dependencias gubernamentales a organizaciones que no son exactamente dedicadas a la educación. Se sabe, de acuerdo con información de Verduzco, que la Semarnat tuvo recursos el año pasado por 20 millones de pesos para fomento educativo, de lo cual, dio 15 millones a Fundación Televisa, 4 millones a Fundación Azteca y sólo un millón a una organización especializada en fomento educativo.

El fomento educativo es un sector amplio, que va desde la capacitación de maestros, hasta el trabajo con niños y jóvenes en diversas condiciones y la imposibilidad de la SEP de interactuar y responder a este sector se explican en parte por la falta de voluntad política de los funcionarios encargados, pero también porque la SEP no ha elaborado mecanismos, instituciones o marco jurídico que reconozca a las organizaciones de la sociedad civil para actuar en política pública.

La organización Alternativas y Capacidades, así como los investigadores presentes en la presentación del libro, consideraron necesario pedir “reglas justas y claras” para la incorporación de los diversos actores no gubernamentales en política educativa, que hagan un contrapeso al poder que representa la simbiosis entre SEP y SNTE.

Este estudio sobre las organizaciones de la sociedad civil presenta avances significativos en la información sobre los fondos públicos que entrega la Oficialía Mayor de la SEP a “unas cuantas” organizaciones, mientras otras que realizan “infinidad de proyectos indicativos”, son invisibles para la SEP, de acuerdo con un comunicado de prensa de las autoras del estudio.

Las OSCs han realizado acciones como las siguientes: capacitar a directores y maestros; estimular la participación de padres y madres de familia en la educación de sus hijos; mejorar la infraestructura y la enseñanza en las aulas; monitorear los programas gubernamentales; evaluar sus resultados; y proponer reformas a las políticas educativas.

Sin embargo, la respuesta gubernamental, representada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), es contradictoria, pues en el discurso, anima la participación de las OSCs, de padres y madres de familia y de la comunidad educativa, pero en la práctica, la administración pública y sus programas educativos no están listos para involucrar la participación de estos actores en la toma de decisiones y la gestión escolar, más bien están construidos bajo la lógica de excluirlos.

La investigación, la cual se enfocó las principales fallas en la SEP para reconocer y colaborar con las OSCs dentro de las políticas educativas y para que les asigne, de manera transparente e imparcial, recursos públicos para  fortalecer proyectos educativos innovadores. Además, se analizaron los programas y acciones de fomento a OSCs que la SEP reporta a la Comisión Federal de Fomento a OSCs, la entrega de donativos de parte de la Oficialía Mayor (OM) y programas de colaboración con OSCs.