Poder Judicial ordena al Centro Nacional de Inteligencia no destruir documentos de la Guerra Sucia
Contenido Animal Político · 2 de octubre de 2023
El Poder Judicial ordenó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no destruir los documentos relacionados con las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1965 y 1990, periodo conocido como Guerra Sucia.
En un comunicado, las organizaciones Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), informaron que tras los informes del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) sobre el archivo DFS-DGISEN-CISEN y las irregularidades encontradas, se promovió un juicio de amparo.
Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre desaparecida en 1979, promovió un juicio de amparo con el objetivo de que se localicen y transfieran archivos perdidos, sustraídos, faltantes o que nunca fueron transferidos (y debieron serlo) al Archivo General de la Nación.
La suspensión definitiva fue concedida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
Familias tienen derecho a exigir que se revisen documentos de la Guerra Sucia
La resolución concedida reconoce que familiares como Alicia de los Ríos Merino tiene derecho a exigir que se revisen estos documentos relacionados con la Guerra Sucia, pues puede encontrarse información sobre el paradero de su madre desaparecida.
El Poder Judicial advirtió que las autoridades del Centro Nacional de Inteligencia no desvirtuaron con pruebas las irregularidades documentadas por el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, sino que solamente se han limitado a negarlas.
Y que mientras se encuentre en curso el juicio de amparo, las autoridades del CNI deben “abstenerse de destruir, depurar, eliminar, esconder u ocultar los documentos históricos” a los que se refiere el MEH en sus informes.
¿Qué dicen los informes del MEH?
En agosto pasado, el MEH advirtió que el Centro Nacional de Inteligencia, antes Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ha incumplido la orden que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió desde 2019 para que todas las instituciones del gobierno federal entreguen al Archivo General de la Nación (AGN) la información que tengan sobre violaciones a derechos humanos.
El documento del mecanismo señala que conocer la información en cuestión es indispensable para entender qué ocurrió durante el periodo 1965-1990.
Y que el CNI no solo tiene en sus manos los registros de las actividades del CISEN —su antecesor inmediato—, sino también de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS) y la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DGISEN).