"Nos quitaron cobijas pese al frío": poblaciones callejeras denuncian desalojos

En los alrededores del Metro Lagunilla, se observan al menos tres casitas improvisadas y dispersas. Hasta hace unas semanas, las personas de poblaciones callejeras que viven en ellas se encontraban reunidas en un único campamento, donde se cuidaban y salvaguardaban sus pertenencias, pero tras un operativo de desalojo forzado perdieron todo y tuvieron que dividirse en grupos más pequeños.

Berenice, una de las mujeres que viven en este grupo, cuenta que en diciembre llegaron a la zona trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc para exigirles que se retiraran porque supuestamente tenían quejas de vecinos y transeúntes. 

“Nos quitaron cobijas y ropa en pleno frío de diciembre y nos golpearon: a un compañero que le dicen ‘Perro’ lo sometieron y se llevaron sus cosas de trabajo, él repara bocinas y tenía todo guardado en un tinaco que le arrebataron mientras lo tomaban del cuello para golpearlo en las costillas. La verdad, yo no me metí para intentar hacer algo porque le estaban pegando a hombres y mujeres”, recuerda.

Por miedo a que la agredieran, Berenice se alejó del lugar, pero al cabo de un rato volvió y se instaló nuevamente en otro punto de la zona. Aunque perdió lo poco que tenía, le quedó la tranquilidad de que las autoridades no le quitaron a sus hijas, pues una de las amenazas más recurrentes que escuchan cuando los desalojan es que las niñas y los niños con quienes viven van a ser llevados a albergues donde no les permitirían visitarlos.

En el último mes, se han reportado al menos dos desalojos forzados en la alcaldía Cuauhtémoc contra poblaciones callejeras que pernoctan en las zonas de la Lagunilla y Metro Hidalgo. Sin embargo, de acuerdo con la asociación El Caracol, estos actos de “limpieza social” son una constante para estas personas.

“Han llamado a estos operativos como desalojos de la vía pública, recuperación de espacio público o remozamiento del entorno urbano con una intención de minimizar las acciones violentas, pero la limpieza social ha sido una constante que hemos podido documentar por varios años. La primera recomendación de Derechos Humanos que se hizo al respecto fue en 2009 y la última que se emitió fue en 2018, pero no han cambiado las cosas”, explica en entrevista Luis Enrique Hernández, director de El Caracol.

“La violencia que siempre hemos vivido”

A los 14 años, Berenice huyó de la casa de su familia, en Acapulco, donde vivió violencia. Fue así como llegó a la Ciudad de México en 1995, y a falta de una red de apoyo que pudiera recibirla en una casa, comenzó a quedarse en las calles.

“En ese entonces empecé a quedarme en las coladeras, me acuerdo que los policías y los de la delegación eran bien pasados de lanza, porque con pipas de agua nos lanzaban agua hacia el interior de las coladeras, a veces incluso pasó que nos echaban bombas molotov para que saliéramos con la lumbre, y teníamos que arrinconarnos, aunque aun así hubo varios quemados. Esa es la violencia que siempre hemos vivido los chavos de la calle por parte de las autoridades”, relata.

“Supuestamente las autoridades están para proteger a la gente, pero solo lo hacen con quienes les conviene, a nosotros no nos cuidan, aunque por las condiciones de vida que tenemos necesitamos protección; en vez de eso, se aprovechan y nos agreden”, lamenta.

A pesar de estas situaciones de asedio y violencia de autoridades en los años que lleva viviendo en las calles de manera intermitente, Berenice afirma que se siente más protegida por sus compañeros y compañeras sin casa que por aquellas personas con quienes ha vivido bajo un techo.

Para el director de El Caracol —organización que ha acompañado a poblaciones callejeras de la CDMX por 29 años—, es importante poner énfasis en el hecho de que las acciones de limpieza social son planeadas y ejecutadas por autoridades de todos los niveles, “quienes ofrecen violencia antes que la garantía de derechos de quienes viven en las calles, y eso, aun cuando cambian los partidos y administraciones en el gobierno, es algo que no cambia”.

Actualmente, “hay mayor opacidad en las acciones, ya que antes las autoridades informaban a la sociedad civil a dónde se llevaban a la gente, en qué albergue quedaban, y ahora eso es imposible; no nos dan información ni nos reconocen como defensores de derechos humanos, lo que nos quita la posibilidad de dar seguimiento a los casos, y sean del nivel que sean, niegan todo, niegan la violencia que están ejerciendo, e incluso niegan la posibilidad de recuperar los cuerpos de quienes fallecen en circunstancias desconocidas en espacios bajo responsabilidad del gobierno”.

“Nos preocupa que hay una intención muy clara de querer institucionalizar la pobreza, misma que cobró fuerza con la pandemia: las amenazas de llevarse a los niños al DIF se intensificaron y hubo una campaña para ingresar a personas en situación de calle con alguna discapacidad a los albergues, y con el resto de las personas, quienes se han negado a acudir a estos espacios donde denuncian maltrato, hay una criminalización constante, que en muchos casos termina con la detención y encarcelamiento de los chavos que no han cometido ningún delito”, agrega Hernández.

“No queremos dañar a nadie, solo no tenemos hogar”

Ruth es una de las mujeres que han sido criminalizadas por autoridades en el marco de los operativos de limpieza social en la alcaldía Cuauhtémoc. Desde hace tres años, cuando fue víctima de un fraude para comprar una vivienda, se mudó a las calles e instaló sus pocas pertenencias junto a otras personas que pernoctan en las inmediaciones del Metro Hidalgo.

Durante el tiempo que ha vivido sobre avenida Hidalgo, en varias ocasiones ha sido desalojada por la fuerza y ha perdido lo poco que acumula como pertenencias; sin embargo, afirma que, hasta hace un par de semanas, nunca había ocurrido que acudiera en persona un delegado o alcalde a agredirlos, como hizo Sandra Cuevas el 12 de enero.

“Vinieron varios de la alcaldía Cuauhtémoc en una camioneta, entre ellos, la señora Sandra Cuevas, quien nos amenazó con que nos iban a quitar porque ya sabían que yo era jefa de una banda dedicada a vender mariguana, a lo que yo le contesté que si así fuera yo no estaría quedándome en la calle porque seguramente tendría dinero para pagar un lugar”, narra Ruth.

En aquella ocasión, la intervención de activistas y trabajadoras sexuales impidió que les arrebataran sus cosas, pero ante el riesgo de ser nuevamente amedrentados, convocaron a una protesta en la que cerraron por varias horas la avenida Hidalgo, hasta que fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien se comprometió a velar para evitar más agresiones en contra del grupo.

“Sabemos que la protesta generó molestias a los automovilistas, pero nosotros no queremos dañar a nadie, solo no tenemos hogar y exigimos que eso no sea motivo para que puedan golpearnos y amenazarnos, tenemos voz y si estamos en calle es porque no hemos encontrado la posibilidad de salir de aquí, no porque nos guste el desmadre. Me gustaría que quienes piensan así vengan a pasar unas noches con nosotros, para que vean lo difícil que es vivir así”, señala.

Al igual que Berenice, Ruth afirma que está a la espera de que sus condiciones económicas mejoren para intentar salir de las calles, lo que resulta difícil porque no cuentan con documentos de identidad, y porque aun cuando tienen la intención de cambiar su vida, en la mayoría de los lugares los empleadores no están dispuestos a contratar a personas de poblaciones callejeras.

“Lo único que nosotros pedimos es que nos den un poquito de tiempo, en cuanto consigamos a dónde ir, la verdad es que vamos a irnos de la calle, porque no es algo que se le desee a nadie, pero ahorita no hay dinero, así que basta con que nos dejen en paz. Eso de que nos dicen que la gente se queja de nuestra presencia no es cierto, porque hasta barremos y limpiamos, tenemos buena relación con los vendedores y no nos metemos en problemas, eso es todo lo que necesitamos”, asegura Ruth.

A una semana de que la alcaldesa se presentó en Metro Hidalgo para ordenar el desalojo del campamento, Berenice y Ruth celebran que no se han repetido las amenazas ni agresiones en los puntos de pernocta de poblaciones callejeras, y esperan que el gobierno capitalino cumpla con su compromiso de no permitir que se sigan dando los operativos de limpieza social en la zona.

Para El Caracol, sin embargo, esto no es suficiente, pues las autoridades siguen sin ofrecer alternativas que les permitan formular un proyecto de vida fuera de las calles, “y se quedan con la idea de que no hay interés por parte de la banda de encontrar algo mejor, porque no quieren ir a los albergues, cuando en realidad tendrían que estar analizando cómo cambiar de fondo la pobreza y garantizar sus derechos, pero no quieren entender que, incluso cuando intentan salir de estas condiciones, la sociedad sigue rechazándolos y el único lugar en el que encuentran apegos y redes de apoyo es ahí, justo donde no los quieren ver”.