Madre de desaparecido amplía plantón frente a Gobernación, pese a operativo

El pasado viernes 2 de agosto, al mediodía, la Policía Federal desplegó en torno a la Secretaría de Gobernación un operativo con decenas de agentes, uniformados y también vestidos de civil, que cerraron con cercas metálicas y camiones oficiales todas las vialidades aledañas a la dependencia, impidiendo el paso de peatones y desviando la circulación de los vehículos en Reforma y Bucareli. Su intención, sin embargo, no era detener a un contingente numeroso de manifestantes que marchara en pos de este organismo federal, como suele suceder. No: el objetivo de la amplia movilización policiaca fue, esta vez, contener el avance de una sola persona, una mujer, Julia Alonso, madre de un joven desaparecido en Nuevo León, que un día antes se declaró en plantón fuera de la Segob, y quien ese día se disponía a descargar todos sus muebles y pertenencias ante dichas oficinas, “para que así vean las autoridades cómo vivimos las familias de los desaparecidos”.

Desde 2008, Julia busca a su hijo Julio Alberto, secuestrado y desaparecido junto con otros tres jóvenes en Santiago, Nuevo León, a donde había acudido de vacaciones, para practicar deportes acuáticos en la presa La Boca. Sin apoyo de las autoridades –municipales, estatales o federales–, Julia suma ya cinco años encabezando la investigación para dar con el paradero de Julio Alberto y sus amigos, y suma, también, “cinco años de tratar con funcionarios a los que siempre les repito mi caso y nunca saben de lo que les hablo: cinco años de reiterar, hasta el cansancio, la historia de mi hijo, la forma en que desapareció, las pistas que he recabado en todo este tiempo, y cinco años llorando siempre frente un nuevo burócrata, que nunca hacen su trabajo ni cumplen su palabra”.

[contextly_sidebar id=”c6457fb4f43943c912ca42eebe38d938″]Ya en octubre pasado, Julia había protagonizado una protesta fuera de la Secretaría de Gobernación, una huelga de hambre que duró diez días, y que fue levantada luego de que las autoridades de la pasada administración federal se comprometieran a emprender, de manera certera, la investigación sobre el rapto de su hijo, compromisos que, de no lograr cubrirse de manera satisfactoria en las pocas semanas que restaban al gobierno anterior, el ex titular de la dependencia, Alejandro Poiré, garantizó serían heredados a la actual adminsitración, encabezada por el presidente Enrique Peña.

Sin embargo, señala Julia, “ninguno de estos compromisos se ha cumplido y, por el contrario, las nuevas autoridades priistas adquirieron más compromisos, cuyo incumplimiento ahora me ha dejado en la calle, sin un lugar dónde vivir, y por eso, como ya no tengo casa, porque me desalojaron de ella, decidí traerme todos mis muebles aquí, a Gobernación, y aquí quedarme”.

Es así que, ante el amplio operativo policiaco desplegado en su contra, la discreta protesta que Julia inició la tarde del jueves de la semana pasada, con una pequeña casa de campaña montada en la parte posterior de Gobernación, un día después se convirtió en un cierre indefinido de la avenida Bucareli… y así se mantiene hasta este día.

Emboscada en Bucareli

Luego de emprender por sí misma la búsqueda de Julio Alberto, “mi familia y yo misma hemos recibido diversas amenazas de muerte, por eso debí huir primero de Guerrero, mi estado natal, y luego de México, y me refugié en Estados Unidos, pero en enero de este año, las autoridades me ofrecieron ayuda para establecerme dentro del país, en un lugar fuera de mi estado, donde permanecería de manera temporal, hasta que se dieran las condiciones para volver a mi hogar, en Acapulco. Y yo creí que la promesa de apoyo era honesta, así que alquilé una casa en Tijuana, cuya renta pagué primero con mis propios recursos, hasta que un día me quedé sin nada, porque ya llevo cinco años mermando los activos de la empresa familiar y ya los agoté completamente, y ahora simplemente no me queda nada, ni siquiera para pagar la renta del inmueble que renté por sugerencia del gobierno federal, y los recursos que me prometieron para enfrentar ese gasto nunca llegaron”.

Fue así que, aprovechando que Julia se hallaba fuera de Tijuana, su arrendatario echó a la calle todas sus pertenencias, alegando falta de pago, y desde esa ciudad fronteriza Julia trajo, en mudanza, todas sus pertenencias a la Ciudad de México, a donde llegaron el viernes 2 de agosto, es decir, un día después de que se declarara en plantón.

“El jueves de la semana pasada, horas después de que inicié mi protesta, una funcionaria de Gobernación, Mercedes Peláez, me pidió dialogar, y yo estuve tres horas llorándole mis penas, le informé los motivos y las características de mi plantón –narra Julia–: y creyendo que la intención de hablar era de buena voluntad, yo le comuniqué a esta funcionaria que al día siguiente (viernes), la mudanza con mis pertenencias arribaría a la Ciudad de México”.

Pero esta información, denunció Julia Alonso, “fue utilizada por Gobernación para reprimir la protesta: a las 6:00 horas del viernes, cuando el camión con mis muebles llegó a Bucareli, patrullas de la Policía Federal interceptaron el vehículo y obligaron al chofer a salir del DF, se lo llevaron hasta la carretera México-Querétaro, y fue hasta que estaban ya en la carretera que le permitieron darnos aviso.”

Confiada en que las autoridades no se atreverían a impedirle el paso al camión, si ella misma lo escoltaba de vuelta a Bucareli, Julia, su hijo y su esposo se dirigieron a la salida carretera, donde convencieron al conductor de la mudanza de que realizara de nuevo el recorrido hasta la Secretaría de Gobernación, mismo que realizaron siempre seguidos por patrullas de la Policía Federal.

“Y ya que estábamos a dos cuadras de llegar, la policía nos corta el paso y comienzan a colocar las cercas metálicas –narra–. Fue cosa de un segundo, de pronto ya todo lo tenían cercado, y todo se llenó de policías, como si fuera yo una terrorista.”

Minutos después, al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del DF, con una grúa, y amenazaron al conductor de la mudanza con ser remolcado si no abandonaba la zona, ante lo cual, el transportista huyó.

“Lo amenazaron para irse –protestó Julia, en ese momento–, se lo llevaron con todo y mis muebles.”

Ese mismo viernes, la Secretaría de Gobernación pidió a Julia negociar la liberación de la vialidad, para lo cual fue conducida a una oficina en la que la en vano esperó la asistencia de algún funcionario. Luego de una hora, volvió a su plantón.

Protesta silenciada

“¿Dónde están los camaradas de los movimientos ciudadanos a los que pertenezco? –se pregunta, indignada, Julia, con Brenda Rangel a su lado, hermana de otro joven, Héctor, desaparecido en Coahuila, y quien ha sido la única persona que se acercó este fin de semana para expresar su solidaridad y sumarse a la protesta– ¿Dónde está la gente del Movimiento por la Paz? Nos dejaron solas… Emilio (Álvarez Icaza) ya está en Washington, ya no nos necesitan, y Javier (Sicilia) volverá a llamarnos cuando necesiten animales para exhibir en su circo… pero aunque seamos nosotras solas, no nos moverán.”

Julia y Brenda despliegan las mantas con los retratos de sus seres queridos, y a sus espaldas queda una manta más, que ondea sobre avenida Bucareli, que reza: “Peña Nieto, cumple tus promesas con los desaparecidos y trato digno para las familias de las víctimas”.

–Luego de que el viernes te dejaran esperando dentro de una oficina de Gobernación, ¿ha habido algún nuevo acercamiento de las autoridades? –se le pregunta, este domingo.

–No, el sábado nos ofrecieron nuevamente reunirnos, a las 11:00 horas, e incluso asistieron representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero las autoridades nunca llegaron, nos dejaron plantados… creen que por ser fin de semana, no nos hacemos oir.

Este lunes, el cierre de Bucareli, a la altura de Gobernación, cumple su cuarto día.