Dulce Ramos · 26 de julio de 2011

La Jornada publica hoy que organizaciones civiles de protección a los derechos de los migrantes denunciaron ante Felipe González, relator especial de Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cerca de 20 mil personas son secuestradas cada año. Lo anterior reporta 50 millones de dólares al crimen organizado, el cual actúa en colisión o con permiso de las autoridades; además, el problema alcanza la categoría de tragedia humana, agregaron.
Decenas de organizaciones de derechos humanos y de defensa de trabajadores migrantes expusieron a Felipe González las violaciones perpetradas por agentes estatales, las condiciones de detención, la violencia contra las mujeres, las agresiones sexuales, las extorsiones y la trata de personas. El relator les preguntó si fueron consultados para la elaboración de la ley y su reglamento. La respuesta fue:Nunca nos consultaron; tuvieron que crearse grupos de trabajo y se ejerció presión hacia los partidos políticos en el Congreso porque querían aprobar una ley con mayor coerción, que incluía sanciones a las personas que emplearan migrantes.
También inquirió “cómo se hacen los aseguramientos”. Eso “no es alternativa –le respondieron–, sino regla general, y en realidad no son otras cosa que detenciones arbitrarias”. Además, el relator de la CIDH preguntó a las ONG cómo se hacen las visitas a las estaciones migratorias, a lo que respondieron que se les niega el acceso y no se permite que se hagan monitoreos de la situación de los derechos humanos, pues dan explicaciones ambiguas, pero no los dejan entrar.
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