ONU alerta por posibles malos tratos e internamientos forzados en centros de rehabilitación
Redacción Animal Político · 6 de febrero de 2026
El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura alertó sobre graves irregularidades en centros de rehabilitación para personas con adicciones en México, especialmente en aquellos privados que operan sin supervisión oficial, al señalar que en estos lugares se registran métodos de control y castigos que vulneran a los internos y advertir que, pese a que la ley prohíbe internar a alguien en contra de su voluntad, esta práctica continúa ocurriendo.
Al concluir su visita al país realizada del 25 al 30 de enero de 2026, la jefa de la delegación del Subcomité, Carmen Comas-Mata, señaló a través de un comunicado que observó prácticas coercitivas y condiciones que calificó como riesgosas en estos centros.
Afirmó que “operan sin la debida regulación, lo que supone un grave riesgo de malos tratos”. Comas-Mata subrayó “abordar esta situación requiere una acción urgente y decisiva por parte del Estado”.
El Subcomité reiteró además que, aunque la legislación prohíbe la institucionalización involuntaria, esta práctica continúa ocurriendo en la realidad.
El organismo reconoció que México ha mostrado “compromiso político para combatir y prevenir la tortura” y que ha logrado “importantes avances”, entre ellos la aprobación de la Ley General para la Prevención de la Tortura en 2017, la reforma a la Ley General de Salud en 2023 y el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP); sin embargo, advirtió que “queda mucho por hacer con respecto a la implementación de medidas de prevención de la tortura”.
Los expertos también expresaron preocupación por la falta de investigaciones efectivas sobre actos de tortura y por la persistencia de la impunidad.
El equipo de la ONU visitó cárceles, comisarías, hospitales psiquiátricos y centros de tratamiento de adicciones, donde realizó entrevistas confidenciales con personas detenidas y personal. También sostuvo encuentros con autoridades y con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuyo “reforzamiento y adecuado funcionamiento” valoró positivamente, aunque subrayó la necesidad de nombrar a todos los integrantes de su Comité Técnico y restablecer la cooperación con la sociedad civil.
Un contexto de irregularidades: rehabilitación y reclutamiento forzado
Las alertas del Subcomité se suman a antecedentes recientes que revelan irregularidades graves vinculadas a centros de tratamiento de adicciones y su posible colusión con redes criminales.
De acuerdo con testimonios reunidos por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, algunos de estos centros han sido utilizados como espacios de reclutamiento forzado de jóvenes, una modalidad que se suma a prácticas ya documentadas como falsas ofertas laborales, uso de videojuegos y raptos directos.
Indira Navarro, representante del colectivo, aseguró que los nuevos testimonios obtenidos tras el caso del Rancho Izaguirre muestran que el reclutamiento desde centros de rehabilitación se ha convertido en una estrategia del crimen organizado.
Narró que en estos sitios los jóvenes son ingresados “de forma forzada o mediante engaños”, mantenidos un tiempo en instalaciones donde permanecen “en anonimato”, y posteriormente trasladados a otros puntos para finalmente enviarlos a la sierra.
Según los testimonios citados por Navarro, algunos centros operan en colusión con grupos criminales, lo que incluye la entrega directa de jóvenes reclutados. La activista describió que incluso familias que ingresan voluntariamente a sus hijos terminan sin conocer su paradero real: a menudo se les informa que “se escaparon”, cuando en realidad fueron entregados al crimen organizado.