Rechaza Volpi propuesta de Calderón; busca exponer “la perversidad” de la SRE

Jorge Volpi aclaró que el debate entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y, ahora, la Presidencia de la República (SRE) no es “por el puesto o el dinero (a los que ya renuncié) o por los “15 minutos de fama” derivados de este asunto (que no necesito). No me creo perseguido ni víctima. Tampoco mártir de la libertad de expresión. Lo hago para exponer la perversidad del siguiente mecanismo orquestado por un funcionario público.”

Lo anterior en referencia al boletín que la presidencia emitió y en el cual se señaló que el presidente Felipe Calderón le ofreció asumir el encargo como Agregado Cultural en la Embajada de México en Italia, así como que “el Gobierno Federal ha respetado y respetará siempre e invariablemente las opiniones del doctor Volpi, reconoce su indiscutible trayectoria y calidad intelectual, le agradece los servicios prestados a la República, y lamenta y respeta también la decisión que personalmente ha tomado a este respecto”.

Al respecto, el escritor dijo estar de acuerdo con lo emitido por la Presidencia, pero no con lo que omite, pues dice que “la intervención de Presidencia vino sólo después de que se hiciera pública la verdad sobre los motivos políticos de la Canciller para cancelar el nombramiento”.

“En efecto le agradecí al ingeniero Ruiz Mateos la intervención del Presidente, pero le dije que por congruencia no podía aceptar el cargo dado que la Canciller lo había anulado por razones políticas y no por un recorte presupuestal. Y que le hiciera saber al Presidente que, después de la libertad de expresión disfrutada en canal 22, me parecía muy grave que la Canciller actuase de esta forma”, citó  Volpi en una de sus últimas aclaraciones.

Además agregó que no quiere parecer mártir de la libertad de expresión, pues su propósito sólo es “exponer la perversidad del siguiente mecanismo orquestado por un funcionario público.”

Los puntos que señala Jorge Volpi son:

“1. Un ciudadano es acusado de expresar ‘opiniones contrarias al Gobierno’.
2. En secreto, la autoridad (la Canciller) da entrada a esas acusaciones, juzga y decide aplicar una sanción (el retiro de un puesto público);
3. La autoridad le comunica la sanción al ciudadano, ocultándole todos los pasos anteriores y mintiendo de manera flagrante sobre sus causas (atribuyéndolas con dolo a un recorte presupuestal);
4. En su mínima expresión (soy el primero en no exagerar la importancia de este asunto), se trata de un pequeño y torpe proceso inquisitorial, propio de Kafka (aunque Josef K. nunca pudo saber de qué se le acusaba).
5. Es la funcionaria pública en cuestión quien debería aclarar (nos), por ende, cuáles fueron esas opiniones. Eso es todo: decir la verdad para que esta actuación no se repita. Y denunciar el mal uso del ejercicio público”.