Mujeres liberadas mantienen plantón por servicios postpenitenciarios
Marcela Nochebuena · 29 de octubre de 2026
En el día 13 del plantón que mantienen afuera de la Secretaría de Gobernación, mujeres liberadas de centros penitenciarios federales, agrupadas en la organización Artículo 20, no cejan en la exigencia de herramientas y servicios de reinserción que hasta hoy no han encontrado.
La mayoría de ellas salen de prisión sin documentos de identificación, dinero, un lugar a donde ir o incluso una familia que las apoye. Así lo relatan entrevistadas en el lugar —mientras hacen de comer en las condiciones más básicas— Viridiana, Nayeli y Maricela, quienes advierten que no se irán hasta que se dé una respuesta fiable a su pliego petitorio.
La protesta tiene como objetivo central exigir la aplicación efectiva del artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente desde 2016, que establece la obligación del Estado mexicano de brindar servicios postpenitenciarios integrales.
Las hoy activistas denuncian un vacío institucional en el que las autoridades federales han omitido crear infraestructura, programas y presupuestos específicos para la reinserción de personas libradas, lo que las coloca en situaciones de extrema vulnerabilidad, estigmatización y abandono.
Sus experiencias visibilizan los obstáculos burocráticos, jurídicos y sociales que enfrentan al reincorporarse a la vida comunitaria. Viridiana Molina, cofundadora de Artículo 20, egresó en 2019 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16 en Morelos, tras haber ingresado en 2014 al penal de Tepic, Nayarit.
Su salida coincidió con el inicio de la pandemia de Covid 19, contexto en el cual constató, de manera más marcada, la inexistencia de servicios postpenitenciarios federales y la negativa de los programas locales de la Ciudad de México para atender a personas provenientes del fuero federal.
Ella señala que la falta de documentos oficiales de identidad frena el acceso al empleo formal y a los servicios bancarios. Tardó cinco años en poder tener una cuenta de banco y dos en tener un documento de identidad que le permitiera trabajar e ingresar a una nómina.
Explica que Artículo 20 nace dentro de prisión, desde las violaciones a derechos humanos y las necesidades y obstáculos que las mujeres enfrentan cuando salen. “No solamente la violación al derecho humano, sino los derechos a la reinserción social, los servicios pospenitenciarios. Es una organización que está hecha por mujeres privadas, exprivadas (de la libertad) y familiares”, explica Viridiana.
En tanto, Maricela permaneció 13 años en prisiones federales y obtuvo su libertad hace tres. Al salir, enfrentó la carencia de empleo, el rechazo social y la imposibilidad de tramitar una identificación oficial debido a que aún enfrenta un cambio de medida cautelar otorgado por el juez. La falta de documentos de identidad limita la movilidad en vías públicas, el ingreso a inmuebles y la postulación a puestos de trabajo.
“La mayoría nos enfrentamos, tanto hombres como mujeres, al escarnio social, al abandono familiar, a la incomprensión, a la señalización, a la dificultad para adaptarte nuevamente al mundo; somos muy señaladas, el escarnio social pesa demasiado, y muchas veces empieza desde la misma familia”, lamenta Maricela.
Nayeli, de 39 años y activista de Artículo 20, fue liberada hace cinco años, y relata que al decretarse su liberación, fue obligada a firmar una carta de deslinde custodial y expulsada del penal a las 6 de la mañana, hubiera llegado o no su familiar, que podía hacerlo hasta las 9. Permaneció en la vía pública sin recursos ni orientación.
Tras recuperar la libertad, atravesó por periodos de falta de vivienda, depresión, consumo problemático y abuso mientras vivía en las calles. No recibió atención médica especializada en salud mental sino hasta cinco años después, solo derivada de las presiones ejercidas en el marco del actual plantón.
“Llevo 5 años en libertad. A lo que me enfrenté es a quedarme sola, es al estar detenida en ese centro, me quedé sin mi familia, sin donde vivir; no tenemos ningún apoyo adentro ni psicológico, ni de ninguna actividad que podamos decir ‘dependo de esto”, detalla. A eso atribuye que muchas en el Cefereso enfrenten soledades que derivan en fuertes problemas emocionales.
El centro federal ha sido noticia recientemente por la cantidad de mujeres que se han suicidado dentro de sus instalaciones; la última apenas el domingo pasado. Desde 2024, Animal Político documentó que las autoridades habían reportado en febrero de ese año, que 7 de 15 intentos de suicidio en las cárceles de todo el país ocurrieron en el Cefereso 16, cifra que en un mes igualó a la que se había sumado en los cinco años previos en ese penal.
La vida en reclusión, salud mental y urgencia de programas previos al egreso
Viridiana, Nayeli y Maricela señalan que las deficiencias del sistema penitenciario comienzan en el internamiento. En el interior prevalece la falta de talleres con remuneraciones equitativas —donde las artesanías elaboradas se venden caras afuera y se pagan baratas dentro—, la ausencia de capacitación técnica real y el aislamiento prolongado.
La situación se agrava por la lejanía geográfica respecto al núcleo familiar, lo que imposibilita las visitas debido al costo de traslado y deriva en la pérdida de contacto con hijas e hijos. Maricela enfatiza que la preparación para la libertad debe iniciar desde dentro. Aunque ella asumió compromisos de formación y estudio durante sus 13 años de reclusión, el esfuerzo individual resulta insuficiente si el Estado no proporciona las herramientas necesarias.
“El cambio me lo debía yo, la modificación me la debía yo para poder serle útil a mi familia, para poder serle útil a mis hijos, para poder serle útil a la sociedad y no volver a pasar por lo mismo, aprende quien quiere, adquieres experiencia… pero no basta la voluntad sola; hay que tener herramientas, y ellos tienen la obligación de darnos esas herramientas”, reclama.
Te puede interesar: Juez ordena elaborar política de salud mental para atender a mujeres recluidas en el Cefereso 16 de Morelos
Nayeli, quien ahora tiene cinco meses de abstinencia y se encuentra en proceso de recuperación personal, explica que solo el espacio colectivo de la protesta le ha brindado la contención afectiva que los entornos sociales tan precarizados le negaron al salir de la privación de la libertad.
“Aquí, se oye absurdo, pero literalmente todas las chicas que están aquí no se quieren ir de aquí, porque dicen que se sienten como en su casa, que aquí sí se sienten entendidas, porque tu familia no te entiende, porque en vez de que te apoyen, te señalan, te juzgan… no saben lo que es vivir en la cárcel, no es cualquier cosa”, remarca.
La interlocución con las autoridades y la omisión institucional
El plantón inició el 16 de octubre, fecha en que se llevó a cabo una mesa de trabajo con representantes del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS) de la Secretaría de Gobernación, cuya titularidad recae en Jacobo Olaf Rodríguez García, quien estuvo ausente, según denuncian las integrantes de Artículo 20.
Además, hubo una demora de diez días en la entrega de las minutas con los acuerdos firmados. Las autoridades de ese órgano han admitido contar únicamente con dos convenios de vinculación y servicios de atención psicológica inmediata, por lo que proponen derivar a las egresadas federales a las instituciones de la Ciudad de México, donde antes se les ha negado el servicio precisamente por provenir del fuero federal.
Puedes leer: Juez ordena elaborar política de salud mental para atender a mujeres recluidas en el Cefereso 16 de Morelos
Ellas cuestionan esa postura, con el argumento de que el sistema penitenciario federal dispone de la mayor partida presupuestaria del sector penitenciario en el país. Además, rechazan la justificación oficial de que la atención postpenal no se brindaba por falta de solicitudes directas de las internas, pues aseguran que la autoridad no difundía la información ni estructuraba programas de egreso.
“Si van a abrir más prisiones, ¿en qué momento va a empezar el mapeo para que no haya reincidencia? ¿en qué momento va a haber un seguimiento para prevenir, para disminuir? No tienen ni la menor idea de lo que es la reinserción”, cuestiona Viridiana.
Menciona también que debería eliminarse la terminología jurídica administrativa de “ponerse a disposición” de las autoridades penitenciarias tras cumplir la sentencia o recibir un cambio de medida cautelar, pues, considera, perpetúa un esquema de tutela inquisitiva sobre personas legalmente libres.
El pliego petitorio: Una hoja de ruta para un programa integral de atención postpenal
El 19 de octubre de 2026, la organización entregó un pliego petitorio dirigido a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, y a Jacobo Olaf Rodríguez García, titular del OADPRS. El documento está suscrito por 45 personas que estuvieron privadas de la libertad y retoma como fundamento los artículos 1.º, 4.º, 18 y 123 de la Constitución y el artículo 207 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Consta de 22 puntos sustantivos para establecimiento formal de un sistema de servicios postpenales. Entre ellos, casas de medio camino y albergues temporales, reunificación familiar y custodia, apoyo para el traslado, capacitación y vinculación laboral, apoyo económico de emergencia, salud médica y psicológica, documentación de identidad, educación y autoempleo, atención especializada para mujeres, así como transparencia y gestión administrativa.
Además, las mujeres de Artículo 20 exigen una disculpa pública el 25 de noviembre por los suicidios ocurridos en el Cefereso 16 de Morelos, la publicación transparente de los convenios existentes, el envío a tiempo de estudios de preliberación, y la emisión de respuestas fundadas y motivadas por escrito a cada petición.
“Más que un pliego petitorio realmente es un programa de reinserción, un programa 207 de la ley de ejecución penal; algo bien importante que ponemos en el pliego es que la reinserción es desde adentro, no es de cuando sales; muchas compañeras, también hablando del tema del suicidio, colapsan porque no saben nada de sus hijos, del tema jurídico… y justo una de las cosas que pasan cuando entras a prisión es que pierdes a tu familia”, afirma Viridiana.
El futuro de la protesta
Las integrantes de Artículo 20 reiteraron que mantendrán el plantón de manera indefinida hasta que las autoridades federales formalicen compromisos mediante minutas firmadas e inicien la ejecución del programa de atención pospenal. Buscan evitar que el abandono institucional posterior a la privación de la libertad continúe derivando en reincidencia, marginación, adicciones o suicidio.
“Esto va a salir a nuestro favor, porque no es algo que estamos pidiendo para nosotras mismas nada más, sino para todas, y las que salgan para que tengan una ayuda y no lleguen a suicidarse, no caigan en drogadicción… yo creo que se va a hacer porque es algo justo”, confía Nayeli.
Junto con sus compañeras, no deja atrás el llamado a la sociedad y a las instituciones públicas a erradicar los prejuicios y la estigmatización sobre las personas que han cumplido una condena. Maricela destaca en específico el hecho de que la mayoría de las mujeres son arrastradas a prisión por algún hombre en su vida: hermanos, papás, esposos, parejas o amigos.
“Quiero apelar al buen corazón, a la humanidad, al lado bueno tanto de autoridades como de la sociedad. Que por favor dejen de criminalizarnos, que dejen de señalarnos. Dejen de creer que somos de lo peor, porque en verdad que habemos muchas personas que hemos modificado para bien, habemos personas que queremos ser mejores, que estamos dispuestas a integrarnos nuevamente y darle algo bueno a la sociedad”, sostiene Maricela.
“Aparte, nadie está exento, nadie estamos exentos, porque también esos lugares están llenos de muchísima gente inocente. Para como están las cosas ahorita, nadie estamos exentos de pasar por algo así; me gustaría eso: dejen de señalarnos, dennos esa oportunidad de demostrar que podemos ser útiles”, pide.