Profepa clausura minera Sago Import Export en Hidalgo por derrame que alcanzó una zona residencial

Redacción Animal Político · 29 de mayo de 2025

Profepa clausura minera Sago Import Export en Hidalgo por derrame que alcanzó una zona residencial

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró a la minera Sago Import Export luego de que se detectara que la empresa derramó jales (mezclas de contaminantes) al interior y exterior de sus instalaciones en el municipio de Zimapán, Hidalgo, provocando daños en el suelo.

De acuerdo con la Profepa, la clausura se hará de forma parcial y temporal como medida de seguridad, luego de que realizaran una inspección en materia de contaminación de suelos el pasado viernes 23 de mayo en respuesta a denuncias en redes sociales.

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En la inspección se observó que el derrame de materiales resultantes de la extracción de minerales inició en la parte superior del talud de una presa identificada con el número 2. Esto afectó dos zonas al interior de la planta, que sumadas alcanzaron 1.38 hectáreas de jales, lodos y agua residual, provenientes del derrame.

Además, hubo un escurrimiento que traspasó el área de la empresa y llegó a una zona residencial conocida como “La Alberca”.

Derrame de contaminantes por la minera Sago Import Export
Derrame de contaminantes por la minera Sago Import Export |Foto: Profepa

Profepa aseguró que por el derrame de jales “existe un riesgo inminente de desequilibrio ecológico con repercusiones peligrosas para los ecosistemas”.

La empresa Sago Import Export permanecerá clausurada parcialmente hasta que se realicen las actividades que garanticen que se eviten otros derrames, así como el retiro de los jales derramados y se remedie el suelo afectado dentro y fuera de la empresa.

Las actividades suspendidas son las que tienen que ver con minerales metálicos y no metálicos, así como la generación y disposición de residuos mineros en las presas de jales 2 y 3.

¿Qué es una presa de jales y cuáles son sus riesgos?

El Servicio Geológico Mexicano define los jales como apilamientos de material molido que queda después de que ciertos minerales han sido extraídos de las rocas que los contienen.

“En estos materiales van restos de los minerales que no se pudieron recuperar, partículas de los reactivos que se utilizaron para separar el mineral de la roca, la misma roca que contenía la mineralización (roca de caja) y otros elementos que se concentran en montones denominados presas de jales”, explica.

Presas de jale
Foto: Sociedad Internacional de Minería – SIMIM

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), los derrames de jales pueden influir negativamente en flora, fauna, el aire y el agua en los sitios donde se construyen.

“Las posibles fallas de este tipo de presas pueden comprometer la seguridad hídrica, alimentaria y económica, así como la salud pública y ecosistémica de las cuencas hidrológicas”, aclara el IMTA.

ASF señaló a Sago Import Export por no pagar impuestos

En 2017, Animal Político reveló que la Secretaría de Economía había entregado apoyos y créditos en 2016 a 14 concesionarios mineros que no habían cumplido con sus respectivos pagos de impuestos por la extracción y venta de metales y minerales, entre ellos se encontraba la Comercializadora Sago Import Export, SA de CV.

Los adeudos fueron registrados tras una revisión de Auditoría Superior de la Federación (ASF), institución que pidió al Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejercer su facultad de comprobación fiscal a 14 concesionarios.

Los concesionarios a los que la ASF pidió al SAT investigar fueron: Besmer SA de CV, Minera Autlán, Comercializadora Sago Import Export, SA de CV; Exmin, SA de CV; Minera Planet Exploration, SA de CV; Minera Río Tinto, SA de CV; SGL Minera, SA de CV; y Succeshill & Co, SAPI de CV.

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También estaban enlistadas las siguientes personas físicas: Héctor Alfonso Hernández Vega, Armando Javier Gamboa Alanís, José Martínez Gómez, Jorge Usvaldo Murillo Serrato y Ernesto Stone López.

Además, la Comercializadora Sago poseía un estatus de “Crédito Firme” ante el SAT, lo que significaba que la dependencia ya les había exigido el pago de impuestos y que el contribuyente presentó documentación para refutar su adeudo sin poder demostrarlo. Es decir, deben pagar, pero hasta el momento eso no ha sucedido.