Deserta militar acusado de matar a joven en Tamaulipas; otro no está localizado

Las peores sospechas de Angélica García Hernández, de 26 años, se cumplieron el miércoles 15 de diciembre. Faltaba menos de una semana para la audiencia de imputación contra dos militares acusados del asesinato de su esposo, prevista para el lunes, cuando le anunciaron que no tendría lugar. Uno de los soldados, José María Ortiz, desertó hace tres meses mientras que el otro, Ranulfo Citlalan Martínez, no está localizable, según le informó el juzgado de Reynosa.

Ahora la Fiscalía General de la República (FGR) tiene tres días para actuar o el caso quedará archivado. Después será el juez quien determine si dicta una orden de busca y captura contra los elementos castrenses.

Javier Flores del Ángel, de 26 años, murió de dos disparos el 27 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Manejaba su vehículo junto a otros tres amigos cuando fue atacado por una patrulla del Ejército. Los soldados alegaron que habían sido agredidos desde el coche, pero la investigación probó que era mentira.

“Les avisamos que no queríamos que los militares fueran a desertar. Les pedimos, estuvimos desde antes mencionando que no les fueran a dejar ir, que los hacíamos responsables a ellos, que les estaban dando muchas oportunidades”, dice García Hernández en entrevista telefónica.

Ocurrió lo que ella ya había vaticinado: que sin medidas cautelares, al menos uno de los militares colgó el uniforme para evitar la acción de la justicia mientras que el otro no está localizable en las instalaciones del Décimo Sexto Regimiento de Caballería Motorizado ubicado en Nuevo Laredo. Esto implica que podría haber sido trasladado a otro destino y que ahora la FGR deberá pedir la colaboración de la Secretaría de la Defensa (Sedena) para dar con su paradero.

“Da la sensación de que el Ejército está actuando de forma maliciosa, que protege a estos elementos y está buscando dilatar el proceso”, denunció el abogado Carlos Aguilar, representante de la familia de la víctima.

Ambos militares iban a ser imputados por los delitos de detención arbitraria y homicidio. La deserción del soldado se produjo el 15 de septiembre, según documentos oficiales. Un mes atrás, el 13 de agosto, oficiales de la Sedena llegaron a casa de García Hernández por última vez a ofrecer un acuerdo económico. Era la cuarta vez que lo hacían. También lo intentaron ante la FGR.

Se trata de una práctica habitual realizada por el Ejército y la Guardia Nacional: dinero a cambio de impunidad. Ellos pagan los gastos funerarios y una cantidad económica que puede llegar al millón de pesos a cambio de que los familiares desistan de mantener la acusación.

Animal Político documentó que se habían obtenido al menos 187 acuerdos de estas características desde 2010. La Sedena se negó a aportar los montos abonados a cada víctima.

“Yo les dije que no estaba interesada, pero el proceso se alargaba porque me decían que tenía que hablar con los abogados de Sedena”, dice la viuda.

Recuerda perfectamente que en la última visita fue sobre las 17:30 horas porque lo anotó en un cuaderno. Dice que los oficiales tocaron la puerta con “mucha fuerza”, como si fueran a tirarla abajo. Luego le informaron de que venían a “reparar el daño”. Pero para ella, con un bebé de ocho meses a su cargo y una nueva vida con su esposo recién iniciada, no había nada que reparar.

En el caso del segundo militar, la Sedena alegó que no se encuentra en el cuartel de Nuevo Laredo pero tampoco dijo si está en otro destacamento, por lo que el juez solicitó al fiscal que investigue su paradero.

Animal Político solicitó su versión a la Sedena y la FGR pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.

Mintieron en su declaración

El relato de los hechos del asesinato de Javier Flores del Ángel no es distinto al de otros homicidios en los que intervienen las Fuerzas Armadas.

El vehículo circulaba en la colonia Colinas del Sur cuando fue perseguido por varios vehículos militares que le cerraron el paso y le tirotearon. Los soldados alegaron haber sido atacados desde el coche que manejaba la víctima. De hecho, en sus declaraciones ante la FGR, a las que Animal Político tuvo acceso, usaron la misma expresión para justificar sus disparos: apretaron el gatillo “ante la agresión real e inminente”. José María “O”, soldado de 21 años, disparó ocho balas, mientras que el uniformado no, cabo de Caballería de 39, apretó el gatillo en dos ocasiones. Ambos mintieron. No hubo rastros de disparos procedentes del coche de las víctimas y la prueba de radizonato de sodio, que sirve para saber si alguien empleó un arma recientemente, dio negativa.

En los hechos participaron al menos 16 militares pertenecientes al Operativo de Bases Mixtas La Ribereña que viajaban en tres vehículos Cheyenne y un sandcat. Sin embargo, solo fueron señalados dos, que son los que reconocieron haber bajado de su auto y disparado contra la víctima.

“Se le estaban dando todas las garantías a los militares investigados a pesar de que mintieron en su declaración”, denunció Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, la organización que acompaña a la viuda desde que los militares mataron a su esposo. En su opinión, las dilaciones prueban la falta de voluntad para investigar. “Si a la Sedena le interesara garantizar el estado de derecho y colaborar en la investigación no tenía necesidad de mover a uno de los acusados”, dijo.

Sobre la FGR, consideró que “imputa a los que dispararon directamente. Ni al superior que ordenó falsear los documentos ni impedir los primeros auxilios. Pero el Ministerio Público no tiene interés en investigar”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado por otorgar un poder excesivo al Ejército mientras niega las vulneraciones a los derechos humanos perpetradas por los oficiales. Su última defensa de los uniformes llegó el pasado 1 de diciembre, cuando reivindicó que los militares ya no cometen “torturas, desapariciones forzadas ni ejecuciones extrajudiciales”.

Pero Angélica García Hernández sabe que eso no es cierto. Que hay militares que siguen matando y que, además, logran evadir la acción de la justicia. Cuenta la joven que cuando le notificaron que la audiencia no tendría lugar, que al menos uno de los asesinos de su esposo estaba huido, se derrumbó. “Me siento frustrada, decepcionada del sistema que se maneja en México”, dice. Pero después de todas las trabas, todavía tiene ganas de luchar. Y una petición:,”que no quede impune la muerte de mi esposo”.