Verónica Santamaría · 19 de febrero de 2026
La política energética de México enfrenta un gran desafío. El país consume más gas natural del que produce: 75 % de este recurso, necesario para la generación de electricidad, proviene de Texas, Estados Unidos.
Ante esa situación y con la finalidad de fortalecer la soberanía y justicia energética, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este miércoles que su gobierno analiza vías para aumentar la extracción nacional. Aunque evitó pronunciar el polémico término fracking, dio a entender que su gobierno analiza recurrir a esa técnica, que consiste en inyectar al subsuelo agua, mezclada con químicos y arena, para romper roca y liberar hidrocarburos.
“Hay un grupo de trabajo de expertos que ven si es factible el gas no convencional con reciclaje de agua, con el uso de otros químicos, con otras formas que no tengan los impactos ambientales que hoy tiene la fractura hidráulica”, dijo en su conferencia de prensa matutina.
🛢️La presidenta @Claudiashein habló sobre la búsqueda y explotación de yacimientos de gas en el país.
La mandataria rechazó la implementación de técnicas de fracturación hidráulica e insistió en la consulta de las comunidades antes de realizar cualquier proyecto. pic.twitter.com/DprPf8ihmh
— Animal Político (@Pajaropolitico) February 18, 2026
En la narrativa oficial destaca la cautela y la intención de buscar opciones para que esta técnica pudiera emplearse aminorando las afectaciones que genera al entorno y que constituyen los principales argumentos del rechazo unánime al fracking por parte de las organizaciones que defienden el medio ambiente. Razones que, como científica especialista en cambio climático, la presidenta domina también. “Está en estudio”, especificó y prometió que “todo va a ser transparente”.
En México no existe una prohibición legal explícita al fracking, pero sí es una técnica vetada desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Tal postura fue asumida desde la campaña por la presidenta Sheinbaum. “No va a haber fracking” dijo, cuestionada al respecto, en su conferencia del 6 de diciembre de 2024, solo dos meses después de su llegada a Palacio Nacional.
Ante el cambio que se vislumbra con la finalidad de poder acceder a las reservas de gas no convencional ya detectados por Pemex en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking, CartoCrítica y Conexiones Climáticas llamaron a no impulsar de nuevo esta “contaminante técnica” y subrayaron que “la soberanía energética no debe ser sacrificio”.
“Buscan convencernos de que se requiere el uso de esta técnica para depender menos del gas estadounidense, pero el retorno posible de gas, incluso desde las proyecciones más optimistas no alcanzan para hacer un contrapeso a esta dependencia. La realidad garantizada sería el envenenamiento del agua y el aire de comunidades cercanas a la extracción, así como, daños a su salud y la destrucción de economías locales que requieren de un ambiente sano”, afirmaron en un pronunciamiento conjunto.
En el mismo sentido, desde agosto de 2025, cuando se presentó el Plan Estratégico de Pemex 2025-2035, Greenpeace ya advertía que el proyecto, aunque no lo llamaba por su nombre, contemplaba el uso de fracking para la extracción de gas “traicionando el compromiso por la protección del agua y el ambiente de la 4T”.

“Las metas que propone Pemex para la extracción de gas fósil conllevan impactos irreversibles al ambiente, agua, clima y a la salud, sumando una incalculable deuda con las futuras generaciones”, advirtió Greenpeace.
La presidenta Sheinbaum afirmó que, para garantizar la soberanía energética, todos los países tienen que buscar formas para producir la mayor parte de lo que consumen y, en el caso de México, alcanzar esa meta incluye la búsqueda de “nuevas tecnologías”.
Recordó que durante muchos años dijo “no a la fractura hidráulica”, debido a los químicos, a que contamina el agua y a que se usa en lugares donde ese recurso es insuficiente.
Por otra parte, Sheinbaum planteó ampliar la generación con fuentes renovables como la solar, la eólica y la geotérmica, “siempre y cuando haya trabajo con las comunidades” donde se desarrollen los proyectos.
Estimó que a lo largo de su gobierno la participación de estas energías en la generación eléctrica aumentará entre 15 y 20 por ciento. No obstante, reconoció que persiste una interrogante de fondo: “¿qué hacemos con el gas?”.
La presidenta insistió en que la discusión central gira en torno a la necesidad de fortalecer la soberanía energética nacional, pero sin perder la perspectiva del cuidado ambiental.
“Todo el gas que importamos de Texas proviene de fracking, por eso el desafío consiste en ampliar la producción interna sin replicar los daños ambientales asociados a esa técnica”, señaló.
El 19 de octubre de 2025, diputados y diputadas de los partidos Morena y PT anunciaron la elaboración de una iniciativa que retomara las ideas y sugerencias de expertos y sociedad civil para prohibir el fracking en México.
Tal propuesta surgió tras la realización del foro “Fracking en México: riesgos, impactos y resistencias”, donde recordaron que no se había cumplido la promesa que se hizo desde el sexenio de López Obrador: “No al fracking”.

Entre los legisladores que suscribieron la iniciativa se encuentran Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del PT, y Adrián González Naveda, del mismo partido; así como Manuel Vázquez Arellano y Olga Juliana Elizondo Guerra, ambos de Morena.
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“El desarrollo se ha ido solamente en la ruta del priorizar la ruta de la ganancia, sobre cualquier cosa, sobre el impacto ecológico, el impacto social, prevalece siempre el interés económico y eso ha dado al traste con la Tierra”, argumentó entonces Sandoval Flores.
No hay una fecha prevista para saber qué concluyen los expertos que, de acuerdo a la presidenta Sheinbaum, se encuentran evaluando la viabilidad de recurrir a la fractura hídrica para la extracción de gas en el territorio nacional. En el aire se queda la moneda que podría dar un giro —no solo a la política energética de México con su respectivo costo político—, sino también a la posición del país frente a sus convicciones ambientales en el contexto mundial.