Autoridades abandonan a menores migrantes en “campamentos infrahumanos” en frontera sur
Manu Ureste · 23 de febrero de 2024
Se trata de un campamento improvisado con algunos colchones tirados en la tierra arcillosa, cartones, y algunas carpas rudimentarias hechas con maderas, ropa, mantas y toallas con las que hacen una especie de techo para cubrirse del sol y la lluvia, aunque la mayoría de los aproximadamente 300 migrantes que pernoctan en el lugar lo hacen a la intemperie, al raso.
El campamento se levanta en las orillas cenagosas del río Suchiate, en Ciudad Hidalgo; en el conocido ‘Paso del Coyote’ por el que se trasiegan mercancías de todo tipo en la frontera sur con Guatemala, y uno de los lugares más peligrosos de México por la acción de los grupos criminales y de los traficantes de personas.
Menores migrantes, presa del crimen y las enfermedades
Aquí, además de adultos, conviven bebés, niños, niñas y adolescentes que son presa fácil tanto de la delincuencia, como de los moscos y el dengue. Ellos también viven en condiciones deplorables, infrahumanas: sin agua, más allá de la que consumen del río y que les provoca enfermedades gastrointestinales; sin comida; sin baños; sin regaderas; sin atención médica; sin atención de las autoridades de migración, ni del DIF, ni de la Procuraduría de la Niñez; sin posibilidad de pedir asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR); y sin poder moverse más allá del ‘limbo’ de este campamento olvidado para llegar al menos a Tapachula, a unos pocos kilómetros hacia el interior de México, donde ahí los agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional sí tienen orden de detenerlos y deportarlos.
Este fue parte del panorama que el equipo de abogados y abogadas del Instituto Federal de Defensoría Pública se encontró durante una visita in situ en el campamento en el río Suchiate, y por el que interpusieron un amparo el pasado 17 de febrero para demandar tanto a las autoridades federales, como locales, que atiendan de manera inmediata a la población del campamento.
Autoridades mexicanas incumplen derechos de menores migrantes
En entrevista con Animal Político, Ana Mercedes Saiz, titular de la unidad de asesoría jurídica del Instituto, explicó que la inspección surgió luego de acudir a la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, donde corroboraron que, en efecto, tal y como establece una reforma de Ley que entró en vigor en enero de 2021, ningún menor de edad estaba ingresado en el centro de detención.
Sin embargo, esa misma reforma también establece que los menores deben estar albergados en alberguese del DIF y que deben recibir la atención de personal de la Procuraduría de la Niñez para que les hagan una entrevista y determinen qué medidas debe abordar el Estado mexicano para garantizar la restitución de sus derechos, como el derecho a la educación, la salud, la reunificación familiar, o el asilo.
Y eso no se pudo corroborar que se estuviera cumpliendo.
Por el contrario, lo que vieron los asesores del Instituto de la Defensoría es que muchos de esos menores, si bien no estaban albergados en una estación migratoria, se encontraban abandonados en el campamento junto al río Suchiate, “donde Migración los ignora porque no los pueden llevar a la estación migratoria, y los deja ahí sin acceso a ningún tipo de procedimiento de regularización, ni acceso a la solicitud de asilo ante la COMAR”.
“En el campamento vimos a adultos y menores tirados en la tierra. Ni siquiera puedo decir en condición de calle, sino tirados en la tierra en el margen del río”, agregó Saiz, que lamentó que la prohibición de internar a menores en centros de detención, que son ‘cárceles migratorias’ de facto donde se cometen múltiples violaciones a derechos humanos, haya derivado en un “abandono” por parte de las autoridades de esos menores que permanecen “tirados en la tierra” y en un “campamento donde se vive en condiciones infrahumanas”.
Dan amparo para proteger a infancias migrantes, pero con matices
Ante lo que atestiguaron en los márgenes del Suchiate, los asesores jurídicos de la Defensoría federal interpusieron un amparo para proteger a los migrantes de una posible detención y deportación ilegal, y también para que tuvieran acceso a una regularización de su estancia y al proceso de refugio. Asimismo, el amparo buscaba que la justicia ordenara la atención médica y humanitaria inmediata, pues los mismos migrantes, según consta en el documento del amparo, refirieron que las autoridades les negaron la atención debido a que no contaban con una Clave Única de Registro de Población (CURP).
“Personal de Migración, de manera verbal, les han dicho que no pueden otorgarles la CURP y mucho menos regularizar su estancia migratoria como visitantes por razones humanitarias, lo cual les causa un grave perjuicio, pues al no contar con la CURP ni tener estancia legal migatoria, no tienen la asistencia médica que necesitan de manera urgente”, se expone en el documento del amparo.
En tan solo unas horas, el juez concedió la protección del amparo, pero con matices.
En primer lugar, la demanda implicaba a un gran número de autoridades tanto del fuero federal como local, pero el juez sólo instruyó a las autoridades sanitarias de Chiapas y a la delegación en Tapachula del Instituto Nacional de Migración, dejando fuera, por ejemplo, al DIF y a la Procuraduría de la Niñez. Y aunque se le pedía al juez que instruyera al INM y a la COMAR para que analizaran los casos de las personas migrantes del campamento para una posible regularización en el país o acceso al asilo, éste sólo instruyó que se les diera atención médica y humanitaria inmediata y que no se les deportara. Por lo que Ana Saiz dijo que ya recurrieron la decisión ante un tribunal, pues consideran que la protección concedida por el juez “se quedó corta”.
“Nosotros queremos que se estudien los casos para ver quién puede acceder a la tarjeta de residencia por razones humanitarias y quién puede acceder a un proceso de asilo en la COMAR”, subrayó Saiz.
Aun así, la defensora resaltó que el juez, para fundamentar su decisión, decidió que su personal de actuarios realizara también una inspección judicial sobre la situación que viven cientos de personas en el campamento improvisado, “y éstos le informaron que, en efecto, hay bebés, niños, niñas, adolescentes y adultos que viven en condiciones infrahumanas, sin acceso a agua potable y con enfermedades respiratorias y estomacales”.
“Situación crítica e inhumana”, así viven niños migrantes en frontera sur de México
Por ejemplo, una persona migrante de Venezuela refirió que están sobreviviendo “porque no les dan ni agua, no tienen ni para comer, tienen que pedir dinero para alimentar a sus hijos, los cuales se han enfermado de gripa por el polvo y las condiciones del clima, que ayer les llovió y no tienen regaderas para bañarse, por lo que se bañan en el río pero está muy sucio y en condiciones insalubres”.
Otra persona migrante dijo que en el campamento no hay baños y que la gente “hace en cualquier lugar” por lo que “huele mal el campamento, que está lleno de basura por todos lados”.
Y otro migrante venezolano refirió que se encuentran en “una situación crítica e inhumana”.
“No es fácil estar en el campamento. Estamos a la intemperie con los moscos, el agua, el sol, la lluvia, y el calor. Medio se puede dormir en las casas de campaña, pero es muy incómodo”, contó.
El año pasado, Animal Político publicó la investigación ‘Niñez Migrante: Promesas de Papel’, en la que se reveló que, a pesar de la reforma de Ley que entró en vigor en 2021, miles de menores de edad migrantes no están pasando por ese nuevo sistema de protección, mientras que los que sí pasan continúan siendo detenidos en cárceles migratorias o anexos.
Además, la investigación reveló que en miles de casos el Estado mexicano simula que cumple con la nueva norma, o directamente la viola, para expulsar a niños, niñas y adolescentes, cuyas vidas corren peligro en los países de los que salieron huyendo.