Ordenan dar protección a Rosalinda, policía que denunció a aspirante a juez por asesinato

Alfredo Maza · 7 de octubre de 2025

Ordenan dar protección a Rosalinda, policía que denunció a aspirante a juez por asesinato

Un juez federal otorgó una suspensión de plano a Rosalinda Ávalos Reyes, policía de investigación en San Luis Potosí que denunció a un candidato a juez durante la elección judicial por el presunto asesinato de sus dos hijos, y ordenó a la Fiscalía y a la Comisión de Víctimas del estado otorgarle “medidas de protección inmediata” a ella y a su hija.

Así lo decretó Diego Galeana Martínez, juez de distrito en el estado de San Luis Potosí, al admitir la demanda de amparo que Rosalinda y su hija interpusieron para demandar la supuesta omisión por parte de diversas autoridades estatales de decretar medidas de protección adecuadas y eficaces ante un presunto riesgo sus vidas.

El pasado 24 de septiembre de 2025, el abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, dio a conocer que Rosalinda Ávila fue denunciada por el excandidato y que los testigos en su contra son supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que aseguró que “su vida está en alto riesgo”.

Por este motivo, tanto Rosalinda Ávalos como su hija interpusieron esta demanda de amparo, en acompañamiento de las organizaciones Defensorxs y Emergencia Derechohumanera, al argumentar que, hasta el momento, las autoridades solo les han ofrecido “patrullaje esporádico”, pese al alto riesgo que corren.

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“Ayúdame, me van a matar”: demandan a Rosalinda Ávalos, policía que denunció a aspirante a juez por el asesinato de sus dos hijos
Foto: Especial

El caso de Rosalinda Ávalos

El caso de Rosalinda Ávalos se hizo público cuando irrumpió en el Congreso de San Luis Potosí para advertir que uno de los implicados en los asesinatos de dos de sus hijos, quienes supuestamente se encontraban investigando la colusión entre agentes de la Fiscalía de San Luis Potosí y el crimen organizado, se perfilaba para ser juez durante la elección judicial.

Con su denuncia, Rosalinda consiguió que Sabas Santiago Ipiña fuera excluido del proceso electoral, al no cumplir con los requisitos constitucionales que el comité de selección no había detectado.

Sin embargo, desde entonces ha tenido que librar una batalla constante para buscar justicia y que los implicados en el crimen contra su familia no sean liberados. Pese a que hay nueve detenidos por el ataque a sus hijos, ocurrido en 2020, Rosalinda Ávalos no ha logrado que los lleven a juicio.

Incluso, a pesar de que Rosalinda ha peleado para que le otorguen medidas de protección desde entonces, recién la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí le concedió como medida cautelar el “patrullaje” fuera de su domicilio, mientras que las intimidaciones en su contra siguen aumentando.

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Juez da libertad a autoridades para valorar medidas de protección a Rosalinda y su hija

Al promover la demanda de amparo, Rosalinda y su hija señalaron que se encontraban en “riesgo de ser asesinadas”, debido a que las autoridades han omitido decretar medidas cautelares y eficaces para resguardar su integridad física y su vida.

Por este motivo, al admitir la demanda de amparo y decretar la suspensión de plano, el juez Galeana Jiménez ordenó a las autoridades cesar de manera inmediata la omisión de decretar medidas de protección, ante el posible riesgo a la vida de ambas mujeres.

La suspensión de plano fue decretada debido a que todos los jueces del país tienen la obligación de decretar esta medida cuando el “acto reclamado” implique peligro de la privación de la vida o ataque a la integridad personal, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley de Amparo.

No obstante, el juez dio libertad a las autoridades para que “con libertad de jurisdicción”, valoren cuáles son estas medidas “proporcionales” de seguridad y las decreten de “inmediato”, fijando como fecha para la audiencia constitucional, en la que determinará si concede o no el amparo a las víctimas, el próximo 10 de noviembre de 2025.