A Mariela la acusaron de homicidio; pese a duda razonable, le niegan la libertad

Desde el centro penitenciario de Aguaruto en Culiacán, Sinaloa, Mariela Quintero Mendoza comparte que en los próximos días cumplirá 41 años. No tiene nada ni a nadie con quién festejar. Sus tres hijos, que están bajo el cuidado de su madre, viven en Mexicali, Baja California, y poder visitarla es prácticamente imposible porque, como en la mayoría de los casos de mujeres privadas de la libertad, sus familias deben decidir entre usar el poco dinero que tienen para llevar comida a la mesa o pagar pasajes para ir a verlas.

Su historia comenzó en 2017, cuando ella y su expareja fueron detenidos y señalados de haber participado en el homicidio de una persona.

Días antes de la detención, cuenta, su familia ya había atravesado por un episodio de sufrimiento porque a su hermano lo habían “levantado” y asesinado. Cuando ella estaba en la morgue reconociendo su cuerpo, las autoridades llegaron y la detuvieron.

Sin recursos económicos para acceder a una defensa privada, a la mujer se le asignó un abogado de oficio que la ha acompañado en su proceso legal.

Al término del juicio, el 19 de mayo de 2018, se encontró culpable a Mariela y se le dictó una pena de 29 años en prisión, por el delito de homicidio calificado con premeditación.

“Yo le dije al licenciado que apelara y metió argumentos y muchas cosas, y cuando llega la resolución de la apelación le dijeron al juez que sentenciara conforme a las pruebas que tuviera porque había una duda razonable que no cuadraba”, explica Mariela. “El juez nos mandó a audiencia otra vez y nos mandó a libertad absolutoria”.

Fue el 21 de marzo de 2019 cuando Mariela y su expareja recuperaron su libertad. Ambos fueron absueltos.

Cuando salieron de prisión, agrega, no tenían nada. Habían perdido sus cosas y a buena parte de su familia. En el caso de Mariela, su mamá y sus hijos se habían ido a vivir a Mexicali pues, tras el secuestro y asesinato de su hermano, su familia vivía con miedo y optó por alejarse.

El 7 de agosto de 2019, a poco más de cuatro meses de haber recuperado su libertad y mientras preparaba la comida, policías llegaron a su casa y la reaprehendieron pues el Ministerio Público había interpuesto una apelación.

“Me volvieron a sentenciar y ahora a 22 años. Apeló el licenciado y no llegó en favor esa apelación; entonces, metió un amparo directo y la resolución que le dieron fue la misma de la otra vez: que había una duda razonable y estaban pidiendo que dieran otro tipo de sentencia, pero no quisieron y reiteraron la sentencia y me volvieron a dejar acá”, reclama.

Te puede interesar: “Ya no se puede recuperar el tiempo pero que sea tiempo de calidad”: la historia de Irma, liberada por amnistía tras 18 años presa

Duda razonable y una testigo poco confiable

Desde agosto de 2019, Mariela está en prisión —por segunda ocasión— señalada por su presunta participación en el homicidio de un familiar de su entonces pareja, un delito que, sostiene la mujer, no cometió. 

La pruebas que tiene el Ministerio Público en su contra y bajo las cuales se sostiene su caso se limitan al testimonio de una testigo que ha sido desacreditada por resultar contradictoria.

Consultada al respecto, la defensa pública que lleva el caso de Mariela informó que, el pasado 11 de agosto de 2022, el Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, resolvió el amparo directo 24/2022, concediendo la protección de la justicia federal a favor de la mujer: los magistrados federales determinaron que la jueza encontró plena responsabilidad penal de la acusada con base en una prueba circunstancial en la que se advierten contradicciones.

“De lo expuesto, se advierte claramente que la testigo presencial del evento y que vio el momento específico atribuido a la ahora quejosa, hizo referencia a que el ofendido cuando estaba siendo sometido de los brazos hacia atrás por la acusada Mariela Quintero Mendoza no podía moverse; por tanto, contrario a lo que estableció la autoridad responsable no tendría apoyo la imputación de la testigo con el testimonio del experto, quien en esencia manifestó que la lesión que se originó se debió a que existió movimiento al momento del impacto”, se explica en el amparo concedido a Mariela.

“Este Tribunal Colegiado considera que la valoración del testimonio de la testigo (…) no alcanzó el grado de certeza necesario más allá de toda duda razonable en su aspecto objetivo, derivado de que dicha testigo hizo la manifestación específica de que cuando un tercero le dio el segundo disparo de arma de fuego a la víctima, la hoy acusada se encontraba colocada detrás de aquel, sujetándole las manos hacia atrás; sin embargo, bajo esa mecánica, es poco creíble que la acusada se encontrara en esa posición, en la cual no tendría la certeza de que el tercero fuera a impactar únicamente la corporeidad física del ofendido”.

Por estas y algunas otras conclusiones referentes al testimonio de la testigo y las conclusiones de los peritos quienes analizaron la escena del crimen, así como el cuerpo de la persona que murió, el Tribunal Colegiado instruyó que se volviera a analizar el caso de Mariela, se tomara en cuenta la duda razonable y se juzgara con perspectiva de género.

“Con fecha 31 de agosto de 2022, la Primera Sala del Fuero Común, incomprensiblemente, de manera arbitrariamente y perversa, repitieron el acto reclamado, omitieron acreditar la duda razonable y ratificaron la sentencia de 22 años de prisión”, informó la defensoría pública.

Sin saber qué más hacer, el pasado 5 de septiembre, Mariela y su defensa presentaron un recurso de revisión en contra la resolución del Tribunal Colegiado, pues si bien es cierto que acreditó la duda razonable, también lo es que no estudió el tema del doble enjuiciamiento, pues en un primer juicio resultó absuelta y en un segundo juicio condenada. 

“A título personal y bajo mi más estricta responsabilidad, debo decir que la justica de Sinaloa se ha ensañado con la señora Quintero Mendoza, pues sistemáticamente los servidores públicos del Poder Judicial de estado han pasado por alto los principios constitucionales de juzgar sin caer en prejuicios ni injusticias; toda vez que Mariela ha sido procesada y sentenciada injustamente, sin perspectiva de género y con inobservancia al interés superior del niño, pues de las decisiones arbitrarias sus menores hijos viven en la pobreza extrema, al cuidado de su abuela aquejada de enfermedad crónicas”, expuso la defensoría pública del estado en una ficha informativa que envió a este medio.

“¿Quién me va a pagar todo este tiempo perdido?”

Desde la primera vez que fue detenida en 2017 y hasta la fecha —luego de ser reaprehendida—, Mariela ha tenido visitas mínimas. A sus tres hijos no los ve desde aquel día cuando la detuvieron mientras estaba en el servicio forense reconociendo el cuerpo de su hermano.

“¿Quién me va a pagar todo este tiempo?”, cuestiona Mariela. “Pido que vean, que se lleve el proceso como debe de ser, porque no se me hace justo que esté pasando otra vez por lo mismo, por un proceso que ya llevé y estoy por algo que la verdad yo no hice”.

La defensoría pública de Sinaloa explicó a Animal Político que la libertad de Mariela está en manos del Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito con residencia en Mazatlán, que estudia la repetición del acto reclamado y el cumplimiento del amparo concedido.

“Se hace necesario se haga del conocimiento del dominio público la injusticia que el Estado mexicano ha cometido en contra de Mariela, a fin de que la población se entere de la perversidad con que actúan los servidores públicos del Poder Judicial del estado de Sinaloa, así como la total impunidad en que se desempeñan, pasando por alto los principios constitucionales de imparcialidad, congruencia e independencia que deben observar los juzgadores en cada uno de los asuntos que les toca resolver”, acusó.