María Guadalupe Martínez exigió pensión alimenticia y terminó con una sentencia de 50 años de cárcel
Tania Casasola · 25 de marzo de 2026
María Guadalupe González Martínez, una mujer otomí del municipio de Temoaya, Estado de México, sentenciada a 50 años de cárcel por el delito de secuestro, enfrenta un proceso lleno de irregularidades y omisiones por parte de las autoridades, tras una cadena de denuncias que comenzaron luego de que ella interpusiera una demanda por pensión alimenticia contra su expareja.
Lupita, como le dice su familia, decidió en 2021 exigir los derechos que le corresponden a sus hijos, pero a los pocos meses, la pareja de su exesposo la denunció por presunto abuso sexual, tentativa de feminicidio y secuestro.
María Guadalupe asegura que las denuncias se han basado en señalamientos falsos y en “fabricación de hechos”. Por las acusaciones de abuso sexual y tentativa de feminicidio quedó absuelta; sin embargo, fue sentenciada por un secuestro que no cometió.
Su caso no se ha llevado con perspectiva de género ni con visión intercultural al ser una mujer indígena. Desde su detención careció de la presencia de un traductor para que ella pudiera entender en su lengua materna lo que le estaba ocurriendo, sobre todo los términos legales.
El pasado 20 de marzo se llevó a cabo la audiencia de apelación contra la sentencia, en la que se evidenciaron graves violaciones a sus derechos humanos y un proceso en el que no hay pruebas que sustenten las acusaciones y la sentencia que enfrenta la mujer de 48 años, madre de dos hijos.
Se espera que el Poder Judicial resuelva esta semana si se confirma o revoca la sentencia.
“Nosotros estamos luchando contra el Estado, ya no contra la presunta víctima, sino contra el Estado, que debe de responder por todos estos fallos que han hecho con María Guadalupe”, dice su hermana Cecilia, en entrevista con Animal Político.
El día de la detención, las denuncias e irregularidades
La mañana del 4 de julio del 2022, María Guadalupe fue detenida en condiciones irregulares por varias personas afuera de su casa: a empujones la metieron a un auto que la trasladó sin orden judicial a la Fiscalía y luego al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permaneció casi dos años privada de la libertad.
Cuando preguntó por qué se la llevaban solo le respondieron: “Pues sabes bien las pendejadas que hiciste”.
El primer delito por el que quedó absuelta fue por el de abuso sexual ante la falta de elementos para sostener la acusación. Después, por tentativa de feminicidio obtuvo una sentencia absolutoria que fue confirmada en apelación. La otra demanda en su contra, la del secuestro, por la que se le condenó a 50 años de cárcel, es la que su defensa apeló.
La supuesta víctima narra que de camino a su casa tomó un autobús del transporte público que iba muy lleno y que un hombre desconocido le puso una pistola en la espalda y la obligó a bajarse con él, donde la esperaba otro vehículo con dos personas más para trasladarla a una casa de seguridad. La víctima dice que tres hombres ejercieron violencia física, verbal y sexual en su contra, que le ataron las manos y le taparon los ojos.
De acuerdo con lo narrado a las autoridades por la supuesta víctima, más tarde llegó María Guadalupe quien supuestamente la torturó y ordenó matarla.
En su declaración señala que vio en el lugar a María Guadalupe “por unos breves momentos”. El presunto secuestro duró tres horas, tiempo en el que los agresores y la pareja de la víctima sostuvieron conversaciones por WhatsApp para amenazarlo y pedirle dinero, diálogos en los que se basaron para acreditar el delito. Más tarde, los agresores dejaron abandonada a la supuesta víctima en un predio cerca de la casa de María Guadalupe.
Asimismo, la denunciante refiere que los mismos secuestradores llamaron al 911 para que fueran a rescatarla. Al lugar llegó una patrulla que la trasladó al Hospital Regional del IMSS No 220, en Toluca, según el relato de los hechos.
Sin embargo, la defensa de María Guadalupe solicitó las bitácoras de esa llamada realizada al 911, pero no existe registro alguno. También pidió el expediente médico al IMSS para verificar ingreso, egreso y el motivo por el que acudió, pero tampoco existe. Tampoco hay registro policiaco ni de alguna ambulancia que la haya trasladado.
En la zona donde supuestamente la dejaron es un predio baldío ubicado en una zona concurrida y con negocios particulares, algunos con cámaras de seguridad. “La Fiscalía pudo haber extraído los videos para acreditar el hecho, pero no lo hizo y nosotros lo hicimos tres meses después, hasta que nos enteramos de la denuncia de secuestro, pero ya no pudimos obtener las grabaciones porque se borran máximo al mes”, cuenta Cecilia.
“Hay tantas pruebas que el juez en su momento no tomó en cuenta. Por eso hacemos un llamado al Poder Judicial y nos hemos manifestado para exigir que revise, que analice con cautela cada parte de la apelación y valore lo que pasó porque nuestros peritajes no han sido aceptados, válidos. Recordemos que todas estas carpetas se propician solo por pedir una guarda y custodia y pensión alimenticia para los niños”, señala Cecilia.
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“Me sentencian por exigir un derecho para mis hijos”
De esta manera, la sentencia por secuestro se sustentó únicamente en testimonios de la supuesta víctima, del padre de los menores y reportes de policías que carecen de pruebas periciales que comprueben las lesiones o la privación de la libertad.
El día que se le dictó sentencia, María Guadalupe declaró: “Hoy, el Estado me condena a 50 años de prisión por exigir un derecho para mis hijos, me sentencian por no quedarme callada, por no rendirme, pero no podrán encarcelar mi verdad ni la de tantas mujeres que luchamos por justicia. Soy inocente y aunque me arrebaten la libertad, no podrán arrebatarme la dignidad ni la esperanza”.
En 2024 María Guadalupe dejó el Altiplano ya que se le cambió la medida cautelar de prisión preventiva justificada a prisión domiciliaria y ahora porta un brazalete en el tobillo que sólo le permite moverse un rango de 500 metros.
Esto, cuenta su hermana, dejó más tranquilos a todos al saber que estaría en su hogar, con sus hijos y familia, quien también resintió el desgaste físico, emocional y económico de visitarla cada fin de semana por casi dos años.
“Tenemos esa esperanza, esa fe de que la Sala de Asuntos Indígenas y la magistrada analicen con perspectiva de género e interculturalidad porque no es justo que la vuelvan a privar de su libertad por un delito que no cometió. El único delito fue haber levantado la voz y el propio Estado prefirió aislarla y encarcelarla por haber levando la voz para exigir una obligación”, señala Cecilia.
“Lo que ha hecho el Estado es ignorarnos, para el Estado es una presa más, pero para nosotros es todo”, asegura.
Ahora, su temor no solo es que se le ratifique la sentencia de 50 años, sino que nuevamente sea abra otro proceso en contra de María Guadalupe por una nueva denuncia de intento de secuestro interpuesta, otra vez, por la pareja de su exesposo, a quien dejó desde 2016, tras sufrir maltrato y violencia. En esta nueva carpeta también se acusa a Cecilia.
Con esta nueva denuncia se buscaba que le retiraran la medida cautelar de arraigo domiciliario, pero la jueza lo rechazó. De hecho, la defensa ya había alertado a Lupita que tenía el 80 % de posibilidad de regresar a prisión por el supuesto nuevo secuestro. El Ministerio Público apeló la resolución.
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Durante estos cuatro años de proceso judicial —casi dos en prisión—el padre de los dos menores no ha aportado dinero para la manutención de sus hijos. En octubre de 2025 un juez determinó el porcentaje de salario que debía destinar. La empresa para la que trabajaba le hacía el descuento semanal, pero solo pagó un mes ya que en noviembre renunció.
Cecilia, su familia, activistas, defensores de derechos humanos y diversas colectivas exigen al Poder Judicial una resolución inmediata y justa, la revisión de las violaciones al debido proceso, el reconocimiento de las violencias estructurales que atraviesan el caso de María Guadalupe, así como corregir la injusticia cometida y devolverle su libertad.
“No olvidemos, fue la exigencia de los derechos para sus hijos lo que la llevó a ser criminalizada y encarcelada”, reitera su hermana Cecilia.