Comunidad gay de Chiapas marchará por detención arbitraria

Este sábado 16 y domingo 17 de noviembre los integrantes de la comunidad LGTTBI de Chiapas marcharán para exigir la libertad de Alejandra Isabel Ribera López, detenida el pasado domingo 10 de noviembre en Arriaga, por presunto secuestro, un delito que, aseguran sus familiares, no cometió. El motivo real, alegan, es que mantenía una relación con otra chica, informó el portal informativo Noticias Net. El sábado la marcha será en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez (del Parque Central a la PGJE) y el domingo en Arriaga, con destino final en el penal de Tonalá.

[contextly_sidebar id=”ddbe2657658e1de7e04f1eb571ee9d39″]El pasado miércoles 13 de noviembre, María Libia Rivera López, madre de la detenida, ofreció una conferencia de prensa, donde detalló que denunció ante la Procuraduría General de Justicia del Estado al ministerio público y a los policías que detuvieron con violencia e insultos y luego encarcelaron en el penal de Tonalá a su hija, pues asegura que los hechos fueron motivados por la preferencia sexual de Alejandra.

“Mi madre estaba presente es una señora grande y enferma; al tratar de impedir que se llevaran a su nieta, recibió un empujón. Ellos, los policías, actuaron con agresividad, a mi hija le dijeron marimacha, ‘vamos a ver ahora qué tan hombrecito eres’”, detalló.

En un principio, Alejandra fue acusada de secuestro y ahora de privación ilegal de la libertad y trata de personas, derivado de la denuncia de Jorge Sánchez Alemán y Matilde Espinosa Santos, padres de una chica menor de edad que presuntamente mantiene una relación sentimental con Alejandra desde hace más de 6 meses. Ella no está privada de su libertad ni es víctima de trata; incluso sus padres la llevaron a la Procuraduría el mismo día de la detención de Alejandra, para declarar en su contra.

Rivera López denunció también irregularidades durante el proceso de detención -“no le permitieron ser respaldada por un abogado y la obligaron a firmar una declaración que no hizo”, lo que quedó registrado en el acta administrativa 485/2013-FESP.

Al lunes siguiente, el abogado de la familia intentó presentar pruebas para eximir a Alejandra de responsabilidad, sin embargo fue necesario llamar a un notario público para que diera fe de la entrega porque el ministerio público no quiso recibirlas.

Con información de Noticias.Net