#MarchadelasPutas <br>México, país de acoso sin castigo
Francisco Sandoval Alarcón (@MrTerremoto) · 9 de junio de 2011
La respuesta de la maestra de Educación Física fue inmediata: Nunca tendría relaciones sexuales con su supervisor de zona, así éste le insistiera reiteradamente en sus pretensiones, que en más de una ocasión llegaron a los toqueteos lascivos e indignantes, así como a las palabras soeces y ofensivas.
La represalia del supervisor César Carballido vino tras la primera negativa y se prolongó por espacio de ocho meses, tiempo en que la maestra no recibió el pago de sus quincenas, bajo el argumento de estar retrasadas.
Los hechos se registraron en febrero de 2007 en Chilapa de Álvarez, Guerrero y generaron que en diciembre de ese año, la Comisión de los Derechos Humanos en la Entidad emitiera una recomendación para que las autoridades educativas iniciaran un procedimiento administrativo y de paso dieran parte a la Procuraduría de Justicia, donde ya existía una denuncia penal para investigar a Carballido por el delito de hostigamiento sexual.
Miles de casos sin castigo
Más de 7 mil 700 denuncias y quejas por acoso sexual en el país se presentaron ante las diferentes autoridades civiles y ministeriales en el 2008, según reveló el último estudio realizado por el Instituto Nacional de las Mujeres (INM) en 258 dependencias federales, en el que además, se mencionaba que otros 17 mil 932 casos no habían sido denunciados ante las instancias correspondientes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su parte, ha informado que el 90% de los delitos sexuales que se cometen en México son contra la población femenina, donde casi la mitad de las víctimas son mujeres jóvenes menores de 18 años.
“Los casos de abuso o acoso sexual contra las profesoras son más frecuentes que los sufridos por las alumnas. En todos los estados han existido casos de abuso o acoso sexual contra las profesoras”, reconoce la CNDH en uno de sus más recientes informes sobre discriminación.
Nuevas sanciones
Fue el 22 de febrero de 2011 cuando los diputados federales en el país acordaron por unanimidad de votos, elevar las penas existentes por el delito de acoso sexual que hasta antes de la fecha señalada se castigaba con 40 días de multa.
Con la decisión de los legisladores se establecieron penas de 6 meses y hasta 2 años de prisión, así como multas por 50 días de salario mínimo, a los responsables de cometer este ilícito.
En el caso de los servidores públicos a quienes se compruebe la falta, las modificaciones prevén la inhabilitación de sus funciones por el mismo tiempo que paguen su sentencia, además, se contempla que las faltas se incrementen de 8 meses a 3 años cuando el funcionario acosador se “valga de su posición jerárquica laboral, docente, doméstica o cualquier otra que implique subordinación”.
¿Qué hacer en caso de acoso?
El número de denuncias que se han presentado en la función pública tanto el ámbito federal, estatal y municipal, llevaron al INM a implementar un protocolo de intervención para saber qué hacer en caso de enfrentarse a un hostigamiento o acoso sexual.
Explican que tras el último informe practicado en el 2008, se llegó a la conclusión que un alto porcentaje de mujeres, al servicio del gobierno, no se atreven a denunciar a estos actos aun cuando ha padecido hostigamiento y acoso sexual por parte de sus superiores o compañeros de trabajo.
Los objetivos del protocolo son: Establecer un proceso para la prevención, atención y sanción de este tipo de casos; Generar un programa que garantice la confidencialidad de las quejas y crear una instancia colegiada que dirima los asuntos que se vayan presentando.
Más recomendaciones
La Comisión de los Derechos Humanos en Guerrero no es la única instancia que ha emitido una o más recomendaciones, al detectar que las autoridades estatales han sido omisas para investigar los casos de hostigamiento y acoso denunciados la mayoría de las veces ante las Procuradurías de Justicia a nivel local.
En julio de 2006, por ejemplo, una enfermera que laboraba en el Centro de Salud de Zacualtipán de Ángeles, Hidago, presentó una denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos de la Entidad contra dos médicos de la institución por ejercicio indebido de la función pública y abuso sexual.
La Profesionista, quien realizaba su servicio social, denunció que uno de los médicos, estando en su consultorio, la sujeto de las manos para “posteriormente abrazarla y besarla, sin poder defenderse”.
Como justificación, el médico le dijo que su actuación se debía “a uno de sus impulsos” y le pidió por favor que no lo comentara con nadie. La enfermera, sin embargo, presentó un escrito a sus superiores donde narraba lo sucedido, pero lejos de proceder administrativamente contra el médico, éste fue solapado.
Meses después fue el Director del Centro el que le propuso tener relaciones sexuales a cambio de liberar su servicio social. No sólo eso, después de encerrarla en su oficina, le dijo que si no accedía a sus peticiones sería él quien la denunciaría por acoso sexual y la amenazó con abusar sexualmente de ella cuando se dirigiera a trabajar hacía alguna comunidad.
A diferencia de la primera queja, la enfermera en esta segunda ocasión se dirigió a la Comisión de los Derechos Humanos, instancia que recomendó a las autoridades estatales investigar y suspender a los médicos responsables de la agresión, y le ordenó capacitar a todo el personal del sector salud para actuar con estricto apego a derecho y a las garantías individuales sus trabajadores.