Paris Martínez (@paris_martinez) · 14 de noviembre de 2012
Este martes, en punto de las 11:00 horas, concluyó formalmente la huelga de hambre que dos madres de desaparecidos y la hermana de una mujer asesinada en Ciudad Juárez mantenían desde hacía una semana frente a la Secretaría de Gobernación, tras aceptarse las “exigencias mínimas” planteadas a la autoridad, aunque, antes de levantar sus carpas y casas de campaña, las activistas advirtieron que si no hay avances en la investigación de los crímenes cometidos contra sus familiares, y contra los de otras 41 mamás que se acercaron a la protesta, en diez días el ayuno será retomado.
Julia Alonso, cuyo hijo Julio Alberto Josué López desapareció el 12 de enero de 2008 en la presa La Boca, en Santiago, Nuevo León, informó que, entre los compromisos adquiridos por las autoridades, está que ella sea atendida directamente por los gobernadores de Guerrero, Ángel Aguirre, y de Nuevo León, Rodrigo Medina, con el objetivo de echar a andar la indagatoria que, a cinco años del rapto de su hijo, “ni siquiera cuenta con un expediente en forma”.
Además, la señora Alonso informó que el segundo acuerdo es que el equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto tome conocimiento de los expedientes de desaparición presentados a las autoridades salientes, trabe contacto directo con las familias de las víctimas y les dé seguimiento puntual a las indagatorias.
Alonso, quien es parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aclaró que los acuerdos logrados con Gobernación, y que dieron pie al fin de la huelga de hambre, “no pueden calificarse como un logro, sino como un paso que debió darse hace mucho tiempo, y ahora levantamos nuestra protesta porque, si estamos débiles, no podríamos continuar con la búsqueda de nuestros hijos”.
Por su parte, Margarita López, cuya hija Yahaira Guadalupe fue raptada por un grupo de hombres armados que invadieron su domicilio, en Oaxaca, el pasado 13 de abril de 2011, y a quien meses después le fue presentado un cadáver putrefacto e irreconocible como el de su hija raptada, informó que las autoridades federales aceptaron gestionar ante el Equipo Argentino de Antropología Forense que sea éste organismo especializado el que analice dichos restos y determine si, como afirman las autoridades, son los de su hija.
Sin embargo, la señora Margarita, quien en la búsqueda de Yahaira llegó a localizar una bodega en Oaxaca donde mantenían cautivas a decenas de mujeres secuestradas y sometidas a explotación sexual (sin que la autoridad aceptara en su momento ingresar a dicho inmueble para rescatar a las víctimas), informó también que Gobernación y la PGR aceptaron enviar al FBI una muestra del cadáver que presentan como el de su hija, órgano policial estadounidense que, el lunes pasado, ratificó que las muestras conservadas por el Ministerio Público mexicano fueron tan mal manipuladas que “ni siquiera es posible determinar si se trata del cuerpo de un hombre o de una mujer y, por lo tanto, se pone en entredicho la versión oficial de que mi hija fue asesinada”.
Cabe destacar que, en el caso de la tercera activista en huelga de hambre, Malú García Andrade (hermana de una de las primeras mujeres cuyo asesinato en Juárez despertó, en 2001, los focos de alerta sobre los feminicidios en dicha ciudad fronteriza), su participación en la protesta fue en solidaridad con Margarita y Julia, por lo cual no presentó exigencias particulares a Gobernación.
Ayer mismo, Margarita, Guadalupe y otras 25 madres de víctimas de desaparición y asesinato fueron recibidas en la Procuraduría General de la República, para emprender la revisión de sus respectivos expedientes, mientras que la Procuraduría del Distrito Federal tomó cuatro casos más, de crímenes impunes cometidos en la capital del país.