Mamá de joven desaparecido se declara en plantón ante Segob

En noviembre de 2012, tres madres de personas desaparecidas realizaron una huelga de hambre de diez días frente a la Secretaría de Gobernación, para demandar compromisos concretos para la búsqueda de sus hijos. En ese momento, las autoridades de la pasada administración, así como representantes del equipo de transición del actual presidente, Enrique Peña Nieto, establecieron una agenda de acciones específicas para cada uno de los tres casos, logrando así que el ayuno fuera levantado… ocho meses después, sin embargo, una de esas madres, Julia Alonso, volvió ayer ante esas mismas oficinas, para instalarse en plantón indefinido, ante el nulo cumplimiento de los ofrecimientos realizados por el gobierno federal.

“Yo tengo a mi hijo, Julio Alberto López Alonso, desaparecido desde hace cinco años y siete meses –explica Julia–, él fue secuestrado el 12 de enero de 2008, cuando tenía 27 años, en el municipio de Santiago, Nuevo León, a donde había llegado tres días antes de vacaciones, para esquiar en la presa La Boca. Desde entonces, ninguna investigación real han realizado las autoridades, he sido yo la que ha recabado la información con que se cuenta, por eso iniciamos una huelga de hambre en noviembre pasado, para presionar a las autoridades para que emprendieran investigaciones verdaderas, pero hoy he vuelto, y aquí me voy a quedar, ya que no se ha hecho nada: yo quise creer que había verdadera voluntad del nuevo gobierno por encontrar a nuestros hijos, pero ahora veo que no es así.”

[contextly_sidebar id=”08ef006f76b924bf0c44f19050f8c6c2″]Entre los acuerdos incumplidos por la autoridad federal, denunció la señora Alonoso, está la designación de un investigador que atendiera exclusivamente la búsqueda de Julio Alberto, “algo que nunca se hizo”; además, la Secretaría de Gobernación se comprometió a gestionar una reunión con el gobernador de Guerrero –de donde es originaria–, para que se investigaran las amenazas de las que la familia ha sido presa, “lo cual nunca se cumplió”.

Asimismo, subrayó Julia, la Segob “me ofreció apoyo para volver a México, porque ante las amenazas recibidas yo me fui, con mis propios recursos, a Estados Unidos, pero ahora he agotado todo mi capital, he agotado todos los activos de la empresa familiar que tenemos, así que en enero, en Gobernación me dijeron que volviera, y que me apoyarían económicamente para establecerme de forma temporal, en tanto podía volver a a mi casa en Guerrero, para retomar mi vida, mi trabajo…”

Y con esa promesa de apoyo para pagar una renta, narra Julia, a principios de año trasladó sus pertenencias a una casa en Tijuana, cuyo alquiler comenzó a pagar con sus propios fondos, “pero ahora ya no tengo nada, ya agoté todo. Hace un mes y medio, ya no pude hacer el pago, así que le pedí a la casera que me esperara, le expliqué que el gobierno federal se había comprometido a liberar fondos para asistirme, pero fue inútil y, al final, la dueña de la propiedad me despojó del vehículo que ahí tenía estacionado, me despojó de todos los objetos de valor que guardaba dentro de la casa, y luego echó mis muebles y otras pertenencias a la calle, donde otro tanto fue robado por desconocidos.”

Julia, aclara, no pudo hacer nada para evitar el robo de las pertenencias que resguardaba en Tijuana, “porque yo estaba aquí, en la capital, realizando gestiones con la autoridad para el cumplimiento de todos los acuerdos que están pendientes… y cuando una vecina se comunicó conmigo para avisarme que la casera había echado todo a la calle, yo pedí ayuda a la PGR, pero ahí, Ileana García (de la Subprocuraduría de Derechos Humanos) me dijo que nada podían hacer. Yo me quedé en la calle, prácticamente… apenas y conseguí para ir a Tijuana y recuperar lo poco que dejaron.”

Y con esas pocas pertenencias, básicamente muebles, anunció Julia, se quedará en plantón ante Gobernación, “para que vea el gobierno cómo vivimos las personas que tenemos hijos desaparecidos… ahorita, nada más pusimos la casa de campaña en la que voy a dormir –informó–, pero me voy a traer también mis muebles al plantón, nada más me hace falta una carpa con la cual cubrirlos del agua, y no me moverán, aquí me voy a quedar hasta que todos los compromisos establecidos se cumplan: y no me refiero al dinero para pagar una renta, sino al inicio de investigaciones serias, quiero que la autoridad investigue el paradero de mi hijo, que se asigne un investigador al caso, quiero se busque en las propiedades aledañas a la presa La Boca, que eran ocupadas por integrantes del crimen organizado, y que están perfectamente identificadas, y quiero que se realice un rastreo en el fondo de la presa, esos fueron los acuerdos de noviembre, y la autoridad federal debe cumplirlos.”