10 de Mayo en lucha: madres buscadoras exigen seguridad y certidumbre
Marcela Nochebuena · 10 de mayo de 2025
La garantía de seguridad para las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, así como acciones reales que garanticen que la apertura al diálogo no terminará en simulación, son algunas de las exigencias centrales para las madres buscadoras que como cada año, este 10 de mayo salen a marchar.
Lo anterior tras un contexto de diversos episodios que han mostrado, por un lado, disposición, pero por otro, rechazo a los reclamos más básicos, como la admisión de que existen desapariciones forzadas en México. A estos se suman las diferencias y desacreditación a colectivos de Jalisco tras el hallazgo de restos óseos en el Rancho Izaguirre en Teuchtitlán, Jalisco, que el gobierno insiste en calificar solo como campo de reclutamiento.
Si bien la protesta de este 10 de mayo llega también tras una serie de reuniones sostenidas con colectivos de todo el país con la Secretaría de Gobernación, durante ese mismo periodo se registró la muerte de dos madres buscadoras. Además, aún persisten dudas en torno a cómo se reflejarán las diversas exigencias en la iniciativa de reforma que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley General en la materia.
Una de las preocupaciones centrales es, por ejemplo, la inmediatez y premura que se ha planteado —tanto por parte de la titular de Gobernación como por las propias legisladoras— para aprobar las reformas en un periodo extraordinario que se convocaría una vez pasada la elección judicial, mientras que la segunda vuelta de varias reuniones con los colectivos que han participado está agendada para diferentes días de la primera quincena de junio.
“No hay una certeza clara de qué sigue”, dice Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que participó en varias mesas de trabajo entre el 21 y 25 de abril. Aunque se dieron algunos acuerdos, explica, la única acción concreta es que se volverá a dialogar el 3 de junio o en fechas posteriores.
“Cuando no tienes certeza del resultado del diálogo, pero tampoco se ve que ya tengan una estrategia clara de por dónde van a empezar a hacer los cambios que se necesitan para que esto realmente funcione, pues te quedas en la incertidumbre”, reclama.
Si el tema termina reduciéndose a los puntos principales de la iniciativa de Sheinbaum, en realidad se tratará de lo mismo que está pendiente desde la entrada en vigor de la ley en 2017, señala. La expectativa de que algo más pueda generarse es muy baja, lamenta tras las reuniones.
“La esperanza, como siempre, las mujeres y las madres la ponen para poder seguir luchando y construyendo procesos que nos lleven a nuestros familiares a la verdad y la justicia”, comenta. “Pareciera que tienen más prisa por aprobar las modificaciones a la CURP que por trabajar los temas de desaparecidos”.
Desde su perspectiva, cuando se habla de crear una base de datos general, fortalecer el Banco Nacional de Datos Forenses —que ya estaba dispuesto en la ley y se retrasó por años ante la negativa de la Fiscalía General de la República— y otras herramientas contempladas en la ley vigente, las únicas novedades terminan siendo la plataforma nacional de datos biométricos y la CURP, que no es una herramienta de búsqueda en vida.
Este año ha sido diferente, lleno de oportunidades para reunirse con las autoridades, coincide Jacqueline Palmeros, del colectivo Una luz en el camino de la Ciudad de México, quien en enero de este año sepultó a su hija Jael Monserrat Uribe Palmeros luego del hallazgo de algunos fragmentos de su cuerpo en el Ajusco. Particularmente, en la capital destaca la oportunidad que hay con el nuevo gabinete y la puesta en marcha de un plan de búsqueda en la entidad.
Sin embargo, si bien puede existir disposición, al mismo tiempo persiste el miedo de que al final se trate sólo de una simulación, como ha pasado en administraciones pasadas, pues es un problema heredado.
“Los colectivos a nivel nacional en su mayoría somos apartidistas y creemos que si bien se detonaron las desapariciones en años pasados, ahora también han ido en aumento. Es algo que el gobierno no ha querido aceptar. Por ello, las madres salimos año con año en esta marcha de la dignidad a exigir que se localice a nuestros seres queridos”, enfatiza Palmeros.
Incluso en las mesas de diálogo con Gobernación, explica, se ha hablado de estos episodios “agridulces”, porque mientras se está intentando construir un plan emergente, que abarque todas las necesidades reales, han quedado expuestos casos fuertes de violencia, particularmente aquellos que van en contra de las madres que buscan.
La seguridad de las madres, al centro
El 2 de abril pasado se conoció el fallecimiento de Teresa González Murillo, madre, buscadora y líder de comerciantes en Jalisco, tras sufrir un atentado por el que estuvo varios días hospitalizada. Luego, casi tres semanas después, la serie de mesas de trabajo en las que participó el MNDM concluyó el mismo día que se reportó el asesinato de María del Carmen Morales, madre buscadora en Jalisco, y uno de sus hijos.
No se habrá cumplido ni un mes de su fallecimiento cuando se desarrolle la marcha de este sábado. Por eso, una de las principales exigencias para quienes participan es que se garantice la seguridad de las mamás y las familias que buscan.
“Al final de cuentas, somos desde hace muchos años quienes hemos venido subsidiando, suplantando el trabajo que le corresponde al Estado, y lo vamos a seguir haciendo en la medida en que no estén en la capacidad de demostrar la eficacia de su trabajo. Entonces, por lo menos, si no van a hacer la chamba, que les garanticen protección en el acompañamiento”, dice Fernández.
El día que los papeles se inviertan –continúa– y sean las familias las que acompañen a las autoridades, quizá muchas regresarán a sus casas, pero en la medida en que sigan siendo quienes salen a buscar, quienes proveen la información y quienes ponen el trabajo y la vida, necesitan ver una respuesta por parte del Estado, para que lo hagan de la forma más segura posible. Esta inversión de los roles, además, ha resultado en que el Estado justifique su inacción para procesar fragmentos hallados.
“Si no se atiende una estrategia de Estado, con bases de datos que sean compatibles, que tengan una interconectividad en línea, que realmente no sean favores que se piden entre las fiscalías, sino que sea una herramienta de búsqueda e investigación, difícilmente vamos a poder regresarle el nombre a todos esos cuerpos o restos óseos que las familias han recuperado”, agrega.
“Están asesinando a nuestras compañeras”
“Están asesinando a nuestras compañeras, y a nosotras no se nos hace casualidad que justamente durante todas estas mesas de diálogo hayan asesinado a dos compañeras, y a su hijo (de una de ellas), que justamente estuvieron presentes en Teuchitlán. Creemos que es un mensaje directo, totalmente, pero el gobierno no cuenta con que el amor, las ganas de buscar, el amor y el dolor que nos hace salir al campo y a las búsquedas en vida, no lo paran las balas”, sostiene Palmeros.
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Recuerda que desde hace muchos años se han presentado las agresiones a familias buscadoras. Animal Político dio cuenta en febrero de 2024 de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que familiares y colectivos pidieron la intervención del organismo para exigir al Estado mexicano medidas de protección y seguridad para personas buscadoras ante amenazas y asesinatos.
De acuerdo con la organización Artículo 19, entre 2010 y marzo de 2025 se registraron 24 casos de asesinados y cuatro desapariciones, a los que se sumaron en el último mes el de Teresa y María del Carmen. “Vienen asesinando y queriendo ocultar la verdad, pero somos más de 127 mil familias que salimos a búsqueda todos los días a nivel nacional, y obviamente nos duele, nos lacera, la ausencia de nuestras compañeras, pero eso no nos va a detener”, advierte Palmeros.
El mensaje de las mamás para el Estado, subraya, es que no son enemigas en potencia. El Estado lo piensa porque se ha señalado la corrupción y colusión con el crimen organizado, y por ello las silencian, pero no es algo que las atemorice después de pasar por el dolor de la desaparición de sus familiares. ‘Jackie’, como le conocen sus compañeras, asegura que todavía está en la búsqueda de justicia, en otra lucha institucional de procesos penales desgastantes, y del resto del cuerpo de Monse.
“Es responsabilidad del Estado”
Otra crítica de las mamás este 10 de mayo es la insistencia del Estado en no aceptar que en México existen las desapariciones forzadas. Salieron a decirlo sin pensar, sostiene Grace Fernández. Cuestiona si el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, metería las manos al fuego por policías municipales de Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, o cualquier otra parte de la República.
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“A final de cuentas, creo que absolutamente nadie en este país se atrevería a hacer semejante aseveración. Entonces, si no es así, dicen en mi rancho: ‘a justificación no pedida, responsabilidad aceptada”, señala, pues nadie lo focalizó en esta administración en particular o en los últimos dos sexenios, si bien sí siguen ocurriendo desapariciones perpetradas por agentes del Estado.
En los primeros días de abril, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU dio a conocer que por primera vez en la historia iniciará un procedimiento contra México ante la posibilidad de que en el país se registren desapariciones de manera general o sistemática, descrito en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, lo que abre la posibilidad de dar intervención a la Asamblea General de Naciones Unidas.
“Nadie dijo que son ordenadas por la presidenta, que son ordenadas por el poder legislativo, nadie ha dicho eso. Se está diciendo, y creo que el comité (CED) fue muy claro cuando en el informe del 2021 hablaba de la responsabilidad de las autoridades y daban a entender que si ya se sabe quién, cómo, a quién, y para qué desaparecen a las personas, y no hay una estrategia para evitarlo, es responsabilidad del Estado; a estas alturas no pueden decir que no saben”, reclama Fernandez, particularmente cuando desde 2018 a la fecha se han registrado más de 50 mil desapariciones.
De manera reciente, la propia Fiscalía General de la República señaló la posible implicación de policías municipales de Tala en el traslado de personas al Rancho de Teuchitlán con fines de reclutamiento, mientras que apenas hace cinco días se dio a conocer la detención del presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, José Asunción Murguía Santiago, por su presunta relación con el centro de adiestramiento y exterminio.
Datos del proyecto Permiso para matar indican que entre 2006 y 2022 se documentaron al menos mil 524 casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad contra personas inocentes o indefensas, es decir, una persona fue víctima de agentes del Estado cada seis días a lo largo de 16 años.
El proyecto precisa que de 2006 a 2023, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ha registrado a 354 víctimas de desaparición forzada a manos de corporaciones policiacas o militares. A ello se añaden 72 víctimas cuyos familiares responsabilizan a autoridades, aunque no están clasificados oficialmente como desaparición forzada. Entre 2012 y 2022, la ENVIPE reportó más del doble que el registro nacional y por cada persona registrada, se estiman 2.8 que no lo están.
“Es un día de dolor”
La necesidad de un plan nacional de búsqueda en vida es otra de las peticiones importantes que deben estar presentes en la protesta de este 10 de mayo. “Si no buscas con perspectiva de vida, lamentablemente van a pasar varios años para que los puedas encontrar”, apunta Fernández. Además, destaca la importancia de no olvidar que tanto los organismos internacionales, como las organizaciones y las colectivas, lo que quieren es que el Estado funcione y haga el trabajo que le corresponde.
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Eso garantizaría –continúa– no solamente encontrar a las personas desaparecidas, sino que regresen a su nombre y su hogar quienes hayan perdido la vida, pero además, que haya una capacidad de prevenir que más personas sean desaparecidas. “Esto ni es agresión, ni es personal; es con la intención de ayudar y de aportar el conocimiento y la experiencia para construir procesos de búsqueda, verdad y justicia”, destaca.
Palmeros recuerda que esta fecha para las mamás que buscan y marchan este 10 de mayo, significa un día de lucha, no de celebración, y el dolor se acrecienta, sobre todo en los casos de larga data, en los que las madres ven la posibilidad cada vez más lejana de encontrar a sus hijos e hijas. “Hay casos que van de un año hasta más de 20 años, muchísimos casos, entonces ese día siempre he dicho que es un día de dolor, porque aún no puedo procesar cientos de madres, miles de madres, que caminan con el llanto en los ojos”, reclama.
Grace Fernández remarca que todos los días siguen desapareciendo personas y nadie está exento. Por muchos años, las madres y familias han dado la lucha, pese a que no es su responsabilidad y con frecuencia están solas. Pide a la sociedad que se interese, se involucre y entienda que este no es un tema de unos cuantos, sino un fenómeno amplio y complejo que, al mismo tiempo, está a la vuelta de la esquina y cualquier día puede tocar cualquier puerta. La lucha es también por quienes todavía no viven esa situación, recuerda.
“Yo les diría que intentarán, porque nunca lo van a lograr hacer, pensar qué harían en nuestros zapatos, qué sería o qué harían si ellas tuvieran un hijo o una hija desaparecido, hasta dónde llegarían por sus propios hijos. Si hacen ese ejercicio, se pueden responder muchas preguntas cuando somos criminalizadas y revictimizadas”, añade Palmeros. “Las madres no tendríamos por qué salir a marchar para exigir que busquen a nuestros hijos, absolutamente nadie tendría que estar en esta situación”.