Los derechos de una bebé abandonada, en riesgo por la justicia de Chihuahua

[contextly_sidebar id=”55c965c8c7f7b2158913d97efdc76289″]Clara Armendáriz parió a su hija en un auto mientras intentaba llegar a un hospital. Estaba sola y tomó la decisión de envolver a la pequeña en una toalla y abandonarla en el estacionamiento de la Iglesia de San Antonio de Padua en una tarde fría del 16 enero de 2013.

Tras recibir atención médica, la bebé fue entregada un día después al DIF Estatal en donde permaneció sin que se supiera quiénes eran sus padres; hasta que el 11 de febrero se convirtió en la protagonista de una disputa legal entre las autoridades locales y su familia, que hasta hoy continúa.

Ese día de febrero, Clara, a punto de cumplir 19 años, fue identificada por las autoridades como la responsable del abandono y procesada penalmente por los delitos de omisión de cuidado y violencia familiar.

La joven aceptó que tras mantener en secreto su embarazo, dejó a su bebé en el estacionamiento de la Iglesia cuando el termómetro de la capital estatal marcaba -5 grados centígrados. Dice que estaba “hundida en la tristeza” por la muerte de su madre un año atrás, el rechazo de su pareja y el miedo por conocer la reacción de su padre por haberse convertido en madre.

En cuanto comenzó un proceso penal en su contra, Clara hizo público su arrepentimiento e inició un juicio familiar para solicitar la custodia de la bebé. Entonces la joven chihuahuense pidió ver a su hija, pero las autoridades estatales le negaron el contacto, un juez interpuso una orden de restricción y le exigieron una prueba de ADN para comprobar su maternidad.

El derecho de la bebé a tener contacto con sus progenitores y a vivir en familia fue violentado por las autoridades del estado de Chihuahua con esa decisión, según el seguimiento que han hecho del caso el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) y la Red por los Derechos de la Infancia en México.

“Clara deja a la niña y asume que debe seguir un proceso legal por eso, entonces la procesan penalmente porque ella acepta que es la mamá del bebé. Pero cuando se trata de los derechos de la bebé, de convivir con su familia y estar cerca de sus progenitores, el DIF se lo niega”, explica en entrevista, Irma Villanueva, abogada del CEDEHM.

El interés superior de la infancia

Al ver que Clara no podría recuperar a la bebé, el abuelo materno solicitó la custodia y patria potestad, pero la respuesta del estado implicó una nueva violación al derecho de la menor para vivir en familia.

Don Raúl recibió una demanda civil del DIF por omisión de cuidado y violencia familiar por no saber que su hija estaba embarazada, no haber evitado el abandono de la bebé y por lo tanto, no darle los cuidados que necesitó desde su nacimiento.

Su equipo de abogados argumenta que debe ser absuelto porque su conducta no puso en peligro a la bebé y no pueden responsabilizarlo por las decisiones que tomó Clara mientras privan a la pequeña del “bienestar que garantiza crecer en un hogar”.

En este proceso, la bebé tampoco gozó del derecho a ser registrada con el nombre que sus padres eligieron o con sus apellidos, pues cuando la familia ya había solicitado su custodia en febrero, el DIF decidió registrarla con el nombre de “Antonia”, en alusión a la Iglesia en la que fue encontrada. Esa decisión, para los familiares, implica un “abuso de autoridad y una forma de discriminación porque se “estigmatiza” a la pequeña.

El nombre de la bebé fue sugerido por el gobernador de la entidad, César Duarte, quien el 17 de enero, días después de haberla encontrado, dijo a la prensa que la niña debería llevar el nombre del santo de la iglesia en la que fue abandonada.

“El estado de Chihuahua no está cumpliendo con el interés superior de la infancia porque se ha anulado la posibilidad de participación de Clara en lo elemental y del abuelo en su desarrollo. No se ha cuidado evitar la discriminación porque el trato que ha recibido el caso ha sido criminalizante, con estigmas y desde una visión moralista. Y se viola el principio de supervivencia y desarrollo porque nunca se puede comparar la vida en una institución con la vida en una familia y aquí la familia ha buscado por todos los medios estar con la menor”, dijo Juan Martín Pérez García, Director Ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

El DIF incluso inició el proceso para dar a la niña en adopción y buscarle un hogar sustituto, pero fue cuando su bisabuela materna, Elba Molinar Luján, se unió a la lucha para que la bebé creciera en familia y solicitó la custodia de la menor.

De 66 años, Elba Molinar logró la custodia temporal de la pequeña el pasado 15 de junio, pero sí en algún momento ella está imposibilitada para cuidarla o así lo considera el juez del caso, la menor deberá regresar al DIF.

La Red por los Derechos de la Infancia ve en este caso un “error en la percepción” de las autoridades estatales, pues el proceso está enfocado a “una mujer que no debe tener a su hija y no a una niña que está creciendo sin el derecho a vivir en familia”, lo que es violatorio a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por México.

Silvia Manuela Vázquez Lazcano, titular de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF en Chihuahua, se negó a dar una entrevista argumentando que fue “prevenida” por el juez quinto de lo familiar para abstenerse a hacer declaraciones a la prensa, con el fin de “salvaguardar el bienestar de la menor”.

Clara y Claudia Sofía

Las abogadas del Centro de Derechos de las Mujeres A.C. interpusieron y consiguieron un amparo para que Clara y su padre obtuvieran visitas supervisadas con la bebé.

Lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 16:00 horas, madre y abuelo se encuentran con la pequeña en las instalaciones de la Procuraduría del DIF.

“Desde que puedo ver a mi hija, aunque sea así con vigilancia, nunca he estado tan feliz en mi vida. Yo asumo las responsabilidades de mi acto y de verdad que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa que las autoridades crean conveniente para recuperar a mi hija. Si quieren usar mi caso como un ejemplo de lo que le puede pasar a otras jóvenes que se embarazan yo estoy dispuesta a compartir mi experiencia”, cuenta Clara, quien en febrero pasado, un mes después del nacimiento de su hija, cumplió los 19 años de edad.

En México, 18.4% del total de nacimientos de 2011 correspondieron a madres menores de 19 años, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Apenas el 11 de julio pasado, la Organización de las Naciones Unidas declaró como preocupante el nivel de embarazos entre adolescentes en el país.

Clara, estudiante de la Normal del Estado para la Licenciatura en Educación Primaria, está dispuesta a agotar todas las vías para recuperar a su hija y aunque sabe que no es una tarea fácil ser una madre joven, confía que saldrá adelante con el apoyo de su familia.

“Mi papá también terminó demandado por todo esto, pero él tampoco se da por vencido. Me dice que me apoya incondicionalmente y que me apoyará hasta que todo esto concluya. Siempre me pide que confiemos en que esto terminará bien y en que ella estará con nosotros”.

Una de las cosas que más preocupa a Clara es el nombre con el que el DIF registró a su hija, ella llama a la pequeña Claudia Sofía, pese a que el documento ante el registro civil diga otra cosa.

El nombre de Claudia lo eligió porque así se llamaba su mamá y Sofía porque siempre le gustó mucho. Se niega a acostumbrarse a decirle Antonia porque dice que es como aceptar que su hija “sea señalada ante la sociedad y que cuando crezca y vaya a la escuela la discriminen sólo por cómo se llama”.

Sobre la bebé, la familia coincide en que es una niña sana, alegre y despierta. Clara dice que lo que más le gusta de su hija es que se ríe mucho, le sujeta los dedos con fuerza y la observa con atención.

“La semana pasada la llevaron al pediatra y pesó 7 kilos 800 gramos, es una niña enorme, muy feliz y gracias a Dios muy sana. Sólo quiero que estemos juntas, que crezca con su familia y que esté bien. Tenemos meses esperándola y así seguiremos hasta que todo este termine”.