La PGR se niega a indemnizar a las indígenas que acusó de secuestrar policías

Después de enterarse de que la Procuraduría General de la República (PGR) apeló la decisión de un Tribunal de entregarle una indemnización para reparar el daño por la violación a sus derechos humanos, Alberta Alcántara se dice indignada, pero sobre todo, cansada de que esa instancia de gobierno no desista en señalarla a ella y a su compañera Teresa como responsables del delito de secuestro.

“Ya llevamos siete años luchando por nuestra inocencia y sí me duele que nos sigan señalando como culpables. En la Suprema Corte (de Justicia de la Nación) nos dieron nuestra libertad y dijeron que éramos inocentes, pero ellos (la PGR) insisten. Ya no quiero seguir en esto, es muy agotador, quiero que todo termine”, dijo la indígena otomí sobre el recurso que el 7 de febrero pasado la Procuraduría presentó para no acatar la orden del Tribunal que solicitó la indemnización a ambas.

[contextly_sidebar id=”61eec2542583fbcde1955f36645744e9″]Hace tres meses, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa condenó a la PGR a indemnizar a Alberta y a Teresa pues consideró que autoridades de esa instancia incurrieron en “actividad administrativa irregular” en 2006, cuando conformaron la averiguación previa por la supuesta participación de las dos mujeres en el secuestro de seis policías de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y por poseer droga, lo que derivó en el encarcelamiento de ambas por 3 años y ocho meses.

Tomando en cuenta que en abril de 2010 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el delito no existió —lo que permitió que fueran puestas en libertad—, el Tribunal ordenó que la PGR reconociera que las mujeres siempre fueron inocentes de los delitos imputados.

Sin embargo, la PGR —que en el recurso repite que las dos mujeres indígenas son responsables de un delito— se niega a cumplir la orden bajo tres argumentos principales.

Primero, que indemnizar a Alberta y a Teresa daría pie a que todas las personas acusadas y después declaradas inocentes fueran merecedoras de una compensación, lo que “repercutiría contra el patrimonio del Agente del Ministerio Público de la Federación”.

“Se crearía precedente de que el Estado mexicano tiene que indemnizar a toda persona que haya sido absuelta acusada de cometer o participar en un ilícito, lo cual es imposible en virtud de que no habría presupuesto que alcanzara para indemnizar a los miles de procesados que diariamente son absueltos por el poder judicial”, cita el documento que irá a un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México.

En segundo lugar, argumenta que la Procuraduría “no es el Estado mexicano”, encargado en todo caso de realizar la reparación del daño; y finalmente, que el responsable es el juez, por ser quien emite la orden de aprehensión, auto de formal prisión y sentencia condenatoria.

“Después de siete años de la violación a los derechos humanos de Alberta y Teresa, cuando se les imputa un delito que no cometieron, la PGR vuelve a criminalizarlas porque las señalan como responsables de delitos, pero además dicen que cómo cada vez que una persona sea absuelta tenga derecho a una indemnización (…) pero pues de eso se trata, de que cada vez que el Estado viole los derechos humanos de una persona ésta sea indemnizada”, dijo Luis Tapia Olivares, abogado del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

Otro de los abogados, Andrés Díaz, dijo que el recurso de la PGR además de no acatar la decisión del Tribunal, sigue sin reconocer la recomendación de julio de 2009 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que señala violaciones a los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica, así como a la procuración de justicia de Alberta, Teresa y de Jacinta Francisco Marcial, quien también fue aprehendida junto con ellas y cuyo caso se revisa actualmente en el Tribunal.

En conferencia de prensa, Teresa dijo que no puede creer lo que está haciendo la PGR y que seguirá en la lucha por la reparación del daño pero no sólo por ella y sus compañeras, sino “por tanta gente que está en la cárcel. En el tiempo que estuvimos encarceladas no fue una ni dos gente inocente que está pagando delitos que no cometieron”.

La decisión del Tribunal de noviembre de 2010 fue la primera vez que en México se ordenó una reparación del daño por fallas administrativas que conllevaron a violaciones de derechos humanos.

Daniel Zapico, representante de Amnistía Internacional, organización que nombró a las mujeres presas de conciencia, dijo este martes 25 de febrero que el caso es emblemático porque muestra cómo en México el acceso a la justicia para las personas indígenas es “realmente inexistente”.

“A pesar de sentencias como las de Teresa y Alberta autoridades mexicanas no abundan en cambiar, hubo una sentencia absolutoria, pero estas sentencias no han logrado cambiar la forma de actuar del estado mexicano. El recurso interpuesto por la PGR sigue señalando dudas sobre la responsabilidad del delito por parte de Teresa y Alberta a pesar de que quedó acreditada ante la SCJN que no hubo delito, que se fabricó, por lo tanto, no hay nada sobre lo que se generen dudas, pero la PGR sigue violentando los derechos de Alberta y de Teresa”.

La petición de la PGR con este recurso —firmado por el director general de Asuntos Jurídicos, Mario Miguel Ortega— es que se determine la invalidez de la resolución emitida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la única que ha ordenado una reparación por las violaciones cometidas en el proceso de las indígenas otomíes.