La lucha entre Grupo Clarín y el gobierno de Argentina

El gobierno de Argentina ganó el viernes una crucial batalla judicial contra su principal detractor de prensa, el Grupo Clarín, debido a que un juez declaró constitucional la ley contra monopolios en los medios expedida hace tres años.

El juez Horacio Alfonso ordenó  “el levantamiento inmediato de toda medida cautelar” dictada a favor del Grupo Clarín y la operación de éste en Cablevisión y otras filiales pertenecientes a una de las compañías más grandes y poderosas de medios en América Latina.

El juez concluyó que el propósito de la ley de medios “no es afectar la libertad de prensa y de expresión, sino antes bien, que se genere una multiplicidad de canales de comunicación audiovisual“.

Clarín, por su parte, apeló de inmediato el fallo y afirmó que a pesar de la orden del juez, continúa “plenamente vigente” la cautelar que concedió una corte superior que congeló las provisiones de desinversión contenidas en la ley de medios.

“El fallo desconoce flagrantes violaciones a los derechos constitucionales de libertad de expresión, igualdad ante la ley, legalidad, propiedad y libre competencia”, dijo Clarín en un comunicado.

Clarín y la presidenta Cristina Fernández han estado enfrascados durante años en una disputa por el dominio de la opinión pública en Argentina.

Fernández arguye que los monopolios en los medios son el mal mayor y ha aportado recursos al florecimiento de una red de periódicos y estaciones progubernamentales para desafiar el predominio de Clarín en el sector.

El Grupo Clarín describió como una “enorme peligrosidad” que el juez minimice los derechos de propiedad de los licenciatarios, lo cual da al gobierno la facultad de modificar o disponer de las licencias “simplemente por razones de ‘oportunidad’, ‘criterio’ y ‘apreciación’, avalando tácitamente una lisa y llana confiscación de aquellos medios no adictos al poder político”.

La ley emitida en 2009 fue ajustada en el Congreso para orientarla específicamente contra Clarín, la única compañía en conflicto con todas las provisiones principales antimonopolios de la normativa.

Con la Ley, Clarín podría verse obligado a vender sus licencias de transmisiones así como su participación mayoritaria en Cablevisión, la red que ha sido la fuente firme de ingresos de la empresa.

“Este fallo es sumamente importante”, dijo Martin Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, el organismo rector del sector, en declaraciones al canal C5N de Argentina.

“A partir de ahora se aplicará la ley integralmente, como tenía que haber sido el primer día”, agregó.

Antes de la aplicación de la más reciente medida cautelar, Sabbatella había dicho que si el Grupo Clarín no presentaba un plan de desinversiones para el 7 de diciembre, subastaría las licencias de la compañía que excedieran los límites de la normativa.

Clarín dijo que el fallo del juez que levanta toda medida cautelar dictada en el presente proceso infringe el procedimiento judicial. Señaló que una corte superior había aplazado el requisito de desinversión hasta que el sistema judicial falle en definitiva sobre las impugnaciones a la ley.

“Esta grave interpretación (el fallo del juez) deja a los medios audiovisuales directamente a merced de la voluntad de los gobiernos. Así, la libertad de expresión se convierte en algo meramente ilusorio, en una suerte de concesión estatal revocable para aquellos medios que no se adecuen al relato oficial”, apuntó.

Hoy, el Grupo Clarín emitió un  comunicado  en el que acusa quie el gobierno argentino “vuelve a desconocer la justicia”. Aquí lo reproducimos íntegro:
En la mañana de hoy, acompañado de un gran despliegue mediático, el titular de la AFSCA se hizo presente en la sede del Grupo Clarín para notificar el inicio de un proceso de oficio referido al artículo 161 de la ley de medios.

Tal como lo dejó manifestado el Grupo Clarín ante escribano público, la notificación del AFSCA es totalmente improcedente e ilegal, ya que vulnera abiertamente varias decisiones de la Justicia. Entre ellas, la suspensión de dicho articulo 161 dictada por la Cámara Federal hasta que haya sentencia definitiva; la apelación interpuesta en el día de la fecha contra la resolución del juez Alfonso -que suspende su decisión-; y finalmente el plazo de un año que establece la ley y que fue ratificado por la Justicia.

La notificación incumple además otro fallo de la Justicia en el caso Fibertel, que obliga a mantener la integridad e intangibilidad de su red.

Tratándose esta notificación de un posible caso de desobediencia judicial, previsto en el art. 239 del Código Penal, y que fue advertido expresamente además por el fallo de la Cámara Federal, el Grupo Clarín analiza realizar la correspondiente denuncia.

Finalmente, cabe destacar que el Grupo Clarín no se encuentra en situación de incumplimiento de la ley de medios, por lo cual es manifiestamente improcedente la aplicación del procedimiento de transferencia de oficio del artículo 161, cuando dicho artículo nunca estuvo vigente para el Grupo Clarín, con lo que mal pueden computarse plazos o procedimientos vencidos respecto del mismo. Sostener lo contrario es desobedecer abiertamente decisiones judiciales y no respetar la propia letra de la ley.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2012.

*Con información de AP y Clarín.