Rosario Carmona · 2 de marzo de 2011
A sus 10 años de edad, Mayra vivió una pesadilla.
El 2 de marzo del 2010, mientras estaba en clases, Mayra cometió el error de hablar con un compañero, su maestra, Dolores Servín, la castigó encerrándola en un salón hasta el día siguiente.
Durante 19 horas, la niña permaneció encerrada.
Hablar con un compañero del salón a la hora de clases, le costó a la niña, además, ser expulsada de la escuela Lázaro Cárdenas de Uruapan, Michoacán, junto con su hermano menor. Ambos pasaron 7 meses sin poder acudir a clases, ahora, van a otra escuela.
El caso es considerado “paradigmático” por las organizaciones civiles, por eso fue presentado al Comité de los Derechos de los Niños durante la visita del relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto del año pasado.
También fue analizado por las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos y por la Red para los Derechos de la Infancia.
El proceso penal que se abrió hace un año, rindió los primeros frutos el 18 de diciembre pasado cuando, un amparo Federal permitió que se ejercitara acción penal contra la maestra por el delito de “Abuso de Autoridad”. El delito no es considerado grave y tiene derecho a fianza, por lo que la maestra enfrenta el proceso en libertad.
Mayra y su familia no han recibido la disculpa pública, la reparación del daño y mucho menos el cumplimiento de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Castigo ejemplar
Mayra Vanessa, de 10 años estaba platicando con un compañero del salón, cuando la profesora María Dolores Servín Rodríguez daba clases.
Ante la falta que cometieron los alumnos, la maestra los castigó poniéndolos a asear el salón. Sin embargo, “al término del horario escolar, la maestra salió del salón dejándola encerrada con candado, en un salón de la segunda planta que únicamente se utiliza por la mañana, donde estuvo encerrada 19 horas, es decir desde el 2 de marzo a las 12:30 horas hasta las 7 de la mañana del día 3 de marzo, cuando el conserje realizaba la limpieza de la escuela Lázaro Cárdenas del Río en Uruapan, Michoacán y encontró a la menor”.
De acuerdo con el reporte “La violencia contra las niñas, niños y adolescentes en México”, emitido por la Red para los Derechos de la Infancia, el caso de Mayra revela los abusos escolares que llegan a ocurrir en el país y que se enfrentan con la obstrucción de la justicia.
Mientras Mayra permanecía encerrada, su familia vivió horas de angustia que parecían no terminar.
La mamá de Mayra, Alejandra Herrera, buscó a su hija en la escuela. Preguntó a otras niñas y buscó desesperada a su hija en las colonias cercanas. En la escuela no le permitieron el acceso a las instalaciones y le negaron que la niña estuviera dentro.
Pasadas algunas horas, notificó la desaparición ante la policía local, ahí se encontró con un nuevo obstáculo. Los agentes se limitaron a tomar los datos de la niña sin que se realizara ninguna búsqueda.
Por la noche, Alejandra buscó a la maestra en su casa. Sin dar ninguna respuesta, la profesora se negó a recibirla hasta el día siguiente.
El informe de la Red señala que “la mañana del 3 de marzo, la madre de Mayra acudió a la escuela en compañía de familiares a pedir una explicación a la maestra. El director, junto con la plantilla docente completa, el supervisor de zona y el sindicato (Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE) encubrieron a la maestra y la sacaron escondida en un vehículo”.
A partir de ese momento, los directivos de la escuela iniciaron una campaña de intimidación contra la niña y su mamá.
Mayra y su hermano Lenin tuvieron que dejar la escuela ante el incremento de las agresiones.
Justicia a modo
En el informe, elaborado el año pasado, se señala que la denuncia penal que se presentó se mantuvo sin resolución al menos durante 9 meses y cuando se emitió una sentencia fue desfavorable para la familia de Mayra por lo que tuvieron que recurrir a una solicitud de Amparo de la justicia Federal.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán investigó la agresión y confirmó el hecho, emitiendo una recomendación que incluyó el retorno a la comunidad escolar, de los dos niños, la regularización escolar, tratamiento psicológico, sanción a la maestra Dolores Servín y al director de la escuela por la violación de derechos realizada.
La recomendación continúa sin cumplimiento.
De acuerdo con el tercer Informe de la Comisión, en julio de 2010, entre los principales hechos violatorios sobre los que se han recibido quejas está el derecho a la educación que ocupa el lugar 8, después de la tortura con 67 quejas.
“La SEP es la tercera entre las autoridades señaladas como presuntas responsables de vulnerar los derechos humanos con 272 quejas emitidas en su contra y es la primera entre las autoridades que incumplen las recomendaciones emitidas”.
Mientras Mayra y su familia se han tenido que enfrentar al desprestigio en su comunidad, a las agresiones y las acusaciones públicas que se emitieron incluso mediante la colocación de mantas afuera de la escuela, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red, insistió en que se deben fincar responsabilidades contra los responsables de la violación de los derechos de la niña.
Además, dijo Pérez García, se debe aplicar el retiro de la escuela para la maestra y el director y la sanción para todos los involucrados.
Mayra y Lenin, señala, son dos claros ejemplos de niños que han sido víctimas de la violación de sus derechos y más aún, que han sido víctimas del maltrato y la falta de justicia.