Keren Ordoñez lucha por justicia tras pasar más de 9 años en prisión por un delito que no cometió

Keren Selsy Ordoñez Hernández pasó nueve años y cuatro meses en prisión por un delito que no cometió. A pesar de recuperar su libertad, su lucha aún no termina: el sistema de justicia mexicano no le reconoce el derecho a una reparación del daño y exige que se investigue la tortura de la que fue víctima.

Este martes, Keren, quien fue liberada el pasado 16 de abril, ofreció una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organismo que la ha acompañado legalmente a lo largo de este proceso.

Durante el evento, el abogado del Centro Prodh, Neftaly Pérez, explicó que la legislación mexicana no contempla la figura del “error judicial”, que permitiría a personas como Keren acceder a una indemnización por los abusos cometidos en su contra. 

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Sin embargo, existen dos investigaciones abiertas por violaciones graves a derechos humanos en el caso de Keren; la primera de ellas fue iniciada en 2017 en Tlaxcala por el delito de tortura, aunque a la fecha no hay avances significativos. 

La segunda investigación fue iniciada en 2022 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) también por el delito de tortura. Dentro de este expediente de queja, también se ha solicitado que se reconozca a la hija de Keren como una víctima, pues luego de la detención de su madre, fue trasladada a las instalaciones del DIF de Tlaxcala, lugar donde permaneció 12 días en malas condiciones.   

Keren declaró durante la conferencia que, desde el momento de su detención, solo se le permitió estar con su hija para alimentarla, y que en los intervalos en los que no se encontraba con ella, fue golpeada y obligada a escuchar el llanto de la niña como método de tortura. 

“Me arrebataron a mi hija, me subieron a un vehículo, me taparon la boca, empecé a sufrir golpes y la desesperación de no saber en donde se encontraba mi hija. Cuando se detuvo el auto, supe que fue en Xalapa, en una casa de arraigo, donde me torturaban escuchando a mi hija llorar… La tortura más que los golpes, fue la emocional”, relató. 

Entre las demandas de Keren y el Centro Prodh están seguir con las carpetas de investigación, esclarecer qué ha pasado con los elementos de la policía estatal y la entonces policía federal que participaron en la privación de su libertad, entre otras violaciones graves a los derechos humanos de Keren, además de exhortar a la Fiscalía General de Tlaxcala a reconocer los fallos que tuvieron con la menor de edad a la que separaron de su familia. 

“Fue una lucha muy constante, donde en ocasiones perdí la esperanza porque pasé por dos sentencias de 50 años, una confirmación de una sala penal, un amparo donde se me repuso, y fueron dos años muy largos para alcanzar nuevamente una sentencia para que fuera condenatoria”, explicó. 

Aunque Keren está feliz por haber obtenido una condena absolutoria, lamenta que nada de lo que el Estado pudiera ofrecerle para compensar el tiempo que fue privada de su libertad, sería suficiente para arreglar los años que estuvo ausente en su vida familiar y con su hija. 

Caso Keren Ordóñez: ¿por qué fue privada de su libertad?

El 11 de diciembre de 2015, cuando Keren tenía 19 años y se encontraba en recuperación tras la cesárea de su primera hija, fue detenida por hombres armados vestidos de civil. Los hombres llegaron en vehículos oficiales de la Procuraduría de Tlaxcala y de la extinta Policía Federal, y la interceptaron junto con su bebé de apenas un mes de nacida, a tan solo unas calles de su domicilio en Xalapa, Veracruz, sin presentar ninguna orden de aprehensión en su contra.

Esa noche, Keren salió para encontrarse con su expareja, quien la había citado en su domicilio con el pretexto de entregarle la manutención de la bebé. Mientras esperaba afuera, sujetos armados llegaron al lugar y detuvieron tanto a su expareja como a otra persona. Dentro del domicilio, los agentes liberaron a una mujer que se encontraba secuestrada.

En ese momento, los agentes le arrebataron a la bebé de los brazos y subieron a ambas a una patrulla. Durante el trayecto, Keren fue golpeada, asfixiada y amenazada con hacerle daño a su hija, e incluso con desaparecerla, si no firmaba una declaración fabricada.

En dicho documento, se le atribuía participación en el secuestro y se afirmaba que realizaba labores de cuidado y limpieza en el lugar donde permanecía la víctima, quien, hasta la fecha, nunca ha testificado en su contra.

Durante la detención, la hija de Keren fue trasladada al DIF de Tlaxcala sin notificar a ningún miembro de su familia. Su abuela, Ciria Hernández, la buscó durante días, y cuando finalmente logró dar con su paradero, la menor estaba a punto de ser dada en adopción.

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En 2024 recibió una sentenciada de 50 años de cárcel pese a que no había una sola prueba en su contra, que su detención tuvo múltiples irregularidades, su caso nunca fue juzgado con perspectiva de género y tampoco se tomaron en cuenta los actos de tortura ni las violaciones a sus derechos humanos que enfrentó.