Juez determina la no vinculación a defensora de mujeres indígenas, Kenia Hernández
Redacción Animal Político · 1 de julio de 2025
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, informó que el juez, Efraín Frausto Pérez, dictó un auto de no vinculación por sobreseimiento a la defensora de mujeres, pueblos indígenas y territorios, Kenia Hernández, tras no aceptar los términos jurídicos por los que se le acusa en Guanajuato.
En un comunicado del Centro, el juzgado analizó la interpretación jurídica sobre la ley vigente en el 2020 y sí se preveía como delito.
“¿Qué es interrumpir? Cortar, coartar, impedir que llegue (…) ¿Kenia interrumpió el tránsito en las vías de comunicación? La fiscalía dijo que ella y sus compañeros levantaron las plumas para que la gente pasara sin pagar o algunos dando alguna cooperación. Así que no interrumpió, sino que liberó. Y liberar es lo contrario a interrumpir. Kenia hizo un ejercicio de libertad”, indicó el comunicado.
En ese sentido, Rosario Díaz Ruiz, defensora del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), expuso que, no podría haber delito por no cumplirse “la taxatividad debido a que en el 2020 aún no se reformaba la ley que a partir del 2022 ya incluye el cobro en las casetas como un servicio”.
“En todo caso el perjuicio del cobro podría retribuirse por la vía administrativa, pero no así perseguirse por la vía penal porque entonces le estarían aplicando con efecto retroactivo la ley que reformaron hasta el 2022, después de sus protestas, cuando ella de hecho ya estaba en prisión”, señaló.
Después de que el pasado 6 de junio el Juez de Control en Guanajuato decidiera no vincular a Kenia Hernández, quedó abierta la posibilidad de que la Fiscalía inconforme con esa determinación, volviera a formular imputación contra Kenia por los mismos hechos que le fuera negada en ese momento.
“El efecto de esta determinación es importante debido a que la Fiscalía no puede acusar por algo que la ley no preveía como un delito», lo que significa un gran paso en el esclarecimiento de los hechos que han mantenido a Kenia encerrada por ya casi 5 años”, aclaró la defensora.
El órgano aseguró que el día de ayer, Kenia fue trasladada a Guanajuato para oír y defenderse de la acusación por el delito de ataques a las vías de comunicación al interrumpir los servicios que operan en las vías generales de comunicación.
“Hacemos un llamado al Poder Judicial a realizar una exacta aplicación de la ley y a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que acepte el acuerdo reparatorio integral que Kenia y las comunidades indígenas que representa siguen estando dispuestos a aceptar”.
Pide a Sheinbaum que revise casos de injusticia a indígenas
Kenia ha estado durante cinco años en la cárcel. La activista exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum voltear a ver no solo su caso, sino el de todas las mujeres que están injustamente en prisión, sobre todo los casos de las mujeres indígenas.
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“Porque no se vale, no es justo que, por hacer valer nuestros ideales, por defender el territorio, por defender el medioambiente, por defender la libertad, por defender la justicia, a mí me tengan aquí privada de mi libertad cuatro años sin ver a mis hijos, cuatro años sin que yo pueda abrazarlos todos los días”, dice con la voz entrecortada Kenia Hernández, en entrevista telefónica con Animal Político.
Caso de Kenia Hernández
Kenia Hernández, activista indígena amuzga, fue acusada de haber cometido en marzo de 2020 un robo con violencia en una caseta de cobro en Ecatepec, Estado de México. Sin embargo, un dictamen pericial del que este medio guarda copia establece que la activista el día de los hechos se encontraba a más de 600 kilómetros de distancia.
Desde octubre de 2019, Kenia comenzó a realizar toma de casetas en diferentes estados como medida de protesta ante la desaparición y el asesinato de activistas, así como ante el encarcelamiento de otros defensores de derechos humanos. Pero, a raíz de este activismo, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) la han acusado de cometer robos con violencia y ataques a las vías públicas. De tales acusaciones surgieron ocho procesos penales en su contra, su detención el 18 de octubre de 2020 y su posterior traslado a un penal de máxima seguridad en Morelos.
De esos procesos legales, cuatro continúan vigentes y uno ya resultó en una sentencia de 10 años de cárcel por otro presunto robo con violencia en una caseta de Toluca, en febrero de 2020.
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A pesar de esta sentencia, tanto la activista como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva su defensa legal, sostienen que las acusaciones fueron “fabricadas”, como parte de una campaña de “hostigamiento judicial” para cortar de raíz las protestas en las casetas de cobro. Y un ejemplo de esto, exponen, es la causa penal que le iniciaron por un presunto robo en Ecatepec, aun cuando un dictamen en geolocalización establece que se hallaba a cientos de kilómetros del lugar.