Usa su experiencia como juez federal y promueve amparos contra contaminación en Tijuana
Cecilia Franco · 19 de octubre de 2026
Tijuana.- Ante los problemas que considera injustos y que afectan derechos colectivos, como la contaminación del agua y la falta de prevención ante los riesgos de salud, el ciudadano José Rivas González, recurrió a los tribunales federales mediante dos juicios de amparo y anunció que prepara un tercero para exigir medidas de protección civil en Tijuana.
José Rivas González, quien aprovechó su conocimiento como juez federal por 20 años, dijo que uno de los procedimientos, identificado como amparo 307/2025, busca que las autoridades intervengan ante la contaminación de las playas por descargas de aguas residuales. El segundo, con expediente, el 532/2026-D, se enfoca en el saneamiento del Río Tijuana y la actuación de las dependencias responsables de vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental.
El caso del Río Tijuana obtuvo a favor una suspensión definitiva del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Baja California, que ordena a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) adoptar medidas dentro de sus atribuciones para la inspección, vigilancia, saneamiento y restauración ecológica del cauce, mientras se resuelve el fondo del juicio.
“Conagua es la encargada de vigilar y salvaguardar los ríos o los cauces de los ríos, y Profepa debe vigilar que no se contaminen”, explicó Rivas González al referirse a las obligaciones de las autoridades federales.
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Promueve amparo y multan a CESPT
El amparo 307/2025 resultó en multas a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) por diversas irregularidades. Ocurren en un contexto de sanciones administrativas contra organismos operadores de agua por incumplimientos relacionados con el tratamiento y las descargas de aguas residuales.
En agosto de 2026, el delegado de Profepa en Baja California, Alfonso Blancafort, informó que la dependencia impuso multas por varios millones de pesos a las comisiones estatales de servicios públicos de Tijuana y Ensenada por descargas de aguas residuales y por operar sin las autorizaciones ambientales correspondientes.
Los antecedentes de la CESPT también incluyen sanciones relacionadas con el funcionamiento de sus plantas de tratamiento. En 2021, el Gobierno estatal reconoció que el organismo había pagado alrededor de 30 millones de pesos por multas, en 2020, por las deficiencias en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales.
En el caso más reciente, Rivas González, señaló que la Profepa clausuró una planta de tratamiento vinculada a la CESPT, identificada como Natura, por presuntas irregularidades relacionadas con los permisos para las descargas.
La inspección de esa instalación, personal de Profepa realizó una visita a la planta el 20 de agosto de 2026, en la que se reportaron incumplimientos de la normatividad ambiental. Sin embargo, el alcance exacto de la clausura y las medidas administrativas aplicadas deberán precisarse con la resolución oficial correspondiente.
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Busca amparo por falta de prevención
Además de los litigios ambientales, Rivas González adelantó que presentará un tercer amparo para exigir a las autoridades municipales y estatales medidas de protección civil ante los riesgos que enfrenta la población.
El ciudadano señaló que las lluvias recientes evidenciaron, a su juicio, deficiencias en la preparación institucional para prevenir y atender emergencias. Entre los asuntos que pretende llevar ante la justicia está la permanencia de asentamientos irregulares en zonas de riesgo, particularmente una ocupación ubicada sobre el cauce del Río Tijuana, a la altura de Monte de los Olivos. Este viernes, autoridades municipales y estatales, con apoyo de fuerzas federales, retiraron a 60 familiares debido a un incendio en la zona y al peligro que corrían ante una crecida de agua en la canalización.
“Esto derivado del fenómeno del Niño que se avecina y que realmente las autoridades con estas aguas que pasaron o estas lluvias de fin de semana, se demuestra que realmente no están preparadas. Además, el atlas de riesgo que data de 2024 no está actualizado. Entonces, es una obligación por parte de las autoridades tanto a nivel municipal y el y el gobierno estatal.” dijo Rivas González.
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Consideró necesario esclarecer qué autoridades permitieron esos asentamientos, desde cuándo existen y qué acciones se han tomado para evitar que las familias queden expuestas a inundaciones u otras contingencias.
El planteamiento busca que las dependencias responsables adopten medidas preventivas antes de que ocurran nuevas emergencias, en lugar de limitar su intervención a la atención de los daños.
Los juicios de amparo promovidos por Rivas González colocan bajo revisión judicial las obligaciones de las autoridades en materia ambiental. El resultado de los procedimientos determinará los alcances de las medidas exigibles a cada dependencia, mientras el tercer recurso anunciado buscaría llevar a los tribunales las obligaciones de prevención y protección civil.