Redacción Animal Político · 28 de abril de 2026
Sóchil Martin y Sharim Guzmán, víctimas y sobrevivientes de la Iglesia de La Luz del Mundo (LLDM), lograron que el juez de control Juan José Rodríguez Velarde revocara la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar el caso, obligándola así a continuar con las investigaciones por delincuencia organizada y otros delitos cometidos por sus líderes.
En un comunicado difundido este martes en redes sociales, las víctimas sostuvieron que la resolución se obtuvo pese a que la FGR intentó sostener el cierre de la indagatoria durante la audiencia.

Martin y Guzmán explicaron que el 17 de diciembre de 2025 la FGR había dado por concluida la investigación abierta desde 2019 contra diversos dirigentes de LLDM, a quienes se les acusa de integrar una organización delictiva dedicada al tráfico de menores, producción de pornografía infantil, abuso sexual y lavado de dinero.
Las víctimas impugnaron aquella determinación por considerar que dejaba en la impunidad a los responsables y desconocía múltiples pruebas aportadas por sobrevivientes y testigos.
Recordaron que el cierre de la investigación generó un escándalo público por las implicaciones de impunidad para una red que, según su denuncia, continúa operando en México. Tras ello, señalaron que la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la FGR, Ernestina Godoy, se comprometieron públicamente a reabrir y agotar la investigación.
Sin embargo, según el comunicado, durante la audiencia celebrada este lunes la representación ministerial “se dedicó a defender el carpetazo y a solicitar que el juez de control lo avalara”.
Pese a ello, las denunciantes y sus asesores jurídicos informaron que el juez Juan José Rodríguez Velarde, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, Jalisco, revocó el no ejercicio de la acción penal decretado por la FGR y ordenó reabrir la indagatoria.
Ante esta resolución, las víctimas consideraron que “le da una nueva oportunidad a las víctimas para buscar justicia en México en contra de la secta político-criminal de Naasón Joaquín García”.
Otro de los factores que el juez tomó en cuenta, según la asesoría jurídica de las víctimas, fue la falta de cooperación entre autoridades mexicanas y estadounidenses para la persecución penal del caso en México.
Los denunciantes afirmaron que la FGR no proporcionó información solicitada por el consulado de Estados Unidos, además de omitir la activación de mecanismos internacionales para obtener documentos reunidos por autoridades de ese país, los mismos que derivaron en la condena de Naasón Joaquín García a 16 años y ocho meses de prisión.

El pasado14 de abril se dio a conocer que la FGR decidió no ejercer acción penal en la denuncia interpuesta contra Naasón Joaquín, así como a diversos líderes religiosos y actores políticos acusados de formar una red dedicada a trata de personas, delitos sexuales y lavado de dinero.
El no ejercicio fue autorizado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC), lo que motivó la impugnación de Martin y Guzmán.
En aquella ocasión, las víctimas señalaron que la fiscalía concluyó que los hechos denunciados no encuadraban en los tipos penales de trata ni delincuencia organizada. También afirmaron que conocieron la resolución al revisar el expediente, y no mediante una comunicación formal e integral por parte de la autoridad. “No puedes decir que no hay delito y al mismo tiempo admitir que sí hay hechos que podrían serlo”, declaró entonces Ada Camarena, creadora de contenido y exintegrante de LLDM.
En Estados Unidos, los testimonios de Martin y Guzmán fueron clave para que Naasón Joaquín se declarara culpable y recibiera una condena de 16 años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de menores de edad.
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El 17 de abril, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que, si bien LLDM mantiene su registro vigente como asociación religiosa, Naasón Joaquín tiene suspendidos sus derechos como ministro de culto en México debido a su sentencia en California.
Asimismo, recordó que el líder religioso enfrenta otro proceso en Estados Unidos, luego de que el 23 de septiembre de 2025 se declarara no culpable en una corte federal de Nueva York de cargos por conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil.
Tras la orden de reabrir la investigación en México, las denunciantes anunciaron que impulsarán una indagatoria a fondo contra todos los integrantes de la red que, afirman, opera bajo la estructura de LLDM. También promoverán la cooperación binacional para que el caso “no quede en la impunidad”.