8 años después, Ixtacamaxtitlán, Puebla, logra el fin de la minería en su territorio

Después de ocho años de batalla legal y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la región de Ixtacamaxtitlán, al norte de Puebla, logró formalmente liberarse de las concesiones mineras que amenazaban con impactar su territorio y la salud de sus habitantes.

El pasado 12 de abril, un juzgado —acatando una sentencia de la Corte— declaró que las concesiones mineras otorgadas a Almaden Minerals han sido canceladas, y sin posibilidad de volver a otorgarlas en este territorio.

Esto marcó un cierre para la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi, quien había interpuesto amparos contra la concesión que buscaba extraer oro y plata de su territorio.

Junto con la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida, el Consejo Tiyat Tlali y la organización Fundar llevaron el caso a la Suprema Corte, argumentando la violación a los derechos de los pueblos indígenas, y obteniendo un fallo histórico en febrero de 2022 que invalidó las concesiones mineras.

“Exigimos a Minera Gorrión retirarse de forma inmediata del municipio de Ixtacamaxtitlán y abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad dentro del territorio, y solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las instancias correspondientes, vigilar y sancionar cualquier actividad ilegal por parte de Minera Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán”, señalaron en un comunicado para despedir a las mineras.

Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali, explica que una evaluación de impacto sociales y ambiental en Ixtacamaxtitlán fue determinante para desterrar a la actividad minera de la región.

“Sí hubo actividad minera en esta zona, pero solo en una fase de exploración. Al hacer perforaciones, desviaron ríos, modificaron cauces, hubo personas que quedaron sin manantiales”, explica sobre impactos que pudieron probarse en las evaluaciones.

También advirtieron la llegada de enfermedades venéreas, aumento de criminalidad, violencia, deterioro de la salud por la cercanía de los poblados a los proyectos de minas, deterioro del ambiente, así como la contaminación del aire, a los alimentos, plantas y tierras de cultivo.

Incluso se tomó en cuenta el impacto espiritual, pues con el proyecto, por ejemplo, las comunidades no podrían hacer la peregrinación con el Señor de la Cañita hacia el cerro, a quien le piden que llueva.

Se trata de una peregrinación que se realiza hace más de un siglo ya la cual no se hubiera podido ingresar por ser propiedad privada de la empresa y el lugar de explotación de recursos.

“Se advierte que la problemática en Ixtacamaxtitlán no solo recae en la potencial pérdida de identidad, prácticas campesinas basadas en el aprovechamiento y conservación de los suelos forestales y memoria colectiva que la nueva dinámica minera promoverá y que se requiere analizar en un panorama más amplio y a largo plazo”, sostuvo en su momento el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Afectaciones al Río Apulco en Ixtacamaxtitlán

El proyecto minero también demandaba más de 5 millones de litros de agua diarios en la comunidad indígena que padece sequías severas.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) concluyó que la construcción de presas disminuiría la presión y limitaría la disponibilidad de agua para las localidades y en general de las actividades de la zona.

A la negativa también se sumó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) tras advertir concentraciones de arsénico que superan los valores internacionales que podrían dispersarse por viento y lluvia, así como la contaminación de la tierra, ríos y mantos acuíferos.

De acuerdo con Sol Pérez Jiménez, investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, las concesiones afectaban una superficie de más de 14 mil hectáreas en la parte alta de la cuenca del Río Apulco, impactando a más de 70 mil campesinos y campesinas de la cuenca, a lo largo de 350 kilómetros.

Tras la notificación hecha esta semana, los colectivos han llamado a la Secretaría de Economía a respetar los resultados de las evaluaciones de impacto social y ambiental para no volver a a otorgar concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán.